Abandonados, golpeados, tiroteados e incluso ahorcados. En España son miles los perros que cada año sufren malos tratos, tal y como revelan datos del Seprona a los que ha tenido acceso Sinc. Las organizaciones animalistas denuncian que las cifras son mucho más elevadas y que son los perros de caza los que sufren en gran medida esta violencia, algo que, para los cazadores, es una excepción. Aunque los procedimientos judiciales para sentar en el banquillo a los culpables han aumentado, siguen existiendo agujeros legales que dificultan la aplicación de las sanciones.
Lagun tiene cuatro años. Es un setter inglés macho al que le encanta salir a correr por las montañas noruegas donde vive y que se acurruca en su cama cuando el frío fuera corta la respiración. Todo marcha bien hasta que se encuentra con alguien que lleva un palo o un bastón. “Más que miedo siente terror”, comenta a Sinc Itziar, la persona que lo adoptó hace un año del centro de acogida Terracan, en Ferrol (A Coruña).
Ni ella ni su pareja, Jørgen, tienen muy claro cómo era la vida de este perro de caza, que estuvo deambulando durante un año por las calles del municipio de Buño (A Coruña), hasta que lo recogieron los técnicos de la protectora. “Los vecinos dijeron que lo iban a matar a palos”, recuerda la joven, y el cuerpo magullado del setter demostró que cumplieron su amenaza.
Casos como el de Lagun –que significa ‘amigo’ en euskera– no son una excepción en España. Según datos facilitados por el Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) a Sinc, en 2013 recibieron 13.809 denuncias de perros maltratados, lo que supone un 88% más que en 2008, año en que empezaron a digitalizarse los casos.
Los malos tratos incluyen un amplio abanico de categorías, que van desde las más graves, como ahorcamientos, muertes o heridas por tiroteo y paliza, hasta abandonos, robos, desnutrición, transporte inadecuado, higiene deficiente, envenenamiento o falta de chip.
Las cifras del Seprona solo se refieren a casos que hayan sido comunicados a la Guardia Civil, por lo que quedan excluidas las notificaciones a Policía Local, ayuntamientos, juzgados o centros de acogida. “Nuestros datos recogen las actuaciones propias de la Guardia Civil, de oficio, además de las denuncias y cualquier comunicación que tengamos por parte de los ciudadanos”, explica a Sinc la teniente Elisabel Sinde desde su despacho en la sede central del Seprona.
Por eso las cifras son muy diferentes a las que presentan organizaciones como Ecologistas en Acción que, junto con la Fundación Affinity, aglutina los casos notificados en ayuntamientos y centros de acogida. En 2010 calcularon que hubo 120.000 perros abandonados, el 40% de ellos de caza. La cifra del Seprona de ese año los situó en 320; de ellos, 95 fueron empleados en actividades cinegéticas.
“Los datos de la Guardia Civil deben verse como complementarios a los nuestros”, afirma a Sinc Chesús Ferrer, del área de conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción. “Con ellos se demuestra, con datos oficiales, que las prácticas de maltrato, muerte y abandono de perros de caza en España que venimos denunciando son reales”, añade.
Cazadores expulsados
Pero las cifras del Seprona son las únicas que reconocen los cazadores. “Un cazador jamás abandona o sacrifica a su perro, sin embargo, igual que existen asesinos que matan a sus mujeres o hijos, hay algún individuo, al que nunca se le podrá llamar cazador, que atenta contra su perro”, subraya a Sinc Ángel López, responsable de comunicación de la Real Federación Española de Caza (RFEC).
Las cifras de la Guardia Civil revelan que en 2013 hubo 6.184 perros de caza maltratados, que incluyen a razas como galgos, podencos, setters, bracos o sabuesos. De los 6 perros ahorcados que contabilizaron el año pasado, 4 eran de caza, mientras que de los 20 canes muertos por tiroteo, 11 se dedicaban a la actividad cinegética.
Además, las estadísticas de la Benemérita muestran cómo los malos tratos en perros de caza siguen la misma tendencia que los del conjunto de perros, dibujando prácticamente las mismas líneas en las gráficas con independencia del tipo de maltrato.
Según el Estudio sobre el abandono de animales de compañía en 2010, editado por la Fundación Affinity, el fin de la temporada de caza es el responsable del 10% de los abandonos, un porcentaje que aumenta en Extremadura y Castilla La Mancha, comunidades donde esta práctica tiene un fuerte arraigo.
Por su parte, los datos del Seprona sitúan a Andalucía a la cabeza del ranking, con 13.092 animales agredidos desde 2008, seguida por Castilla y León, con 11.546, y Castilla La Mancha, con 8.383. Las tres comunidades encabezan también la lista en cuanto a perros de caza maltratados. Les siguen Aragón, Extremadura y Cataluña.
Desde la RFEC aseguran que los cazadores que hayan abandonado o matado a sus perros son expulsados de la federación, pero siempre que exista una sentencia firme condenatoria. Y eso es algo que ocurre en raras ocasiones.
Archivados por falta de pruebas
De los 504 procedimientos judiciales por malos tratos a animales domésticos que hubo en 2012, solo 32 tuvieron sentencias condenatorias, tal y como revelan las Memorias de la Fiscalía General del Estado. Aunque cada año son más los procedimientos abiertos, la cifra de sentencias apenas aumenta, y es similar a la de hace seis años.
La gran mayoría de los casos fueron archivados y los expertos apuntan a dos motivos. “En primer lugar, porque puede haber denuncias en las que no se imputa el presunto delito a nadie, porque se desconoce, y se sobreseen y archivan”, indica Francisco Fernández, abogado penalista experto en maltrato animal. Y en segundo lugar, “porque imputando presuntamente el delito a alguien, si este niega los hechos y no hay ningún tipo de pruebas, la causa también se sobresee y archiva”, añade.
