Dentro y fuera de los muros de la COP25, la ambición ha dejado paso a una cierta tirantez, no solo con las organizaciones sociales y civiles, sino también entre países. Así, los que integran la UE impulsan la transición hacia una economía sostenible, mientras que los países emergentes se escudan en no avanzar. A un día de concluir la conferencia en Madrid, las negociaciones se encuentran en stand by.
En una jornada marcada por la transición justa, donde en la COP25 se han realizado diversos actos para promover empleos verdes o el compromiso de las empresas con la presencia de Nadia Calviño, ministra en funciones de Economía y Empresa, las negociaciones para terminar de implementar el Acuerdo de París a partir de 2020 han seguido su curso y han alcanzado cierto estancamiento en su recta final.
Los países que más fomentan la ambición para reducir las emisiones de efecto invernadero, como la Unión Europea que lanzó ayer su acuerdo verde, se enfrentan a los que quieren esperar más allá de 2020, en concreto a 2023 como indica el Acuerdo de París, para mejorar sus planes de acción climática y ver qué se ha hecho hasta ahora.
“Estos pretenden que nos quedemos en la letra pequeña del paso a paso, repitiendo exclusivamente lo que se dijo en París hace cuatro años. Eso explica por qué algunos grupos de negociación están todavía en un stand by propio de estos últimos días donde las dos visiones se ven con mucha claridad: quien quiere ir más deprisa y quien quiere escudarse en lo que hasta ahora ha sido insuficiente para no seguir avanzando”, ha declarado esta tarde a los medios de comunicación Teresa Ribera, ministra en funciones para la Transición Ecológica.
Pero para la ministra, que es facilitadora de uno de los grupos que revisan que los tres tratados –la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, que llega a su fin, y el Acuerdo de París– se alineen, explica que la llamada de la ciencia es sumamente clara.
“Vemos cómo los esfuerzos en reducción de emisiones hay que multiplicarlos todavía por varios dígitos y el tiempo útil del que disponemos para evitar un cambio climático catastrófico está acotado a los próximos diez años”, ha manifestado en la COP25. La ambición debe enmarcarse con las demandas de la ciencia.
Y es en este punto donde se está insistiendo más sobre el papel de la ciencia. Mientras una parte de países, liderada por Europa, aceptan la inversión, por ejemplo, en una mayor observación de la Tierra y el clima y pretenden guiar las acciones políticas por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), otros muestras ciertas reticencias. “Pero la tarea de la COP25 es mostrar una visión de conjunto”, dicen fuentes de la negociación.
“En 2020 se inicia el nuevo ciclo en el Acuerdo de París donde debemos revisar al alza nuestros compromisos y tenemos que ordenar cómo se va a hacer esto con arreglo a la ciencia. Hay muchas partes que dicen que eso no es suficiente, que tenemos que avanzar más deprisa, que tenemos que tener más ambición, que debemos reforzar el papel de la ciencia en todos los frentes incluido el uso de la tierra, la seguridad alimentaria o el papel de los océanos, la criosfera y el agua”, ha indicado la ministra.
La ministra en funciones de Economía y Empresa, Nadia Calviño, junto a Yannick Glemarec, director ejecutivo del Fondo Verde para el Clima en el acto de firma hoy en la COP25 de la contribución española al Fondo Verde. / Álvaro Muñoz Guzmán (SINC)
Además de la tensión entre estos dos grupos de países, otra de las cuestiones más delicadas es el referente a los mecanismos de regulación de los mercados de carbono (artículo 6 del acuerdo). Este punto permite garantizar la integridad ambiental y evitar las dobles contabilidades en países como China, India o Brasil, que pretende usar créditos de carbono antiguos y que se los reconozcan.
