Alrededor de medio millón de personas llegarán a la Unión Europea a lo largo de este año, procedentes de países en conflicto. Ante la actual presión migratoria, los estados europeos están adoptando políticas reactivas y no han sabido adoptar posiciones comunes suficientemente coherentes y con visión de futuro. Entre las diferentes medidas que urge tomar está afrontar las raíces del problema, consiguiendo acuerdos entre los estados que apoyan a las partes enfrentadas en los conflictos.
La situación de la presión migratoria sobre la Unión Europea en 2015 puede calificarse como significativamente diferente respecto a años anteriores; los flujos migratorios irregulares procedentes del Mediterráneo se han incrementado muy sustancialmente.
Si en 2014 ACNUR calculaba la llegada de 219.000 personas, a finales del pasado mes de agosto las llegadas superaban las 300.000, pudiendo llegar a 500.000 en todo el año, siendo Italia y, sobre todo, Grecia los países en los que se han concentrado los flujos irregulares, disparándose las solicitudes de asilo y refugio. Además, las previsiones para los próximos años no son halagüeñas en cuanto a la reducción de estos flujos, por motivos muy diferentes.
En primer término, se sitúa la disparidad de rentas entre los estados de la Unión Europea y sus estados vecinos e incluso más allá, de Asia y del África Subsahariana. A su vez y, en parte ligado con lo anterior, el crecimiento de la población, tanto en la actualidad como en el futuro. El sur de Asia y África son las zonas donde el incremento poblacional será sostenido, previéndose un incremento de sus flujos migratorios. Por el contrario, en Europa, Japón, Corea del Sur y China el envejecimiento de la población es muy o bastante acusado.
También está el fenómeno de las guerras, que inducen miles o millones de desplazamientos internos y hacia el exterior. El caso más cercano es el de Siria, con más de cuatro millones de refugiados en los estados limítrofes que, como en otros conflictos armados, acaban convirtiéndose en refugiados permanentes y tratan de dirigirse a otros estados. Además, hay que mencionar, mirando a los próximos años, las previsiones de ‘refugiados’ medioambientales.
De cara a hacer frente a este panorama la Unión Europea ha acabado adoptando políticas reactivas y no ha sabido adoptar unas posiciones comunes suficientemente coherentes y con visión de futuro, a pesar del incremento de los flujos migratorios irregulares y de las solicitudes de asilo y refugio.
El Programa Estocolmo, adoptado en 2010, por ejemplo, suprimía la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas de la UE en el extranjero. La agencia Frontex no tiene el mandato de salvamento y rescate, ni los medios para afrontar el flujo de estas migraciones irregulares. Las peticiones italianas de un mayor compromiso europeo y del reparto de una cuota de 40.000 emigrantes encontraron una respuesta decepcionante. El tratamiento de los flujos de emigrantes económicos tendrá que estudiarse con más detención.
Cooperación entre los estados
Una política de prevención para afrontar el problema tiene que tener en cuenta que la cuestión humanitaria, que es fundamental, ha de compaginarse con el respeto de las fronteras. Tampoco hay que olvidar que el sistema internacional es un sistema de estados y que la lucha contra las mafias –con ganancias supermillonarias– es una precondición para atajar este fenómeno. Además, hay que afrontar las raíces del problema, consiguiendo acuerdos entre los estados que apoyan a las partes enfrentadas en los conflictos.
También hay que fomentar la cooperación con los estados emisores y de tránsito, teniendo en cuenta que este es un asunto a medio-largo plazo y que un mayor nivel de educación en los países de origen fomentará mayores flujos migratorios, si no se producen importantes transformaciones económicas en estos estados.
Finalmente, la Unión Europea ha de unificar sus políticas y las condiciones de concesión de asilo y refugio, evitando los ‘efectos llamada’ de las últimas semanas, poniendo en cuestión el espacio Shengen, estableciendo un sistema de solidaridad, así como previniendo y preparando la acogida de refugiados, con controles de seguridad. Queda pendiente afrontar el reto de los emigrantes económicos y ‘refugiados’ medioambientales, más allá de cuotas y expulsiones.
Antonio Marquina Barrio es catedrático de Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y director del grupo de investigación UNISCI.