Hace más de veinte años, Sudáfrica y la India lograron vencer los intereses de las grandes farmacéuticas para poder importar y fabricar versiones genéricas de la combinación de antirretrovirales. ¿Se podría hacer algo parecido para superar la actual pandemia? ¿Sería suficiente con la suspensión temporal de las patentes de las vacunas?
Una enfermedad infecciosa de reciente aparición se ha extendido por todo el mundo, sembrando el miedo, el estigma y, en ocasiones, la violencia contra las comunidades a las que se asocia con la expansión del virus.
Cuando se identifica al virus causante de la pandemia, los científicos se ponen a trabajar predominantemente en los países desarrollados, aunque no exclusivamente, para desarrollar en tiempo récord vacunas que logren vencer al virus, en muchos casos reutilizando tratamientos y tecnologías existentes.
Se producen los avances, pero solo están disponibles en los países ricos. Cuando los países en desarrollo, que carecen de acceso, piden una distribución equitativa de estas intervenciones que salvan vidas, se les dice que esperen pacientemente hasta que las donaciones puedan satisfacer sus necesidades.
En cualquier caso, y según las compañías farmacéuticas, son demasiado pobres y subdesarrollados para que se les confíen estas nuevas herramientas científicas. No tienen el derecho humano a los beneficios de la ciencia que cualquier empresa privada o nación rica tiene que respetar.
Obviamente, este escenario pretende describir la pandemia de la covid-19, que se ha apoderado del mundo desde principios de 2020. Sin embargo, para los activistas del VIH que estuvieron presentes en los albores de la era antirretroviral a mediados de la década de 1990, y que participaron en las primeras luchas para que estos medicamentos estuvieran disponibles en todo el mundo, esta historia resulta demasiado familiar.
El descubrimiento y la aprobación en 1996 de combinaciones de tres fármacos altamente eficaces contra el sida permitieron imaginar el fin de la epidemia, ya que este tratamiento fue capaz de mantener niveles tan bajos del virus que es indetectable en la sangre y no es transmisible a otras personas.
Este gran avance no habría sido posible sin las importantes inversiones del Gobierno estadounidense —solo en 2019, los fondos federales para investigación del VIH fueron 2.600 millones de dólares—. Más de una década de activismo y de acción directa habían conducido a esta nueva clase de tratamientos, que acabarían convirtiendo al sida en la enfermedad crónica tratable que es hoy.
Los rígidos —y muy lucrativos— monopolios de patentes y todo lo demás que implica la propiedad intelectual (derechos de autor, los secretos comerciales y de diseño, entre otros), así como las afirmaciones de que los fabricantes de medicamentos que operan en esos países no pueden aprovechar los conocimientos técnicos de fabricación, se interpusieron en el camino de la rápida distribución y suministro de nuevos medicamentos combinados contra el sida en los países de ingresos bajos y medios.
Sin embargo, estos argumentos jurídicos y técnicos no podían ocultar la indiferencia hacia la vida de quienes no pueden permitirse los medicamentos contra el sida a precios de marca, ni el racismo que está en la base de esta indiferencia.
Entonces, como ahora, Sudáfrica asumió un papel de liderazgo en la lucha contra el privilegio de los derechos de propiedad intelectual sobre la salud pública. Este país tenía la mayor población de personas que vivían con la enfermedad del sida en el mundo, con más de tres millones que necesitaban tratamiento en ese momento.
Como respuesta, en 1997 Sudáfrica aprobó la Enmienda de Ley de Control de Medicamentos y Sustancias Relacionadas, que otorgaba una licencia obligatoria para los medicamentos contra el sida que permitía la importación y venta de versiones genéricas de los mismos. En ese momento, no se producían genéricos de los nuevos y potentes medicamentos para el VIH en ningún lugar.
Entonces, como ahora, las empresas farmacéuticas y sus defensores dijeron que las patentes no eran el problema, que debilitar los monopolios de patentes amenazaría la innovación y que las naciones africanas carecían de la infraestructura necesaria para distribuir y controlar los fármacos contra el virus causante del sida.
En 1998, treinta y nueve empresas farmacéuticas demandaron al Gobierno sudafricano postapartheid, elegido democráticamente, en un intento de anular la ley. Que los directores generales de las empresas y los grupos comerciales de la industria demandaran para defender su búsqueda de beneficios a costa de vidas humanas no debería sorprender. Pero fue el apoyo de los funcionarios del gobierno, tanto a nivel vocal como entre bastidores, lo que mantuvo la balanza a favor de las farmacéuticas.
Entonces, como ahora, la política presidencial estadounidense estaba en el centro del drama mundial. Mientras la Administración Clinton amenazaba con imponer sanciones comerciales en caso de que Sudáfrica emitiera licencias obligatorias, como ya había hecho contra Brasil en 1996, los memorándums del Departamento de Estado también revelaban un esfuerzo coordinado de múltiples agencias en el que participaba el vicepresidente Al Gore para anular la ley. A lo largo de la campaña presidencial de 2000, los activistas persiguieron al candidato demócrata Gore para protestar por su apoyo a la posición de las farmacéuticas.
