Al inicio de la pandemia, para acelerar la recuperación económica se propuso dar un ‘visado’ de inmunidad a personas que hubieran pasado la covid-19, una idea ética y técnicamente inviable. Un año después, las vacunas han sido la clave para convertirla en una opción realista que Europa pondrá en marcha en julio. No obstante, aún quedan retos: evitar la creación de desigualdades y garantizar la privacidad.
Desde que en marzo de 2020 la OMS declarara la covid-19 como pandemia, nuestras sociedades han debido convivir con medidas excepcionales de control epidemiológico que incluyen la restricción de derechos fundamentales como la libertad de movimiento. La mayoría de los países impusieron medidas más o menos estrictas que frecuentemente incluían el cierre de los espacios públicos —con el consiguiente daño económico que este paro provocó—, y las restricciones en el desplazamiento dentro de los propios Estados y entre ellos.
Con el objetivo de poner fin cuanto antes a esta situación excepcional, se han propuesto diversas opciones para reabrir las sociedades sin dejar de lado la salud de la población. Una de estas opciones son los llamados pasaportes inmunitarios, un sistema de identificación y facilitación del movimiento de la población inmunizada frente al SARS-CoV-2. A pesar de que esta figura ya existe para el caso de enfermedades como la fiebre amarilla o la polio, su introducción tiene consecuencias éticas y prácticas que deben ser consideradas seriamente antes de tomar una decisión sobre el mejor modelo.
Al inicio de la pandemia esta herramienta se propuso como posible solución, pero fue rápidamente descartada por basarse en los anticuerpos generados tras la infección por covid-19.
La razón fue doble: por un lado, no teníamos suficiente conocimiento del virus como para afirmar, sin una prueba serológica, que la persona quedara inmunizada tras la infección, ni por cuánto tiempo.
Por otro, la posibilidad de otorgar privilegios a las personas que hubieran pasado la infección podía crear una discriminación efectiva frente a aquellos que no la hubieran pasado, además de incentivar el contagio para poder acceder a esos beneficios.
Lo que ha cambiado desde entonces hasta ahora son las herramientas de inmunización. Con trece vacunas aprobadas en distintos países y la mayor campaña de vacunación de la historia en marcha, el pasaporte inmunitario se presenta como una opción realista y aceptable.
El uso de un certificado de vacunación como pasaporte inmunitario presenta tres ventajas importantes. En primer lugar, su fiabilidad. Ya que las personas vacunadas adquieren altas tasas de inmunización y transmiten menos el virus, es posible que prescindan de medidas como la distancia social y las mascarillas, como ya se hace en Estados Unidos, sin que esto suponga un riesgo significativo para su salud y la de su entorno.
En segundo lugar, supone una posibilidad realista de acelerar la reapertura de una forma relativamente segura y comenzar así la tan ansiada recuperación económica. Sin los certificados inmunitarios, la desescalada de restricciones debería ir guiada por el descenso de casos, la ocupación hospitalaria y, finalmente por la inmunidad de rebaño. Esta fórmula, sin embargo, permite acelerar la apertura en el corto plazo, paliando las consecuencias de la crisis económica.
Por último, si un certificado basado en la infección podía promover el contagio, también podemos argumentar que un pasaporte basado en la inmunización fomente la vacunación en poblaciones reticentes.
Es importante también tener en cuenta que los pasaportes inmunitarios vienen acompañados de una serie de retos que merece la pena analizar para así hacerles frente.
El primer reto tiene que ver con el nacionalismo de las vacunas y la falta de cooperación internacional para su distribución, algo que amenaza con repetirse a la hora de emitir certificados de vacunación.
Diferentes países e instituciones han emitido ya sus propios pasaportes inmunitarios, como es el caso de China, con su “certificado sanitario internacional para viajar” y el “pasaporte verde” de Israel. Cada uno de estos ‘pasaportes’ es válido para unas vacunas determinadas que varían según el país, lo cual puede traducirse en una falta de reconocimiento internacional de los certificados, por lo que no serían del todo útiles para reabrir el tránsito global.
