Un estudio ha permitido diseñar en la ciudad de Nueva York dos intervenciones para reducir la ratio de incomparecencias judiciales por infracciones leves, evitando más de 30.000 órdenes de arresto en tres años. El éxito de las actuaciones se ha asegurado comunicando de manera clara cuándo y dónde acudir, y mandando recordatorios por SMS.
Cada año, millones de ciudadanos estadounidenses dejan de asistir a sus citaciones judiciales relacionadas con delitos menores como hurtos, conductas incívicas o llevar botellas de alcohol abiertas en un vehículo. En consecuencia, son acusados de desacato a la justicia y se emiten órdenes de arresto que aumentan drásticamente la severidad del delito original.
Este sistema está diseñado para disuadir las incomparecencias judiciales y presupone que las personas que no acuden ante el juez lo hacen a propósito. Pero ¿qué ocurre cuando estas faltas se deben a errores humanos, como haberse olvidado de la fecha o no entender exactamente qué es una citación judicial?
Esta es la hipótesis de un estudio publicado en el último número de la revista Science que ha estudiado el impacto que tienen en las ratios de incomparecencias dos tipos de actuaciones o “ayuditas”, como las definen los investigadores, que mejoran la comunicación de la información judicial.
Las medidas son, por un lado, realizar pequeñas modificaciones en el documento oficial de la propia citación, expresando de manera más clara y prioritaria el día, hora y lugar del llamamiento, así como las consecuencias de no acudir ante la justicia.
Por otro, se envían varios SMS a los acusados –que han ofrecido su teléfono móvil como vía de contacto– una semana antes de su cita, a modo de recordatorio. Según las estimaciones de la investigación, estas dos intervenciones han evitado más de 30.000 órdenes de arresto en un periodo de tres años.
Las citaciones rediseñadas han logrado que las ratios de incomparecencias bajen del 47 % al 40 %, lo que se traduce en unas 23.000 órdenes de arresto menos. En el caso de la ayuda con mensajes de texto, aquellos que no proveen un número de teléfono presentan un 37,9 % de ratio de incomparecencia, mientras que las personas que recibieron los SMS de recordatorio faltan a sus citas judiciales en un 29,9 %.
Esquema de las intervenciones realizadas. / Fishbane, Ouss, Shah
Alissa Fishbane es la autora principal de la investigación y directora de ideas42, una organización sin ánimo de lucro que emplea las ciencias del comportamiento para diseñar medidas que tengan un impacto social escalable. Defiende que estas intervenciones son “una victoria completa y de bajo coste tanto para los individuos como para el sistema judicial”, ya que evita que las personas sean arrestadas por delitos menores y que los tribunales inviertan recursos y tiempo en estas órdenes de arresto.
“Algunas jurisdicciones ya han escuchado algo de este trabajo y nos están pidiendo adaptar estas intervenciones a sus entornos locales”, asegura Fishbane, en rueda de prensa. En su opinión, este trabajo es una muestra de cómo aplicar las ciencias del comportamiento para ayudar a la gente en su día a día.
La coautora del trabajo Aurelie Ouss, investigadora del departamento de Criminología de la Universidad de Pensilvania, apunta a SINC que las incomparecencias (o FTA, por las siglas en inglés de failure to appear) son “una característica común de justicia penal de Estados Unidos”.
Algunas de las acciones planteadas para reducir las FTA son las órdenes de arresto, que funcionan como medida disuasoria; las multas, que deberían servir como un incentivo financiero; y las detenciones preventivas, “que llevaría las ratios de incomparecencia a cero pero con un enorme costo para el sistema judicial y para el acusado”, explica la investigadora.
“Estas políticas presuponen que la gente está valorando concienzudamente los costes y beneficios de no acudir a juicio. Nuestro estudio explora medidas que tienen en cuenta la falta de conocimiento de los acusados y que son más efectivas y humanas”, resume.
A pesar de la reducción de las ratios incomparecencias tras las intervenciones de este estudio, el 40 % de los llamados a declarar por delitos menores no acuden a su cita con la justicia en la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles serían los motivos de estos desacatos?
Aunque estos motivos no son el objeto de estudio de esta investigación, la experta en criminología señala que los acusados pueden encontrar muchos motivos para no acudir a los tribunales: “Algunos prefieren no faltar a su trabajo por riesgo a perder su empleo, tienen problemas de transporte para llegar al tribunal o, simplemente, eligen no acudir”.
No obstante, destaca que esta investigación muestra que la falta de conocimiento sobre las citas judiciales es una barrera importante, que hay que tener en cuenta y que puede ser resuelta con medidas de bajo coste y humanas.
Por otro lado, las órdenes de arresto establecidas tras las incomparecencias tienen un importante impacto en la vida de los acusados que también debe ser valorado. Un estudio etnográfico en Filadelfia demostró que la población con órdenes de arresto activas suelen evitar espacios públicos en los que pueden ser identificados y arrestados.
Esto se traduce en que dejarán de ir a hospitales, a una entrevista de trabajo; tendrán más reticencias a denunciar delitos ante la policía –incluso cuando son víctimas–, preferirán no usar servicios sociales como los cupones de alimentos o la orientación laboral o incluso cambiar de vivienda por miedo a ser descubiertos.
“La próxima vez que interactúen con un agente policial, comprobará su nombre y será arrestado, incluso por una infracción menor”, explica Ouss. En el caso especial de la población extranjera, esto puede tener un impacto en su estatus migratorio y en el acceso a servicios públicos básicos.
En las segunda parte del trabajo, Fishbane y su equipo plantearon experimentos de laboratorio con profesionales del derecho criminal y gente sin conocimientos legales para comprobar cómo se perciben las incomparecencias entre estas poblaciones.
Así, la creencia mayoritaria de la población no experta es que estas faltas a la justicia son relativamente intencionadas. Esta creencia, explican las investigadoras, lleva a un menor apoyo popular a las intervenciones como las que se han diseñado en este estudio, que tienen en cuenta que el error humano puede ser un motivo de incomparecencia.
En paralelo, la población experta (fiscales, jueces, abogados defensores) sí considera que las incomparecencias pueden deberse a fallos no intencionados como los descritos en este trabajo, y apoyan estas intervenciones. “Pese a esto, la actual política de la justicia penal se alinea más con la intuición popular que la de los expertos”, concluyen.
Referencia:
Fishbane, A. et al,. "Behavioral nudges reduce failure to appear for court". Science 8 de octubre de 2020
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