De los casos de corrupción importantes, en términos cuantitativos y cualitativos, los investigadores analizaron los de los últimos seis años. Imagen por Images_of_Money
Los datos de corrupción objetiva en España son elevados en el ámbito político, pero no en el ámbito administrativo funcionarial, según un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos. Sin embargo, la percepción de los españoles respecto a la realidad es muy elevada.
Investigadores españoles han participado en el proyecto europeo ATLAS que analiza el papel de la Unión Europea en la promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante y después de los conflictos armados.
Nuestras cárceles están al 140 por ciento de su capacidad. Esto nos sitúa entre los primeros países europeos, tan solo superados por Chipre e Italia, según un informe del Observatorio de la Delincuencia.
Un estudio pone de manifiesto cómo las mujeres conseguían burlar las normas jurídicas que las excluían de las actividades que tuvieran que ver con la banca y el cambio.
En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, considerado el documento base de la dignidad humana, seguido de diversos tratados específicos. Muchas de las vulneraciones a estos derechos se producen por parte de los propios Estados que han suscrito los acuerdos internacionales. Cambiar esta realidad no es tan sencillo. Susana Sanz, titular de la Cátedra Jean Monnet de la UCH-CEU, es una gran conocedora de la situación de los derechos humanos en el mundo y el papel que desempeñan los organismos internacionales. Su ámbito de investigación se centra principalmente en la protección de grupos vulnerables, y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. La repercusión de la crisis económica en las familias europeas o las prácticas culturales discriminatorias hacia la mujer son algunos de los temas de actualidad por los que le preguntamos.
La fórmula del consorcio metropolitano ofrece una alternativa al área metropolitana por su voluntariedad, su flexibilidad, así como por la posibilidad de integrar a todas las administraciones públicas con intereses en el territorio. Esta es una de las conclusiones que se extraen de “Los consorcios metropolitanos”, la última publicación de Francisco Toscano Gil, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, editada de manera conjunta por la Fundación Democracia y Gobierno Local y por el Instituto Andaluz de Administración Pública.
