La acción climática necesita de la colaboración de gobiernos, empresas, grupos científicos y de la sociedad civil. Por eso, siguiendo el ejemplo de otras iniciativas en países como Francia y Reino Unido, España está elaborando una asamblea ciudadana por el clima estatal, que en parte incrementaría la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas. A ella podría unirse otro proyecto en las Islas Baleares, un archipiélago especialmente vulnerable al cambio climático.
Cada vez hay más evidencias que indican que el cambio climático supone una de las mayores amenazas para la humanidad. Es bien sabido que, a pesar de ser un fenómeno global, sus impactos son locales y de diversa índole: sociales, económicos, ambientales, etc.
Las alarmas señaladas por la ciencia son claras, y por eso es imprescindible que los gobiernos tomen medidas decididas de mitigación, adaptación y resiliencia para abordar este gran reto de la humanidad y del planeta. Así, el pasado mes de noviembre tuvo lugar la COP26 para intentar decidir cómo afrontarlo.
Sigue siendo clave eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico de aquí a 2050 (o incluso antes), sobre todo después de que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) haya advertido de que las medidas y transformaciones a realizar son urgentes y de gran magnitud si se quiere evitar llegar a los 2,5ºC de incremento de la temperatura a final de siglo.
La acción climática requiere cambios profundos a nivel social y económico, que hacen imprescindible establecer mecanismos de gobernanza que permitan definir de manera colectiva, constructiva y coherente las medidas a tomar y los objetivos a lograr.
En el contexto específico del Mediterráneo, las Islas Baleares son especialmente vulnerables al cambio climático, tanto por los impactos físicos, como por ejemplo la subida del nivel del mar o la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos (principalmente sequías y olas de calor), como por las consecuencias socioeconómicas que tendrá el calentamiento global y la transición energética en una economía basada en el turismo y muy dependiente del exterior en cuanto a combustibles, materias primas y bienes de consumo.
En el debate acerca de quiénes deben ser los agentes del cambio, es necesario incorporar nuevos enfoques que permitan superar las barreras de la democracia representativa en la toma de decisiones, que estén a la altura del reto que enfrentamos. Así, se suele aludir únicamente a la clase política, a la comunidad científica y a las empresas, cuando en realidad, para lograr estos cambios sin precedentes, ha de contarse también con la ciudadanía.
Así lo indica propio IPCC: “Reforzar las capacidades para actuar frente al cambio climático de las autoridades estatales e infraestatales, de la sociedad civil, del sector privado, de las comunidades indígenas y locales puede permitir la implementación de acciones ambiciosas necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC”.
Es por ello que los gobiernos de algunos países, como Francia o Reino Unido, han puesto en marcha las denominadas asambleas ciudadanas por el clima, en las que grupos de personas seleccionadas al azar, acompañadas por personas expertas, aprenden, deliberan y emiten recomendaciones de políticas climáticas.
En el caso de España, en estos momentos se está realizando una asamblea ciudadana por el clima estatal, análoga a las anteriormente mencionadas. En líneas generales, las asambleas ciudadanas por el clima suponen una herramienta innovadora para fomentar la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas; ayudan a recuperar la confianza en las instituciones; sirven para superar la polarización de los debates en cuestiones climáticas y para resolver situaciones de bloqueo político en esta materia; y suponen un ejercicio de divulgación científica con múltiples beneficios. Todo esto sin olvidar que la necesaria transición ecológica tiene que ser socialmente justa y garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
En el marco del proyecto “Estudio de viabilidad y diagnosis para el diseño de una asamblea ciudadana por el clima en las islas Baleares”, realizado por la Universidad de Islas Baleares y financiado por la European Climate Foundation, se ha elaborado una propuesta de diseño de una asamblea ciudadana por el clima en las Islas Baleares, la cual supondrá la primera experiencia de este tipo en un archipiélago y una de las primeras en el ámbito europeo que se lleve a cabo a escala regional.
Para la elaboración de la propuesta se ha contado con la participación de más de 50 entidades sociales y agentes económicos (patronales y sindicatos) de las cuatro islas que forman las Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), las cuales han aportado sus puntos de vista y observaciones en diferentes fases de la elaboración del borrador, así como de las principales instituciones públicas de las cuatro islas, que han manifestado su interés y compromiso en la materialización de la propuesta.
