Desde que se aprobó el Acuerdo de París, uno de los escollos en las negociaciones de las cumbres del clima es el artículo 6, que regula los sistemas de emisiones de CO2. En la COP25 se espera cerrar este capítulo, que podría abrir una brecha en el primer texto universal y vinculante contra la crisis climática.
Hay un antes y después del Acuerdo de París, al menos en lo que a la manera de reducir emisiones se refiere. Hasta el año 2015, un país industrializado podía compensar sus emisiones de carbono invirtiendo o desarrollando energías limpias en países pobres. Lo que ese país había evitado emitir a la atmósfera se compensaba con lo que la nación rica había contaminado. Al fin y al cabo, las emisiones de gases de efecto invernadero son globales.
Este era uno de los tres mecanismos para reducir emisiones que se establecieron en el anterior acuerdo: el Protocolo de Kioto. Además del desarrollo limpio en países empobrecidos, las naciones también podían adquirir derechos de emisión (Emissions Trading System, ETS), sobre todo implementados por la Unión Europea –desde 2005– o de Aplicación Conjunta entre países en desarrollo –un país inversor podía beneficiarse de la adquisición de unidades de reducción de emisiones de manera más barata que de lo que le hubiera costado reducirlas él mismo en territorio nacional–.
“Ese es el mundo en el que vivíamos antes y para mucha gente aquí presente [en la COP25] sigue siendo el mundo en el que vivimos ahora”, declara a SINC Robert Bradley, director de Conocimiento y Aprendizaje de la NDC Partnership. El Protocolo de Kioto, que ya contaba con un sistema de mercado de emisiones, obligaba a los países implicados a reducirlas, pero no estaban incluidas todas las naciones.
Con el Acuerdo de París, que incorpora a todos los países del mundo y que será implementado en 2020, esto se acabó. “Lo bueno de Kioto fue que era obligatorio, pero la ambición era pequeña. Con el Acuerdo de París es al revés, pero la atmósfera y el clima necesitan ambas cosas: las reducciones que la ciencia pide y la voluntad política obligatoria que no acabamos de conseguir”, explica a SINC Raquel Montón, responsable de campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
El pacto alcanzado en la capital francesa permitió construir una estructura de reducción de emisiones en la que todos los Estados miembro de Naciones Unidas pudieran participar. Son las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs, por sus siglas en inglés), unas aportaciones voluntarias a través de las cuales cada nación presenta sus planes de mitigación y adaptación para lograr el objetivo de no superar el 1,5 ºC o 2 ºC, según estableció la ciencia.
“Aquí se juega con la voluntariedad y con la presión diplomática mundial”, subraya Montón. Los países proponen así acciones, que deben ser comunicadas y actualizadas de forma periódica, que funcionan y encajan con su economía, su experiencia técnica, sus prioridades de desarrollo y sus instituciones.
Sin embargo, es muy difícil decir cómo China, por ejemplo, va a reducir sus unidades de emisiones de CO2 y cómo otros países invertirán en bosques y no en otras partes de su economía. “¿Cómo comercializan entre ellos? En realidad no pueden, pero muchos países siguen usando los mercados de carbono como un modo de reducir emisiones y muchos están muy interesados en buscar la manera de hacerlo internacionalmente”, recalca Bradley.
Jóvenes activistas junto a Greta Thunberg en la COP25. / UNclimatechange
Es en este punto donde entra en juego el artículo 6 del Acuerdo de París, sobre el que las delegaciones y empresas llevan días negociando en la COP25 sin alcanzar aún el consenso, especialmente en los puntos 2, 4 y 8. “Están acabando de fijar las reglas del juego de los mercados de carbono”, informa la ecologista, para quien este artículo podría ser un agujero en la resolución.
“Dada la información científica que tenemos, necesitamos reducir emisiones sí o sí de manera concreta y real. Los mercados pueden ser un buen mecanismo si se planean bien, pero con la urgencia con la que necesitamos actuar o se incorporan reducciones o los mercados no van a ayudar de manera ni efectiva ni inmediata”, manifiesta Montón. Los mercados de carbono actuales tardaron entre 10 y 12 años en funcionar y el precio del carbono en subir.
El artículo 6 está en boca de todos por una sencilla razón: no gusta a todos los países. A estos “les preocupa particularmente que los industrializados compren todas las opciones baratas para cortar emisiones y que cinco o diez años más tarde, los países en desarrollo tengan que realizar acciones más caras”, apunta Bradley, experto en NDCs.
Otro aspecto que preocupa es que no se mantenga la integridad ambiental que dicho artículo exige. ¿Existe la metodología suficiente para comprobar, por ejemplo, que Indonesia o Brasil reducen emisiones a través de sus bosques?
El problema es que con los NDCs no está claro cómo los países van a reducir sus emisiones, contrariamente a como se traspasaban los créditos de carbono en el periodo anterior por toneladas de CO2. A esto se suma el riesgo de dobles contabilidades, que según los expertos podrían diluir la ambición. En ellas, los países podrían reducir emisiones conservando su naturaleza y al mismo tiempo vender ese ahorro como créditos de carbono.
“Es donde están las lagunas, y todo esto cuando nos faltan 10 años para que hayamos reducido las emisiones mundiales a la mitad como nos dice el IPCC”, lamenta Raquel Montón.
Sin embargo, aunque no se alcanzara un acuerdo en el artículo 6, eso no impediría al resto del Acuerdo de París ser efectivo. “Los países siguen aportando sus NDCs, sigue habiendo informes sobre el progreso y se seguirá mejorando la ambición sobre estas contribuciones”, manifiesta, optimista, Bradley.
En la actualidad, la poderosa herramienta de los mercados de carbono sigue en marcha. Los países de la Unión Europea –que mantienen el mayor sistema– y otros como ciertos estados de EE UU comercializan créditos de carbono entre ellos o ponen precio al carbono a través de tasas. También lo están haciendo naciones emergentes con sistemas piloto. “Es cuestión de confianza, de acuerdo y buena monitorización”, especifica el experto, que afirma que para ello no se necesita a las Naciones Unidas.
“En general, es probable que veamos que el uso del mercado de carbono se siga expandiendo, pero muchos países piensan que ayudaría mucho que hubiera un acuerdo en el artículo 6. Obviamente, si se puede alcanzar uno, estaría bien, pero es importante también entender que lo que pase aquí no va a parar necesariamente a los países a hacer buenas políticas con el mercado de carbono”, indica el experto.
Lo que preocupa a los países es que lo que cada uno de ellos haga para reducir sus emisiones no esté aprobado por el organismo internacional y que el intercambio de créditos no quede reconocido.
“Esta es una de las razones por las que las naciones deben tener los mismos estándares a escala internacional, porque así se reconocen sus objetivos de recorte de emisiones. De este modo, cuando hacen este tipo de mercado, siguen cumpliendo lo que dijeron que iban a hacer en el Acuerdo de París”, subraya Bradley.
Cerrar el artículo 6 permitirá no solo ahorrar energía diplomática en el proceso, sino también “ayudar a los países a tener más confianza en saber que si implementan mercados de carbono serán aceptados y reconocidos cuando informen lo que están haciendo a Naciones Unidas”.
El acuerdo sobre estos puntos facilitará guías y valores a los países para implementarlo, aunque, según los negociadores, todo apunta a que se vuelva a posponer para la siguiente cumbre del clima en Glasgow. A finales de semana se sabrá si finalmente esto ocurrirá o no.
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