El riesgo existía y los científicos avisaron hasta seis meses antes. El 25 de abril de 1998 se produjo la mayor catástrofe ambiental de España: la ruptura de la balsa de la mina de pirita de Aznalcóllar que contaminó el corredor del río Guadiamar y llegó a las puertas del Parque Nacional de Doñana. Una década después del vertido, los niveles de contaminación son bajos gracias a los esfuerzos que, en su día, realizaron los investigadores, pero todavía no existen protocolos de actuación con asesoramiento científico para que las instituciones actúen en caso de crisis.
Han pasado diez años desde que en la madrugada de aquel fatídico día se vertieran seis millones de metros cúbicos de agua y lodos tóxicos de pirita procedentes de la mina de cobre sueco-canadiense Boliden Aprisa. El vertido contaminó 63 kilómetros de cauce de los ríos Agrio y Guadiamar y 4.634 hectáreas de terreno. Casi un centenar de científicos, seleccionados por su especialidad y disponibilidad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de diferentes universidades españolas, se auto-organizó para emitir a los cuatro días del desastre el primer informe del impacto.
“Los científicos dieron el do de pecho, fueron capaces de responder a un reto que les pedía la sociedad e hicieron bien su trabajo”, explica Fernando Hiraldo, actual director de la Estación Biológica de Doñana del CSIC. En la primera rueda de prensa se ofreció una opinión científica de la magnitud del accidente y, al mes de producirse el desastre, se nombró un Comité de Expertos con investigadores para asesorar en la crisis.
Transmitir los hechos a la sociedad y a los medios de comunicación, haciendo hincapié en su presencia en situaciones críticas, fue una de las tareas más importantes de los científicos. En este aspecto, Hiraldo se mantiene firme: “Los científicos deben responder a estas necesidades inmediatas de la sociedad”. La imagen de objetividad, veracidad y rigor que manifestaron fueron claves para tranquilizar a los ciudadanos afectados o preocupados por el problema. Además, contribuyó a dar unas “orientaciones rigurosas” para que las administraciones públicas pudieran actuar.
La ciencia, en el caso de Doñana, se mantuvo independiente del poder político y su cometido consistió en transmitir la verdad tal y como iba sucediendo. Sobre todo, “gracias a la valentía del entonces presidente del Consejo y del director de la Estación, que fueron los dos comunicadores oficiales”, apunta Hiraldo, para quien el papel de un investigador es “hacer ciencia y contarla”.
Aznalcóllar, una excepción
Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de Doñana en el momento de la catástrofe, señala además que los científicos no tuvieron ninguna traba a la hora de comunicar los datos del vertido. “El único condicionante para la comunicación fue ser todo lo constructivos posible y procurar no hacer declaraciones parciales”. Ferrer afirma que los científicos nunca tuvieron una presión para impedirles decir lo que tenían que decir. Una situación que hoy en día, y como pudo comprobarse con la catástrofe del Prestige en noviembre de 2002, no se ha vuelto a repetir.
Independientemente de las consecuencias que el vertido haya provocado en el medio ambiente, la pregunta de si se ha aprendido la lección tras el desastre sigue sin recibir una respuesta positiva. En lo que se refiere a la actividad científica, Miguel Ferrer se muestra pesimista y recalca que, en definitiva, Aznalcóllar fue más una excepción que un ejemplo. El hecho de que siga sin existir un procedimiento regulado con científicos como asesores en catástrofes naturales o ambientales es muy significativo.
“Con el Prestige quedó también muy claro qué pasaba cuando no había una clara fuente de información rigurosa e independiente”, apunta el ex director. No obstante, sí existía un protocolo “muy bueno”, elaborado por Joaquín Tintoré por encargo del CSIC, según explica Hiraldo, pero que, por razones que se le escapan, no se aplicó. “Estuve el primer día en el comité de coordinación pero dimití y me fui”, se justifica el director.
La primera decisión del Comité de Expertos del Plan de Medidas Urgentes fue construir muros para evitar la expansión del vertido al río Guadalquivir y a Doñana. Paralelamente, se paralizó la actividad minera para que no se escaparan los 20 millones de metros cúbicos que la balsa aún contenía. A pesar de los esfuerzos y la rapidez y agilidad con la que actuaron los científicos, el desastre no pudo evitarse. El 64% de la superficie afectada pertenecía a espacios protegidos del actual Espacio Natural de Doñana. Las labores de limpieza, que incluyeron el recorrido de 17 millones de kilómetros de 500 camiones, no pudieron impedir la muerte de millones de peces y daños colaterales a miles de plantas y animales.
La dramática situación augurada por los científicos de la Estación Biológica de Doñana no tuvo la respuesta esperada. Según Hiraldo, la ausencia de medidas para evitar y prevenir el desastre se debió “a la insuficiente fuerza y presencia social” que tuvieron los científicos para convencer a la sociedad. El director del instituto del CSIC cree que ahora, después de una década, “la ciencia tiene más peso en la sociedad”, pero “el matrimonio entre ciencia y sociedad en este país tiene todavía mucho que mejorar en las relaciones entre sus científicos y la sociedad, y es culpa de ambos”.
En el décimo aniversario del vertido, Fernando Hiraldo puede afirmar que en el CSIC hay “una especie de gabinete de crisis para responder a momentos como el que vivió Aznalcóllar”. Sin embargo, todavía existen proyectos mineros con riesgos que siguen valorando más los ingresos y los puestos de trabajo que se generan a corto plazo, que lo que le podría pasar al medio ambiente a largo plazo. “Después de la experiencia de Doñana, es a largo plazo que se deberían hacer las valoraciones”.
Contaminación baja en plantas y suelos
“Desde hace ya unos años, en lo que se refiere al río Guadiamar, la contaminación se ha normalizado, es decir que el nivel de metales pesados, que era lo que produjo la contaminación de la mina, está por debajo de lo que había antes de 1998, antes de la ruptura”. Así de optimista se muestra el director actual de la Estación Biológica de Doñana sobre la situación actual del terreno afectado hace diez años. En cuanto a Doñana, los censos que se han ido llevando a cabo y el control de la fauna “están no sólo bien, sino que la mayor parte de las especies que podían verse más afectadas han incrementado el tamaño de población”. Éstas han sido lo “suficientemente” fuertes para ser capaces de recuperarse en un tiempo relativamente breve.
Proyectos como el Corredor Verde del Guadiamar o Doñana 2005 han servido para rehabilitar las zonas más dañadas. A ello se añaden las investigaciones que están realizando científicos del CSIC para medir los niveles de contaminación en plantas y suelos, como es el caso de Maite Domínguez, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla.
La investigadora, que lleva cuatro años trabajando en su tesis sobre las consecuencias del vertido en cuanto a la contaminación del suelo para la cadena trófica y para la germinación, crecimiento y ecofisiología de especies leñosas (arbustos y árboles), subraya que “dentro de los niveles normales, las plantas no serían tóxicas para posibles herbívoros”. Aunque existen excepciones como el álamo y el sauce, que acumulan elementos tóxicos como el cadmio y el talio en sus hojas, la acumulación de contaminantes en las hojas es “muy baja”.
No obstante, los niveles de contaminación se disparan en los suelos en comparación con los valores normales, con el arsénico y el plomo, que son dos contaminantes persistentes. Según Domínguez, “los suelos van a estar contaminados durante mucho tiempo porque los elementos tóxicos se retienen mucho pero la suerte es que, al quedarse muy bien retenidos en el suelo, impide que puedan pasar a los acuíferos o a aguas superficiales y prácticamente no están disponibles para los seres vivos”.
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