La Comisión Europea ha presentado hoy su propuesta final para que la energía nuclear y ciertas plantas de generación eléctrica a partir del gas se consideren inversiones “verdes”, una controvertida iniciativa que aún podrían bloquear los Estados miembros o el Parlamento Europeo.
La propuesta de la CE sobre estas dos fuentes de generación de energía del Ejecutivo comunitario es conocida como taxonomía, un sistema que pretende distinguir las tecnologías sostenibles de las que no lo son para orientar las inversiones en la transición ecológica.
Según la Comisión, “hay un papel para las inversiones en gas y nuclear en la transición energética” aunque solo durante un período limitado de tiempo y con condiciones para que contribuyan a la descarbonización de la economía a mitad de siglo, han indicado fuentes europeas.
Tenemos que abandonar lo más rápidamente posible fuentes de energía altas en emisiones de carbono, como el carbón. Durante esta transición, esto podría significar aceptar soluciones imperfectas”, ha señalado hoy la comisaria de Servicios financieros, Mairead McGuinnes, en rueda de prensa.
El Ejecutivo plantea que se consideren sostenibles las centrales nucleares con permiso de construcción antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.
Tras enviar el pasado 31 de diciembre un primer borrador a los países, al Parlamento Europeo y a una plataforma de expertos que asesora a la CE en el diseño de esta clasificación de inversiones sostenibles, Bruselas ha incluido algunos “ajustes técnicos” menores, pero ha dejado inalterado el grueso de la propuesta.
No obstante, la citada plataforma rechazó en un informe presentado la semana pasada que la energía nuclear y el gas natural sean concebidas como verdes en los términos planteados por Bruselas y se mostraron “profundamente preocupados” por el impacto que pueda tener sobre el medio ambiente, una inquietud que comparten las organizaciones ecologistas.
El texto, que lleva años de discusión interna en el seno de las instituciones comunitarias, adopta la forma jurídica de “acto delegado”, lo que supone que pasará a ser definitivo si en cuatro meses, ampliables a seis, no se reúne una mayoría de bloqueo.
Para ello, sería necesario que se oponga el 72 % de los Estados miembros en el Consejo (20 países), que representen, a su vez, al menos el 65 % de la población de la UE, o que lo rechace la mitad del pleno de la Eurocámara (353 diputados).
Dinamarca, España, Austria y Luxemburgo rechazan abiertamente otorgar al gas y nuclear el mismo sello “verde” de las renovables y los dos últimos han amenazado con llevar la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Francia lidera el bloque que aboga por recurrir a la energía nuclear, que apenas genera CO2 pero conlleva otros problemas como la seguridad o los residuos radiactivos, con el apoyo de países como República Checa, Hungría o Finlandia.
Alemania tampoco cree que la energía atómica deba considerarse sostenible, pero sí apuesta por el gas para transitar hacia una economía descarbonizada a mitad de siglo ya que prevé cerrar este año todas sus centrales nucleares.
Entre los galardonados de esta edición se encuentran investigadores que han abierto nuevas vías en el tratamiento de enfermedades, aplicado la visión artificial a campos como la cirugía robótica o los coches autónomos, y contribuido a abordar la crisis ambiental con estudios de referencia sobre el cambio climático y la extinción actual de especies.
Pedro Sánchez ha anunciado hoy la puesta en marcha de un nuevo ecosistema de asesoramiento científico que se encargará de conectar al gobierno con las universidades y centros de investigación para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Habrá además una convocatoria de dos millones de euros para la financiación de proyectos.
