Cristina Narbona, presidenta de la VIII Conferencia de las Partes (COP8) de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, ha presentado hoy en Madrid los primeros avances de cooperación para la lucha mundial contra la Desertificación, así como el desarrollo de un estudio sobre la importancia de la desertificación en términos de seguridad.
Para luchar contra la degradación del suelo y la pérdida de su calidad, un problema que afecta a todo el planeta, no sólo a los países empobrecidos, el Gobierno de España, que de 2008 a 2009 ocupará la presidencia de la COP8, se ha comprometido a realizar un avance efectivo en la lucha contra la desertificación.
Para ello, Cristina Narbona ha mostrado la voluntad de que la lucha contra la desertificación se debata al mismo nivel que la lucha contra el Cambio Climático o la pérdida de la Biodiversidad. “Desde el Secretariado de la Convención se está haciendo un gran esfuerzo para establecer un diálogo político al más alto nivel que implique a todos los gobiernos del mundo, de la misma forma que ya se ha conseguido en una política contra el Cambio Climático”, ha señalado Narbona al presidir en Madrid la primera reunión del Bureau de la COP8.
Entre los compromisos de España, Narbona ha destacado la financiación para la elaboración de un estudio sobre la importancia de la desertificación en términos de Seguridad, “en su sentido más amplio, de la seguridad alimentaria y para la convivencia”. Este estudio se presentará en Nueva York el próximo mes de mayo con motivo de la celebración de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que este año se vuelca en África para el desarrollo rural para la lucha contra la desertificación.
Además, “este año se ha abierto una nueva línea de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) para ayudar a distintos países en proyectos concretos de la lucha contra la desertificación”, ha explicado la ministra en funciones de Medio Ambiente. Según Narbona, la FAO ha propuesto proyectos en Marruecos, Senegal y Ecuador.
A los 80 millones de euros aportados desde 2006 por el Gobierno de España para la cooperación internacional y la lucha contra la desertificación, se suman para este año 185.000 euros más que completan el presupuesto acordado el pasado noviembre en Nueva York. Narbona ha declarado que se trata de una “magnífica ocasión” para que la Convención aspire a tener la misma relevancia social y política que la convención sobre Cambio Climático y la de Biodiversidad.
Plan estratégico hasta 2018
Estos compromisos se suman a la aprobación de un Plan Estratégico a 10 años para luchar contra la desertificación, resultado de la COP8 y que el Secretario Ejecutivo de la Convención, Luc Gnacadja, ha definido hoy como “el primer avance”. Esta estrategia establecerá indicadores para medir el avance de los logros de la Convención. De esta forma, el Plan “impulsa a los países a luchar mejor y así implica a la sociedad”, ha asegurado Gnacadja.
Según el Secretario Ejecutivo, no se puede usar el suelo de forma insostenible. “Es necesario llevarlo a otro nivel para reducir la pobreza y generar beneficios globales”, ha concluido. La aportación de avances socio-económicos para ayudar a los países que sufren el progreso de la desertificación es una de las principales metas de la COP8.
La jornada presidida por Narbona ha contado con la representación de Estados Unidos, República Checa, India, Namibia, Siria, Túnez, Filipinas, Panamá, Ucrania y Uruguay, y ha permitido revisar los avances logrados en la reforma de la Convención y en la reconducción de sus instituciones para conseguir metas concretas.
Entre los galardonados de esta edición se encuentran investigadores que han abierto nuevas vías en el tratamiento de enfermedades, aplicado la visión artificial a campos como la cirugía robótica o los coches autónomos, y contribuido a abordar la crisis ambiental con estudios de referencia sobre el cambio climático y la extinción actual de especies.
Pedro Sánchez ha anunciado hoy la puesta en marcha de un nuevo ecosistema de asesoramiento científico que se encargará de conectar al gobierno con las universidades y centros de investigación para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Habrá además una convocatoria de dos millones de euros para la financiación de proyectos.
