Chile estaba preparado para albergar la cumbre del clima y mostrar al mundo el desarrollo de su economía verde, pero el estallido de las protestas sociales ha hecho patente una realidad socioambiental que dista de ser sostenible.
Sequía extrema, inundaciones, lluvias torrenciales… Chile, como otros países latinoamericanos, no se libra del impacto del cambio climático. El país concatena once años seguidos de estrés hídrico, sobre todo en la zona central, un fenómeno que ya advirtieron los informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Las previsiones sobre la ausencia de precipitaciones no fallaron y la desertificación se ha repetido año tras año durante la última década en una zona que abarca más de mil kilómetros de norte a sur. “Este año el fenómeno se ha observado incluso antes. Las precipitaciones en Santiago de Chile tienen un 80 % de déficit respecto a un año normal, que es de unos 300 mm de lluvia acumulada. Ahora tenemos 70 mm”, asegura a Sinc Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global UC en Chile.
La denominada megasequía es el evento más largo registrado y “abarca un área amplia, con efectos perjudiciales sobre la disponibilidad de agua, la vegetación y los incendios forestales, que se han convertido en impactos sociales y económicos”, aclaran investigadores de la Universidad de Chile y de Concepción en un estudio publicado este año.
Los expertos han encontrado una explicación en las anomalías atmosféricas provocadas por el aumento de temperaturas y anticipan solo una recuperación parcial de las precipitaciones en el centro de Chile en las próximas décadas.
El cambio climático no hace más que exacerbar una situación ya de por sí delicada. Sin duda, “la sequía es el efecto más evidente y complejo”, dice Vicuña. Pero no es el único.
En el norte del país hay precipitaciones intensas que afectan al altiplano andino y otras zonas que normalmente son hiperáridas, como el desierto de Atacama. Otro problema es la lluvia con altas temperaturas, que genera inundaciones y aluviones. “En cuencas que tienen nieve, cuando llueve a alta temperatura la nieve no se forma y eso genera un caudal más grande de lo normal”, especifica Vicuña.
El problema de la sequía en una zona donde residen unas 10 millones de personas se suma a una política hidraúlica que tiene implantada la privatización del agua a favor de las grandes industrias de extracción de recursos naturales, todas ellas contaminantes a su vez. Diferentes dueños para una misma cuenca: el resultado ha sido una gestión ambiental que no ha podido prevenir los desastres ambientales.
El derecho a un agua potable, junto al aumento de los precios del transporte, se ha convertido en uno de los principales motivos de las protestas que desde finales de octubre han sumado al país en una grave crisis social, política e institucional y que han dejado más de una veintena de muertos.
“La gestión ha llevado a un estado avanzado de deterioro a los ecosistemas dulceacuícolas que pone en riesgo a la población humana y la práctica de actividades silvoagropecuarias de subsistencia, desgastando y finalmente desarticulando los tejidos sociales”, recalca a Sinc Pablo A. Marquet, profesor en el departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y uno de los autores del libro Cambio Global. Una mirada hacia Iberoamérica.
La nueva Constitución chilena, que será votada por referéndum el próximo año, incluye en sus artículos la gestión del agua, pero la situación política difícilmente modificará el problema de la sequía actual. “No la vamos a solucionar con un cambio en la ley. Hay que resolverlo viendo cómo llegar con el agua a los lugares donde hay problemas”, apunta Sebastián Vicuña.
La gestión privada ha fomentado un uso y una distribución desigual del agua. “Hay quienes tienen mejores capacidades para poder usarla. No es simplemente en el término de los derechos, sino en las infraestructuras y pozos que son más profundos, y ahí exigiría que en las cuencas exista un nivel de solidaridad que es el que estamos esperando todos a gran escala para que se resuelva el problema”, dice el chileno.
Pero la solución a la sequía llega tarde. “Una obra de infraestructura o un embalse ya no sirven ahora”, lamenta el investigador. Entre las opciones sobre la mesa están la recarga de acuíferos, el uso de aguas grises (usadas) y el desarrollo de plantas desalinizadoras, como plantea un trabajo publicado este mes.
Las zonas de sacrificio están rodeadas de fábricas e industrias contaminantes. / ©EFE/Alberto Valdés
La alternativa de la desalinización no solo proporciona agua adicional para aliviar la escasez, sino que también “constituye una estrategia que permite la reorganización de las fuentes de agua para permitir nuevas formas de acumulación de capital, tanto a través de la industria del agua como de las principales industrias que están amenazadas”, recogen en su artículo las investigadoras chilenas y británicas.
Sin embargo, todo requiere tiempo. “Y no lo hay”, subraya Vicuña, para quien las instituciones van a tener que dar la prioridad al consumo humano del agua.
Algunas de las áreas más afectadas tanto por la privatización del agua como por su escasez son las llamadas zonas de sacrificio, comunidades pobres y vulnerables que carecen de acceso al agua para consumo humano y que viven rodeadas de industrias contaminantes.
Estas zonas costeras, muchas de ellas situadas al norte de Santiago de Chile, concentran centrales termoeléctricas de carbón o, en algunos casos, plantas de fundiciones de cobre.
Estas industrias no han estado exentas de desastres ambientales en un país que emite una de las mayores cantidades de CO2 per cápita en Latinoamérica, con unas 4,7 toneladas por habitante, igual que el promedio mundial, según la Agencia Internacional de Energía. Sin embargo, a escala mundial, su contribución es de cerca del 0,25 % de las emisiones globales.