En el caso actual, la Administración Biden se ha mostrado partidaria de la exención a los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en el caso de las vacunas contra la covid-19. Sin embargo, no se hace mención alguna a las patentes de diagnósticos ni tratamientos.
En 2001, los demandantes farmacéuticos aceptaron finalmente la derrota y retiraron su demanda contra el gobierno sudafricano. Para entonces, el número de sudafricanos infectados con VIH había crecido hasta los 4,7 millones. Sin embargo, las predicciones de que la innovación se vería perjudicada no se han cumplido.
En la actualidad, hay más de 30 tratamientos para tratar el sida aprobados y 26 millones de personas en todo el mundo están recibiendo terapia antirretroviral. El papel de la India en la distribución mundial de los medicamentos genéricos contra el VIH ha contribuido a convertirla en el mayor proveedor mundial de medicamentos genéricos: antes de la pandemia, el 80 % de los principios activos utilizados en Europa y Estados Unidos se producían en China y la India.
Desde la década de 1970, el Gobierno indio había creado un entorno jurídico que protegía los derechos de los fabricantes de genéricos frente a los titulares de patentes de marca. Los elevados criterios para patentar de la India —es decir, la concesión de patentes con moderación y solo para invenciones realmente novedosas— significaban que, si una empresa india podía averiguar cómo fabricarlo, el gobierno reconocía su derecho legal a venderlo.
Incluso después de que abandonaran su demanda judicial contra una licencia obligatoria para África, la industria farmacéutica no hizo nada para transferir la tecnología a los fabricantes de genéricos.
Sin embargo, los fabricantes de genéricos indios no se han quedado de brazos cruzados: en 2001, la empresa india de genéricos Cipla realizó la ingeniería inversa de su propia versión de la triple combinación contra el VIH, con un precio de 1 dólar al día. Los mercados ignorados por los fabricantes de medicamentos de marca estaban abiertos a la India.
En los años siguientes, una y otra vez, las oficinas de patentes de este país han rechazado las solicitudes de patentes de medicamentos esenciales, acelerando el tiempo de comercialización de los genéricos para los países de bajos ingresos. Por ejemplo, el sofosbuvir para curar la hepatitis C, lanzado infamemente en Estados Unidos bajo la marca Sovaldi por 1.000 dólares al día, es vendido hoy por los fabricantes de genéricos indios en combinaciones que pueden curar la hepatitis C por menos de 60 dólares.
En el otoño de 2020, Sudáfrica y la India aplicaron su experiencia y comprensión de las cuestiones interconectadas de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y la fabricación para los mercados en desarrollo en una solicitud a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual para todas las tecnologías covid-19.
Los países ricos y las empresas farmacéuticas bloquearon la iniciativa, dificultando la aplicación de ingeniería inversa en el caso de las vacunas de la covid-19 y confiando exclusivamente en la transferencia de tecnología voluntaria. Hasta la fecha, solo AstraZeneca —que ha trabajado en el desarrollo de la vacuna con la Universidad de Oxford— ha transferido su tecnología a una compañía de genéricos, el Serum Institute of India, a través de una licencia voluntaria.
Si los países ricos que facilitan los monopolios farmacéuticos no hubieran descartado la idea de plano, y en su lugar se hubiera alcanzado rápidamente un acuerdo de exención, y se hubiera acelerado la transferencia de tecnología antes de permitir que la farmacia mundial se viera desbordada, quién sabe cuántas vidas se habrían salvado, y cuánto antes veríamos el fin de la covid-19 para todos, en todas partes.
La gran ola de covid-19 que se está produciendo en la India, además de un enorme coste de vidas en el país, ha tenido un impacto previsible en el suministro mundial de vacunas frente a la pandemia.
Se calcula que 50 millones de personas están a la espera de su primera dosis de vacuna y otros 20 millones de la segunda en el continente africano. Sin embargo, la situación epidemiológica del país asiático ha paralizado la distribución de vacunas y les ha dejado en un limbo. Hasta el 90 % de esas dosis dependen del Serum Institute of India, que paralizó las exportaciones en marzo de 2021. Menos del 2 % todas las vacunas administradas en el mundo han sido en África.
Debemos tomarnos en serio las barreras a la propiedad intelectual y afrontar el verdadero reto de la transferencia de tecnología, reconociendo que ya nos hemos enfrentado a estos problemas y los hemos resuelto antes.
El caso de los antirretrovirales genéricos demostró la capacidad técnica de los países de rentas medias y bajas de producir, exportar y gestionar millones de tratamientos de calidad para todo el mundo. También demostró que, cuando falla todo lo demás, la licencia obligatoria y la exención de patentes son una alternativa real y eficaz.
Annette Gaudino es directora de Estrategia Política de Treatment Action Group.
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