El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la norma, la primera que regula esta tecnología en el mundo. Su objetivo es garantizar la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales al tiempo que impulsa la innovación.
Las instituciones de la Unión Europea pactaron este viernes una norma pionera que permitirá o prohíbirá el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para las personas. Además, busca impulsar a la industria europea frente a gigantes como China y Estados Unidos.
La Ley de Bienestar Animal ha entrado hoy en vigor con una batería de obligaciones a los dueños y sanciones por infracciones de hasta 200.000 euros.
Esta icónica y controvertida iniciativa ha conseguido salir adelante en la Eurocámara por un estrecho margen: 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones, para proseguir ahora su tramitación legislativa. El objetivo es reparar en 2030 el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos dañados de la UE y todos ellos para el 2050.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, por la que se regula el cuidado de las mascotas y animales silvestres en cautividad, con la exclusión de los perros de caza, guarda y trabajo. Se establecen prohibiciones a la tenencia de algunas especies exóticas en casa y se prohíben actividades en las que el trato no se considere digno.
Una investigación realizada por las universidades de Leeds y Oviedo destaca la necesidad de ofrecer ayuda para fomentar relaciones armoniosas entre las dos especies. El estudio muestra la importancia de trabajar con las comunidades implicadas para encontrar opciones adaptadas a sus necesidades, en lugar de soluciones técnicas y legales generalizadas.
La norma fija que, para el año 2030, España deberá reducir un 23 % las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Del mismo modo, el país deberá alcanzar la neutralidad climática para 2050.
La nueva normativa española verá la luz en un momento de pandemia en el que la Unión Europea está haciendo un esfuerzo histórico para “modernizar” la economía, entendiendo por tal la suma de la digitalización y la transición ecológica. Además, su texto insiste en un cambio que incorpore los criterios de justicia social, con un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.