Por eso, el letrado recomienda denunciar los hechos y recabar todas las pruebas posibles, aunque sin estas también se puede presentar una denuncia, como reitera la teniente Sinde. “Cualquier persona puede poner una denuncia aunque no sepa quién es el autor de los hechos, porque nuestra obligación es investigarlo”.
Pero lo cierto es que la dificultad para conseguir pruebas inculpatorias y el posterior archivo de los casos en los juzgados desalientan a los colectivos que defienden los derechos de los animales a la hora de presentar denuncias. Es el caso de Nacho Paunero, presidente de la protectora El Refugio. “Procedemos a poner una denuncia ante el Seprona en los casos en los que contamos con pruebas contra el maltratador, cosa que no suele ser nada fácil de obtener”, reconoce a Sinc.
Los agujeros legales
No todas las denuncias presentadas terminan en los juzgados. En función de la ley que vulnere el maltrato, o bien seguirá una vía administrativa –si incumple la legislación nacional, autonómica, municipal, local o comunitaria– o bien una vía penal –si se salta el Código Penal–.
En el caso del camino administrativo, son las autoridades autonómicas las encargadas de abrir los expedientes correspondientes, que pueden derivar en multas. Cuando se vulnera el Código Penal, podemos estar ante un delito o una falta, y en ese caso sí es el juzgado quien llevará el caso, que puede acarrear multas, inhabilitación e incluso penas de prisión, si se consigue demostrar la culpabilidad del maltratador.
“Hay cerca de 8.000 normas que tienen que ver con el medio ambiente y nosotros valoramos si la infracción está dentro de la esfera administrativa o penal”, detalla la teniente Sinde. “Nuestro trabajo diario es que la legislación se cumpla: conocemos todas las leyes que hay y e intentamos que todo se cumpla”, reitera.
Este enjambre legislativo, en opinión de los juristas, sirve de poca ayuda. “Lo fundamental no es que exista una o varias leyes sino que haya concienciación y que sean efectivas. Las leyes actuales resultan insuficientes”, asegura a Sinc Daniel Dorado, abogado especializado en derecho animal.
En el caso del Código Penal, los artículos 337 y 632.2 –que son los que sancionan este tipo de prácticas– tienen agujeros por los que se cuelan numerosas agresiones. “El maltrato de animales justificado, el que no menoscabe gravemente la salud de los animales y el maltrato en espectáculos autorizados quedan impunes”, denuncia Fernández.
En cuanto a las penas de cárcel, que van de tres meses a un año si se vulnera el artículo 337, en la práctica no se suelen cumplir puesto que, en el caso de que sea el primer delito del maltratador, al no tener antecedentes penales y ser la pena inferior a dos años, esta queda suspendida. “Ningún maltratador de animales ha entrado en prisión por este delito en España”, asevera Silvia Barquero, presidenta del Partido Animalista PACMA.
Hacia un endurecimiento penal
A pesar de tantas dificultades legislativas, lo cierto es que las notificaciones de malos tratos caninos han aumentado, algo que los expertos atribuyen a una mayor sensibilización social. Tanto Guardia Civil como asociaciones animalistas coinciden en que este incremento de denuncias no significa necesariamente que haya más agresiones, sino que se denuncian más.
“No es que haya más o menos delitos de malos tratos, es que depende de las denuncias que se presenten. Si hay un mayor número de personas que denuncian, las estadísticas se elevan, pero si un año no se denuncian los hechos, aunque el número de casos sea el mismo, no se contabilizan”, mantiene Barquero.
Sí se contabilizaron en el Seprona, en 2011, numerosos casos de ahorcamiento, hecho que coincide en el tiempo con una modificación del Código Penal, a finales del año anterior. Los juristas suprimieron la palabra ‘ensañamiento’ del artículo 337, lo que aumentaba el abanico de malos tratos recogidos, como ahorcamientos o muertes por tiroteo, que hasta entonces podía argumentarse que eran sin saña.
Pero para los defensores de los animales estos cambios no son suficientes porque, mientras las agresiones continúan, los maltratadores raras veces son sancionados. Actualmente se está tramitando en el Congreso una reforma del Código Penal y los juristas y las asociaciones esperan que se endurezcan las penas de prisión que contempla el artículo 337 y que aumenten las multas por vía administrativa.
“Habría que suprimir en el tipo penal la palabra ‘injustificado’ y tipificar como delito tanto el maltrato que menoscaba gravemente la salud del animal como el que no la menoscaba gravemente”, propone el abogado Fernández. Desde Ecologistas en Acción, Chesús Ferrer pide una ley estatal de protección animal y que se supriman algunas modalidades de caza con perro, sin olvidar que el papel de concienciación de la ciudadanía “es crucial”.
Mientras llegan estos cambios normativos, Lagun, el setter inglés adoptado por Itziar y Jørgen, va superando poco a poco su terror hacia los palos gracias a un anciano del barrio, que camina con la ayuda de un bastón. “Se ha convertido en su mayor fan”, relata su dueña desde Noruega.
En Sinc ofrecemos los archivos con todos los datos utilizados para la elaboración de este artículo, aportados por diversas fuentes y tratados por la autora para hacerlos más accesibles.
Datos de maltrato a perros por Comunidades Autónomas de 2008 a 2013. Fuente: Seprona
Datos de perros maltratados según el tipo de maltrato de 2008 a 2013. Fuente: Seprona
Datos de maltrato a animales domésticos de 2008 a 2012. Fuente: Fiscalía General del Estado
Corrección del 26/04/2014: En la infografía titulada 'Radiografía del maltrato a perros en España' se han corregido algunas cifras del año 2013 que no estaban actualizadas.
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