El modelo español de desarrollo económico de las tres últimas décadas se sustenta sobre una ‘sobreexplotación de las nuevas generaciones de trabajadores’. Foto: SINC.
Con el objetivo de reforzar el derecho a la protección de la salud que recoge la Constitución, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de la Ley de Salud Pública. Entre otras medidas, la norma contempla la creación de la Red Española de Vigilancia en Salud Pública para evaluar riesgos sanitarios y también, y para coordinar actuaciones, el Centro de Análisis de Políticas y Actuaciones en Salud Pública.
El anteproyecto de la Ley de Salud Pública aprobado hoy tiene como objetivo reforzar la protección de salud.
Investigadores de la Universidad Jaume I de Castellón han evaluado la eficiencia de los cuatro modelos de recogida de residuos urbanos que existen en las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes. Los resultados revelan que en el mejor de los casos se recoge de forma selectiva el 45% del papel y el 20% de los envases metálicos o de plástico, unos porcentajes alejados de los objetivos mínimos legales.
Sólo la recogida de vidrio supera el mínimo legal exigido.
A pesar de que el Instituto Vasco de Criminología de la UPV/EHU (con sede en San Sebastián) tiene cerca de 30 años, todavía se cree, equivocadamente, que entre sus paredes se esconde una especie de CSI. Nada más lejos de la realidad, según explica César San Juan, coordinador de proyectos del Grupo de Investigación Consolidado de Ciencias Criminológicas (GICASS), creado en el seno del instituto y dirigido por el catedrático de Derecho Penal José Luis de la Cuesta. Lo suyo no es atrapar al malo, sino “abordar la explicación del fenómeno criminal”.
Los expertos prevén que estas medidas reduzcan la incidencia de enfermedades cardiovasculares a corto y medio plazo, así como de la incidencia de cáncer.
La normativa establece, por primera vez, un marco jurídico para alcanzar un buen estado del medio marino
Promovida por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la Ley de Protección del Medio Marino establece por primera vez un marco jurídico para lograr un buen estado del medio marino y su protección y preservación, así como la recuperación de ecosistemas marinos y la prevención y eliminación de la contaminación del medio marino.
