En 2005, la apertura en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona de un Centro de Atención y Seguimiento de las drogodependencias (CAS) ocasionó un conflicto vecinal que trascendió a los medios de comunicación y comportó un gran revuelo político. Cinco años más tarde, Gaceta Sanitaria publica un estudio en el que se analiza la percepción de los usuarios sobre un programa de prevención que va mucho más allá del intercambio de jeringuillas.
Los programas de reducción de daños (REDAN), simplificados erróneamente con la etiqueta de narcosalas, intentan atraer a aquellos usuarios de drogas que no pueden o no quieren dejar el consumo. Además de facilitar un uso menos frecuente o más seguro de la vía parenteral, un centro integrado en un recinto hospitalario como el de Vall d’Hebron permite promover la integración de los drogodependientes dentro de la red sanitaria, facilitar el acceso a especialistas en adicciones y en otras enfermedades y minimizar la exclusión social y la estigmatización.
En este trabajo, realizado entre marzo y mayo de 2009, se exploró la opinión de los usuarios de este programa mediante doce entrevistas en profundidad y un grupo focal con ocho participantes. Dentro de diversos aspectos mencionados por los usuarios, se encuentra el conflicto ocasionado por la apertura del centro tuvo una doble consecuencia.
Paradójicamente, por un lado, sirvió para que algunos de los usuarios conocieran la existencia del programa y accedieran a las instalaciones. Por el otro, la polémica vecinal fue percibida por ellos como estigmatizante y como una vivencia de maltrato al atribuirles características de peligro. “La gente sentada afuera con pancartas… Al principio era un horror venir aquí, hasta que su fueron calmando…”, relata uno de los afectados.
La edad media de los usuarios del CAS de Vall d’Hebron es de 33 años y en su gran mayoría (el 71%) son hombres. El 69,5% tiene dependencia de heroína y el 62,2% es politoxicómano. De los diferentes servicios que ofrece el programa, hacen uso del tratamiento con metadona el 61,9%; del programa de intercambio de jeringuillas, el 37,5%; de la sala de consumo supervisado, el 35,7%; y de las duchas, el 34,2%.
Los usuarios valoran positivamente la facilidad para acceder a distintos especialistas, tanto internos como externos al CAS, así como la información recibida, que consideran clara y adecuada a sus necesidades. Destacan el papel de los educadores sociales. Como barreras mencionan el horario de atención (que es diurno y partido), cuestiones de infraestructura y cierta frialdad en la sala de consumo. También demandan asesoría legal y más psicoterapia. Aún así, la integración en un recinto hospitalario en general los hace sentir aceptados y no discriminados como consumidores en activo.
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Referencia bibliográfica:
Constanza Daigre et al. Valoración de los usuarios de un programa de reducción de daños integrado en un ambulatorio de drogodependencias. Gac Sanit 2010;24:446-52.
En el último informe publicado por el Instituto de Salud Carlos III se muestra cómo, entre 2021 y 2023, la gonorrea creció un 42,6% y la sífilis, un 24,1%. Desde el inicio de la década de 2000 se observa un incremento en la incidencia, especialmente en hombres jóvenes.
En octubre de 2023 se recomendó por primera vez a nivel estatal en España la vacunación antigripal en población pediátrica. Un año después, una investigación liderada por investigadoras del Instituto de Salud Carlos III resalta su eficacia.