Además, no tenemos suficiente información para determinar cuánto dura la inmunidad conferida por cada vacuna, por lo que no podemos estar seguros de cuál sería la vigencia de los certificados. Para hacer frente a este desafío, la clave reside en la cooperación global y el intercambio de información.
Otro reto a tener en cuenta es la posible creación de desigualdades de dos tipos: dentro de los propios países y entre ellos. En primer lugar, y mientras no se alcance la inmunidad de rebaño, habrá en los países personas vacunadas y personas no vacunadas, generalmente respondiendo a los planes de vacunación del Gobierno.
En segundo lugar, en los países de ingresos altos se espera alcanzar la inmunidad de rebaño en torno a 2022, pero en los países de ingresos bajos y medios la fecha que se estima es 2024 —aunque pueden diferir dependiendo de diversos factores, como son las diferentes variantes del virus—. Si un certificado de vacunación es indispensable para viajar o para acceder a determinados servicios, se estaría produciendo una discriminación efectiva de todas aquellas personas no vacunadas. La solución en este caso pasa porque el certificado no sea obligatorio para estas actividades, sino una alternativa a otros procesos de cribado, y que exista un acceso masivo a test diagnósticos asequibles.
El tercer desafío se centra en el manejo de datos personales. En primer lugar, es importante garantizar la protección de la privacidad, que los datos que contenga el certificado sean usados únicamente para el propósito para el cual fue concebido y no sean de dominio público sin el consentimiento de las personas que lo posean.
Las falsificaciones de certificados son una amenaza muy real frente para la que habrá que elaborar soluciones
Por otro lado, es difícil garantizar la identidad del portador del certificado. Se ha propuesto como solución vincular los certificados a los registros de identidad, pero no todos los países los utilizan. Además, una gran cantidad de personas en todo el mundo carece de documentos básicos de identidad. Las falsificaciones de certificados son una amenaza muy real frente para la que habrá que elaborar soluciones adaptadas al contexto.
En este contexto, la Unión Europea parece haber tenido en cuenta los desafíos a la hora de diseñar el pasaporte inmunitario que entrará en vigor el 1 de julio, el llamado ”Certificado COVID Digital de la UE”, y que permitirá acreditar de forma sencilla que una persona ha sido vacunada contra la covid-19; o se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo; o se ha recuperado de la covid-19.
El documento será fácilmente accesible, gratuito y no será necesario para viajar por Europa, solo facilitará los trámites. Las personas sin el certificado podrán seguir viajando, aunque sujetas a las condiciones de cada Estado miembro, algo que teóricamente sí que podría generar desigualdades.
Por otro lado, la UE movilizará 100 millones de euros para proporcionar test asequibles a los países miembros. Será un certificado único para toda la Unión Europea, aunque en principio no servirá para viajar fuera de sus fronteras. Tendremos que esperar al próximo mes para comprobar si el pasaporte inmunitario europeo supera los retos propios de este tipo de certificados.
Es evidente que un pasaporte inmunitario plantea tanto ventajas como desafíos a nivel científico, económico, social y político. Las ventajas son importantes y ayudan a vislumbrar una luz al final del túnel de la pandemia, pero no debemos perder de vista los grandes retos a los que es necesario dar respuesta antes de implementar esta opción.
Además, es importante considerar que este tipo de certificados no pueden ser la única medida tomada para la reapertura, y que si bien pueden ser parte de la solución, es necesario seguir trabajando para conseguir una adecuada y equitativa cobertura vacunal; y reforzar los servicios sanitarios y de vigilancia epidemiológica. Solo así lograremos recuperar la normalidad y estar preparados frente a futuras emergencias en salud.
Clara Marín es médica residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Clínic de Barcelona y colaboradora del departamento de Análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación ”la Caixa”.
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