Una veintena de especialistas en epidemiología y salud pública reclamaron en agosto que España llevara a cabo un examen de su respuesta ante la crisis sanitaria. Ahora, publican una segunda carta en The Lancet Public Health en la que ofrecen directrices para que la iniciativa tenga éxito. Consideran indispensable el apoyo y la implicación de los gobiernos central y regionales “en un país donde las tensiones políticas son altas”.
La respuesta española frente a la pandemia de coronavirus debe ser evaluada de forma independiente. Es lo que pedía una veintena de investigadores en una carta publicada en The Lancet a comienzos de agosto. Hoy la revista The Lancet Public Health difunde una segunda parte en la que plantean cómo llevarla a cabo. En el texto, sugieren tres requisitos y cuatro guías que deberían tenerse en cuenta para que este examen tenga éxito.
El primer requisito es la “urgencia”. Según los autores, el examen debería empezar “inmediatamente” y “reportar de manera periódica” sus conclusiones. “Es necesario hacer la evaluación ya, no cuando pase la pandemia”, advierte a SINC Rafael Bengoa, uno de los firmantes del artículo, médico especialista en gestión y director del Instituto de Salud y Estrategia. “Muchas de las ideas que surjan podrán ser implementadas rápido para que ayuden en la gestión a partir de otoño”.
El segundo es el “apoyo a gran escala” de la iniciativa. La carta lo considera necesario “en un país donde las tensiones políticas son altas”, y asegura que deberá incluir a políticos, investigadores, sanitarios, pacientes y al conjunto de la sociedad. “Es clave que [la iniciativa] tenga el apoyo de los partidos y que haya consenso con las Comunidades Autónomas”, explica el investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona Alberto García-Basteiro, otro de los autores del texto.
El último requisito necesario para que la evaluación sea fructífera es “el compromiso firme” por parte de los gobiernos central y regionales de “escuchar las recomendaciones propuestas” y “actuar de manera acorde”. En este sentido, García-Basteiro confirma que habrá una reunión con el ministro Illa el 1 de octubre, pero confía en que el proceso se pueda realizar “con unos intervalos de tiempo más reducidos” sin que esto “distraiga” a los evaluadores de su trabajo principal, la principal preocupación de Fernando Simón.
“Es importante que la evaluación sea independiente, externa, imparcial y transparente”, explica García-Basteiro. Para ello, la carta de The Lancet propone cuatro guías a modo de “ingredientes” esenciales.
En primer lugar, la “independencia” de los miembros del comité de evaluación —y sus electores—. García-Basteiro destaca la importancia de que sean “externos” y cuenten con el “consenso” de Gobierno, oposición y comunidades autónomas, para que “todo el mundo esté de acuerdo con las reglas del juego”.
Para lograrlo, los firmantes de la carta sugieren seguir ejemplos como el examen llevado a cabo por el estado de Victoria (Australia), así como la comisión evaluadora de la OMS. García-Basteiro propone establecer “convocatorias abiertas” a distintos perfiles. Además, señala la necesidad de “revelar los conflictos de interés” y garantizar “que no haya miembros que participen en la gestión o tengan relación con el Gobierno”.
En segundo lugar, que el comité muestre “equilibrio de género y disciplinas”. El investigador de la Universidad de Alcalá y firmante de la carta, Manuel Franco, asegura que “harán falta especialistas en politología, epidemiología, sociología y economía”, además de otros expertos para evaluar las distintas “patas” de la pandemia.
En tercer lugar, los especialistas piden que el examen se centre en dar recomendaciones y no en “culpabilizar”. Según García-Basteiro, el objetivo es crear “estructuras de salud más preparadas y resilientes”. Para ello, se busca “identificar lo que no ha funcionado bien, las debilidades [de la respuesta española] y qué mejoras hay que hacer”.
En cuarto lugar, que el análisis sea de “amplio espectro” y tenga en cuenta los aspectos sociales, económicos y sanitarios de la pandemia en un país con competencias “altamente descentralizadas”. Franco dice que para esto se necesita analizar “cómo nos coordinamos y gestionamos los datos, cómo la evidencia científica ayuda a la toma de decisiones, cómo afectan las desigualdades sociales a la pandemia y cómo evaluar la efectividad de las medidas tomadas”.
“No tenemos la llave mágica de cómo debe ser una evaluación útil, solo insistimos en que es importante hacerla”, aclara García-Basteiro, que aclara que cualquier aportación es bienvenida. “Estamos preocupados por la situación que vivimos en esta segunda ola y [esperamos] que entender nuestras fragilidades sea útil para el futuro”.
“La primera ola demostró que tenemos muchos aspectos subóptimos y que debemos estar preocupados”, dice García-Basteiro. Cita el informe de la comisión de la COVID-19 de la ONU publicado en The Lancet la semana pasada, que situaba a España entre los once países con “transmisión muy alta” durante agosto.
“En marzo y abril estábamos apagando el gran fuego, pero el foco no puede estar solo en apagar fuegos. Hay que seguir extinguiéndolos, pero también pensar prospectivamente en mejoras, cambios estructurales y otras cuestiones que nos hagan más resilientes ante amenazas como esta, que ponen en estrés a toda la sociedad, sistemas de salud y de protección social”, añade el investigador.
Bengoa afirma que los cambios estructurales que pueda sugerir una evaluación “ya los conocemos desde antes, pero la covid-19 brinda la oportunidad de hacerlos” con independencia del color político. “Por ejemplo, si los servicios de salud estuvieran conectados a la gente vulnerable, habría habido menos mortalidad en residencias. [Ahora], ¿quién se atreverá a no hacerlo?”.
Aun así, considera que pasará “por lo menos un mes” antes de que se nombren los expertos del comité de evaluación. Por eso considera necesario crear “inmediatamente” comisiones científicas mixtas cuyo objetivo sea “estabilizar las crisis” en las Comunidades Autónomas.
Para ello, “deberían comprometerse a avanzar juntos, reunirse a diario, compartir información en tiempo real, reportar juntos a los medios y sugerir al ámbito político lo siguientes pasos a tomar”. Pone como ejemplo la capital: “La idea ya no es comprender qué ha pasado, sino estabilizar Madrid como si fuera un paciente. Ya se verá después por qué entró en crisis”.
Bengoa comparte la recomendación “más difícil de conseguir” en su opinión. “Durante estos meses, el ámbito político debería abstenerse de calentar más el ambiente con acusaciones mutuas”. Ya lo advirtió otra de las firmantes de la carta, la investigadora de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido) Helena Legido-Quigley, en una entrevista a SINC publicada en marzo: “Los partidos políticos tienen la responsabilidad de no utilizar esta crisis para sus intereses”.
García-Basteiro espera que todos los países, sobre todo lo más afectados por la pandemia, hagan algún tipo de evaluación interna. Algunos, como Suecia, ya han empezado. Por ese motivo defiende la “oportunidad” de abrir el camino: “Sería bueno que España fuera ejemplo de transparencia y de intentar hacer las cosas mejor”.
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