La percepción de la corrupción en España está por encima de la media europea

Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han analizado cómo se percibe la corrupción en España. Según ellos, el “fenómeno de eco” es fundamental para conocer el origen de la corrupción porque produce actitudes sociales favorables al incumplimiento de los deberes cívicos.

“Los ciudadanos actuamos no solo en función de nuestros intereses, dogmas e ideas, sino también en función de cómo creemos que los demás actúan. Si percibimos que nadie cumple la ley tenemos incentivos para no cumplirla. Se genera un problema de acción colectiva”, explica a SINC Manuel Villoria, investigador de la URJC y autor principal del estudio que publica la Revista Española de Investigaciones Sociológicas.

Para hacer la investigación analizaron estadísticas y sumarios judiciales, noticias de medios de comunicación y datos de diversas fuentes como el Barómetro Global de Corrupción, los Índices de Percepción de Corrupción en Europa, los Eurobarómetros, encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y otras de elaboración propia.

“La clave fundamental de este estudio es intentar demostrar que los datos objetivos son muy difíciles de obtener. En la mayoría de las ocasiones, muestran más la calidad del sistema judicial que la realidad de la corrupción objetiva”, asegura Villoria.

Los datos demuestran que la corrupción objetiva en España es elevada en el ámbito político, pero no en el ámbito administrativo funcionarial. “Probablemente si el sistema funcionase mejor habría muchos más casos de este tipo”, apunta el investigador, que defiende la idea de que existen problemas evidentes de detección e investigación.

Las escalas de victimización, como el Barómetro Global de la Corrupción, de la organización Transparency International, demuestran que la evolución del porcentaje de españoles que reconocieron haber pagado un soborno en el ámbito de la administración está entre un 2% y un 5% entre los años 2004 y 2010, y de un 3% al 6% en el área urbanística. “Datos que no son muy coherentes con la percepción de corrupción en España, que es mucho mayor, lo que apunta a la idea de un cierto componente cultural en las respuestas, vinculado a la desafección institucional”, asegura el estudio.

De los casos de corrupción importantes, en términos cuantitativos y cualitativos, los investigadores analizaron los de los últimos seis años. “Lo que se observa es que la intervención funcionarial es muy minoritaria”, subrayan. Las causas abiertas por delitos contra la Administración Pública que pueden relacionarse claramente con corrupción y que llegaron o llegarán a juicio oral no superan las 400 en estos seis años.

En todo caso, la distancia entre percepción sobre la corrupción de la clase política en España y los datos objetivos ofrece ejemplos aún más extremos. En la encuesta 2826 del CIS, ante la pregunta “Me gustaría que me dijera si cree que la corrupción está muy extendida, bastante, poco o nada extendida en/entre los políticos”, el 79% de los encuestados creía que estaba muy o bastante extendida, y solo un 6,5% creía que lo estaba poco o nada.

Estos datos empeoran los de la encuesta 2671, de 2007, en la que el 51,9% de los encuestados consideraba que bastantes o casi todos los políticos estaban implicados en cuestiones de corrupción. Aunque son moderados comparados con los datos del barómetro del CIS de junio de 2011 (Estudio 2905), donde la cifra de “muy o bastante extendida” sube al 86,6%.

La corrupción local supera a la nacional

Por otro lado, las instituciones nacionales son consideradas las más corruptas en la mayoría de los países de la UE, según los Eurobarómetros de 2005 y 2009, puntuación que se reproduce en las encuestas de 2009 y 2020 del CIS para España.

Sin embargo, otro estudio publicado recientemente en el Environment and Planning C: Government and Policy en el que ha participado Villoria, y que analiza las causas del modelo inmobiliario español y sus consecuencias territoriales, sociales y políticas manifiesta lo contrario.

La principal conclusión de este estudio es que la excesiva dependencia de la actividad económica y el empleo en el sector de la construcción de viviendas ha generado corrupción política sobre todo a nivel local y regional. “Prácticamente en casi todos los casos más relevantes de corrupción de los últimos años existe una vinculación con la corrupción vinculada al urbanismo”, señalan los expertos.

Esto se explica por las competencias en esta materia, que son fundamentalmente autonómicas y locales. Además, corrobora que la corrupción vinculada con la burbuja inmobiliaria es la principal causa de delitos políticos en España.

“Este largo proceso ha dado lugar a la corrupción en la planificación urbana y un aumento en las decisiones políticas de baja calidad, perjudicando enormemente la reputación de nuestro país”, concluyen.