“Muchos países quieren mercados de carbono como instrumento para ayudar a descarbonizar sectores y no como una máquina de hacer dinero. Para que sea así tiene que ser con integridad ambiental y evitar la doble contabilidad. No se pueden pasar créditos del mecanismo anterior (Kioto) al nuevo (París). Desde el punto de vista económico muchos países vamos a quedarnos fuera de eso, sería colapsar el sistema y desde un punto de vista ambiental no estamos haciendo reducciones nuevas, que es lo que necesitamos”, ha subrayado Andrea Meza, directora del Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica.
Las decisiones domésticas de algunos países no siempre son compatibles con el clima porque están recuperando sus planes de carbón. Esa voluntad de arrastrar la acción climática es vista por los países más pequeños e insulares con desesperación.
“Estas grandes y medianas economías tiran por tierra los esfuerzos que podamos estar haciendo todos los demás para reducir nuestras emisiones. El peso que tienen las emisiones globales es sumamente importante”, ha recalcado Ribera.
Aunque esta parte de las negociaciones no se vea por ahora con optimismo, no está todo perdido. “Es mejor seguir trabajando y no dejar un mal acuerdo que adoptar algo por la simple formalidad de adoptarlo y que no sea lo suficientemente robusto, que no esté alineado con los aspectos de integridad ambiental, que evite la doble contabilidad, etc.”, ha apuntado Meza, para quien hay suficientes elementos del Acuerdo de París para impulsar la acción climática.
Otro de los puntos más frágiles de las negociaciones son los relativos a la compensación de pérdidas y daños, que hace referencia a la capacidad de los países a ser más resilientes a la emergencia climática. Los efectos serán cada vez trasnacionales y sobrepasarán las fronteras, pero esa capacidad para construir la adaptación tiene un límite y es difícil invertir en ella cuando países enteros quedan devastados por los impactos de la crisis climática.
“Hay pérdidas a las que es difícil hacer frente. El sistema ya no es suficiente”, han dicho fuentes de la negociación, quienes consideran que este tema es dramático desde el punto de vista humano. Para ello, es fundamental reforzar la financiación.
Por otra parte, países de Oriente Medio, grandes exportadores del Golfo, Colombia, Ecuador, Irán o Brasil deben tomar medidas de respuesta para diversificar su economía. Este es otro de los aspectos donde hay confrontaciones en estos momentos en la COP25 porque estas naciones no pueden quedar estancadas en su producción de combustibles fósiles.
Con estos asuntos sobre la mesa, las delegaciones de 196 trabajan para presentar en las próximas horas un texto “relativamente limpio”. Pero aún quedan tareas por hacer y preguntas por responder: ¿Qué se hará a partir de 2020, año en el que se deberá revisar al alza las contribuciones determinadas a nivel nacional?
Lo que sin duda tienen claro tanto los países que están en la COP25 como la sociedad y las organizaciones civiles, que incluso se manifestaron ayer en el interior de la cumbre, es que nos estamos jugando el presente y el futuro.
“Hay un activismo nuevo que no responde al clásico de las ONG que han estado siguiendo estos temas desde hace mucho tiempo. Pero también hay cierta incomprensión respecto a qué esperar de estas conferencias”, ha subrayado Ribera, quien considera esencial que las asociaciones sociales pidan a sus gobiernos locales, regionales, nacionales, a los responsables de energía, transporte, de ciencia, de educación, de salud pública la generalización de estas actuaciones.
La función de la COP25, como todas las anteriores, es la de mantener en un sitio la visión de conjunto sobre cómo está evolucionando todos los compromisos “y no tanto de precisar en concreto qué actuaciones tiene que llevar a cabo cada país”, ha concluido la ministra en funciones.
La expedición internacional Biodiversidad Global de Calcificadores Planctónicos Marinos ha aportado nuevas evidencias sobre este fenómeno, un proceso relacionado con el cambio climático que implica la progresiva invasión de aguas atlánticas en el océano Ártico.
Un informe de UNICEF alerta sobre el aumento exponencial de los peligros climáticos para niños y adolescentes. Advierte también sobre los retos de la brecha tecnológica y los cambios demográficos, y subraya la necesidad de medidas urgentes para garantizar sus derechos.