Desde el Gobierno se han impulsado en los últimos años medidas para contrarrestar la emisión de gases de efecto invernadero, como el desarrollo de energías renovables no convencionales, que tendrán cada vez más presencia gracias a la futura Ley Marco de Cambio Climático. Se espera que para el año 2025, el 20 % de las inyecciones para los contratos sujetos a la ley provenga de fuentes sostenibles como la eólica y la solar.
“Hemos liderado una transición energética hacia energías renovables y se están estudiando otras opciones que nos permitan potenciar la captura y reducir emisiones, como son las soluciones basadas en la naturaleza, asociadas a la reforestación del bosque nativo, restauración de humedales y bosques, y cambios profundos en la pesca, agricultura, ganadería y silvicultura”, explica Pablo A. Marquet.
Este liderazgo es lo que motivó al país a organizar la cumbre del clima (COP25), cuya celebración fue cancelada por el presidente Sebastián Piñera a raíz de los conflictos sociales y que finalmente se hará en Madrid. Chile ha pasado en pocos años de ser un “rezagado verde” a un líder regional de la lucha climática, según un trabajo que ha analizado los factores de este reciente desarrollo.
Chile también presume de ser pionero en el uso de instrumentos para la mitigación de gases de efecto invernadero, como la reforma tributaria aprobada en 2014. Fue el primer impuesto sobre las emisiones de CO2 procedentes de fuentes fijas para contrarrestar las externalidades ambientales.
Recientemente, el país anunció que alcanzará la neutralidad de emisiones de gases de carbono para 2050 junto al lanzamiento de la nueva Alianza de Ambición Climática que, bajo la presidencia de la cumbre del clima, promoverá la ambición de los países a reducir sus emisiones de CO2 y mejorar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs, por sus siglas en inglés).
Las prioridades de la futura ley irán encaminadas a afianzar este compromiso con la neutralidad de emisiones para 2050, así como “crear una institucionalidad que establece mecanismos y responsables y una serie de entidades como el Sistema Nacional de Inventarios de gases de efecto invernadero, de prospectiva y certificación que permitirán una monitorización mucho más fina del estado de cumplimiento de los compromisos del país en adaptación y mitigación”, comenta a Sinc Marquet.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de una clara voluntad de situarse a la vanguardia de la lucha climática, la paradoja socioambiental persiste. “Chile busca soluciones para el mundo cuando no ha resuelto sus problemas. Quiere mostrar que está a un nivel, pero aún no lo está. Se han logrado efectivamente muchos avances, pero hay muchos problemas por solucionar”, manifiesta el director del Centro de Cambio Global UC.
Vista panorámica de Santiago de Chile con altos niveles de contaminación. / ©EFE/Alberto Valdés
Entre ellos, el transporte –que representa más de un tercio de las emisiones de CO2 de todo el continente sudamericano– encabeza la lista de dificultades: el aumento de los precios de las tarifas del sistema público fue el punto de partida de la crisis social actual en Chile.
Además de ajustar el acceso a los servicios, la mejora de las infraestructuras va a ser clave para aumentar la ambición climática. “El primer problema es que es caro y se tiende a aumentar su coste, convirtiéndose en un punto crucial dentro de la demanda y la crisis”, dice Vicuña.
Propuestas no faltan: “Aumentar el parque de buses eléctricos en las ciudades y una penetración aún limitada de autos híbridos y eléctricos”, asegura Pablo A. Marquet. Pero el cambio se producirá de manera paulatina.
A este respeto, en un estudio publicado este verano, un equipo internacional de científicos ha tratado de entender por qué la adopción de tecnologías de autobuses limpios en América Latina y el Caribe es más lenta que en China, Europa y EE UU. El análisis, que se aplicó en Santiago de Chile, mostró que el gas natural comprimido no es una opción rentable para esta ciudad, mientras que “tanto los autobuses eléctricos híbridos como los eléctricos ya son una opción rentable para mitigar el cambio climático”, insisten los autores.
Pero para Vicuña el problema va más allá del transporte público: los coches son la principal fuente de emisiones. “Va a costar más transformarlo a un sistema de cero emisiones”, confiesa a Sinc en una conversación telefónica interrumpida por el ruido de la calle en la capital chilena.
Para incentivar el transporte público, por un lado, se aumentan los costes de los automóviles, pero el autobús sigue siendo caro. A esto se suman las complejidades urbanísticas de la mayor ciudad del país, Santiago.
“Está muy segregada; los barrios están claramente separados de las zonas de trabajo. Si se construyeran puestos de trabajo allí donde reside la mayor parte de la población conseguíamos una política win-win en este sentido”, propone Vicuña. Pero en su lugar, el Gobierno apuesta por autopistas urbanas para acercar zonas, una estrategia que en parte ha mejorado la calidad de vida de las personas, pero que al final incentiva aún más el uso del coche.
¿Cómo conseguirá Chile afrontar la crisis climática resolviendo los problemas sociales? Los científicos apuntan a la solidaridad. “La aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático y la reforma a la Constitución ofrecen una posibilidad concreta de crear un país que permita recomponer el tejido social y hacer frente a los desafíos de la emergencia climática, donde son esenciales acuerdos basados en la colaboración. Sociedades más justas y menos desiguales son más resilientes y crecen más”, zanja Marquet.
Las señales de desarrollo en Chile, un país de ingresos medios, son claras e innegables, pero sus expectativas han superado a las mejoras. El país “no ha podido vivir por encima de sus expectativas y ha quedado un poco atrapado en esa realidad. Lo sucedido en estas últimas semanas lo deja bien patente”, concluye Vicuña.
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