También se ha contado con las aportaciones de personas expertas en el ámbito nacional e internacional en materia de asambleas ciudadanas por el clima, que actualmente se han articulado en el Knowledge Network on Climate Assemblies (KNOCA).
Dada la complejidad de la estructura competencial y administrativa del archipiélago y la diversidad de contextos socioeconómicos y ambientales de cada isla, la propuesta incorpora dos fases en el desarrollo de la asamblea: una fase insular (cinco sesiones) y una fase autonómica (una sesión), en cada una de las cuales se elaborarán propuestas dirigidas al nivel administrativo correspondiente (insular, autonómico y supraautonómico).
La selección de la muestra ciudadana que formará parte de la asamblea se hará por sorteo y atenderá a los criterios de representatividad de género, edad, nivel de estudios, nivel de renta, lugar de origen y equilibrio urbano/rural. Para las asambleas insulares se propone un número de participantes que corresponda al nivel poblacional de cada isla, y para la fase autonómica se contará con representantes en igual número de cada asamblea insular.
El objetivo será dar respuesta a la cuestión siguiente: “¿Qué necesitamos hacer en las Islas Baleares y en la isla X*, antes de 2030, para afrontar la emergencia climática de forma efectiva y socialmente justa?” * Siendo “X”: Menorca, Mallorca, Ibiza o Formentera
El objetivo será dar respuesta a la cuestión siguiente: “¿Qué necesitamos hacer en las Islas Baleares y en la isla X*, antes de 2030, para afrontar la emergencia climática de forma efectiva y socialmente justa?” * Siendo “X”: Menorca, Mallorca, Ibiza o Formentera.
Actualmente, la propuesta ha sido trasladada a las instituciones involucradas en el proceso de implementación (Gobierno de las Islas Baleares, Consells Insulars y principales ayuntamientos), a la espera de acordar los términos y calendario para su realización. En caso de que la propuesta sea finalmente aceptada, el primer paso sería constituir el equipo de coordinación. En líneas generales, se prevé una duración total del proceso deliberativo de cinco meses y se propone su celebración durante el primer semestre de 2022.
La puesta en marcha de un proceso innovador de democracia participativa en un archipiélago como el balear puede sentar un valioso precedente por varias razones. Primero por la especial vulnerabilidad de las islas frente al cambio climático; la frágil situación de un sistema energético conectado desde la periferia, altamente dependiente de combustibles fósiles y con poca capacidad de maniobra en situaciones de crisis; y la poca capacidad de autosuficiencia alimentaria y las dificultades para el abastecimiento de agua.
La puesta en marcha de un proceso innovador de democracia participativa en un archipiélago como el balear puede sentar un valioso precedente
También es importante por el reto de una planificación territorial racional en islas de reducidas dimensiones; la necesidad de replantear un modelo económico basado en el turismo de masas; la especial relevancia del transporte interislas y con el continente; la complejidad sociocultural de un archipiélago, con dinámicas propias y especiales rasgos de identidad en cada isla; y la idoneidad de los sistemas insulares como lugares de experimentación e innovación para la transición ecológica.
David Abril es profesor de sociología, en la Universitat de les Illes Balears.
Eva Cardona es bióloga y consultora ambiental.
Pau De Vílchez es profesor de Derecho Internacional Público de la Universitat de les Illes Balears.
Flor Dell’Agnolo es ambientóloga y consultora ambiental.
Clara Ferragut es graduada en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales.
Pablo Rodríguez Ros es ambientólogo y doctor en Ciencias del Mar.
Entre los diez finalistas de este año destaca en la primera posición el fármaco inyectable lenacapavir contra el VIH que “con un mecanismo novedoso muestra una notable capacidad para prevenir la infección”.
En su top ten anual, Nature destaca a este grupo de investigadores e investigadoras que han impulsado cambios importantes en sus campos. Sus avances incluyen el desarrollo de relojes atómicos ultraprecisos, la lucha para destapar los casos de fraude científico y la mejora de la equidad en la academia, entre otros.
