El Perfil Ambiental de España, presentado hoy por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, muestra, entre otros, que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron en 2018 un 6,2 % respecto a 2017, aunque aumentaron las de ciertos contaminantes atmosféricos. La superficie terrestre protegida aumentó un 2,5 % y la marina lo hizo un 2 % en 2019.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado esta mañana el informe del Perfil Ambiental de España (PAE) que se realiza anualmente con el objetivo de acercar el conocimiento ambiental a los ciudadanos y fomentar su participación. Este año es la 16ª edición.
“Se trata de un documento muy valioso, porque nos permite tomar decisiones sólidas basadas en el conocimiento y en la capacidad de proyectar, e identificar los puntos en que debemos esforzarnos más”, ha señalado Ribera. “Una sociedad bien informada es la mejor herramienta para construir resiliencia”, ha asegurado. El Ministerio trabaja para incorporar otros indicadores que permitan tener una foto más completa de las variables que relacionan salud y medio ambiente.
El estudio presenta un enfoque global y se compone de un primer apartado dedicado a la relación entre medio ambiente y salud, y de un segundo capítulo que trata cuatro áreas de conocimiento (aire, clima, sectores económicos y sostenibilidad) en las que se agrupan 14 temas ambientales y sectoriales. El contenido de la información ambiental se estructura a través de 71 indicadores.
El Avance de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero refleja unas emisiones brutas de 313,5 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2019, lo que supone una disminución respecto al año anterior del 6,2 % y del 29,3 % con respecto a 2005. No obstante, en 2018 España aportó el 7,9 % de las emisiones totales de GEI de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), convirtiéndose en el sexto país emisor. Por habitante, se sitúa en la posición número 18, por debajo de la media europea.
Las emisiones de la industria (2,9 %), la agricultura (1,4 %), el sector residencial, comercial e institucional (3 %) y el uso de gases fluorados (5,2 %) disminuyeron en 2018, mientras que aumentaron ligeramente las del sector residuos (0,7 %) y del transporte (0,7 %).
Respecto a las emisiones de contaminantes atmosféricos, las de amoniaco (NH3) superan el límite establecido durante el periodo 2010-2018, con un exceso de emisiones del 25 % de media sobre el techo de emisión establecido. En cuanto a la calidad del aire regional (contaminación de fondo), en los últimos años se han reducido notablemente las emisiones de dióxido de azufre (SO2), mientras que el material particulado (PM2.5) y el ozono (O3) han experimentado un incremento de su concentración media.
Para mejorar la calidad del aire, en septiembre de 2019 se aprobó el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, con un conjunto de medidas dirigidas a los sectores que permitirán reducir los niveles de contaminación de compuestos y sustancias nocivas, proteger la salud de las personas y de los ecosistemas y cumplir con los requisitos establecidos para España en la Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030.
La vicepresidenta, Teresa Ribera, durante la presentación del informe esta mañana. / MITECO
En lo que respecta a la superficie terrestre protegida, en 2019 alcanzó un 33,6 % del territorio español, lo que supone un aumento del 2,5 % con respecto al año anterior, mientras que la marina ascendió al 12,2 % tras la ampliación del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera. Esto supuso un aumento del 2 % con respecto a 2018.
También se produjo en 2019 un incremento de la superficie incorporada a las Reservas de la Biosfera, que alcanza más del 12,4 % del total de España: de las 18 reservas de 12 países añadidas en junio por la UNESCO, tres de ellas pertenecen a España (Alto Turia, La Siberia y Valle del Cabriel), y otras tres han aumentado su extensión y cambiado su denominación.
Por otra parte, en la última década ha disminuido el número de incendios y grandes incendios y las superficies afectadas por ambos. Sin embargo, el informe refleja un aumento progresivo en la superficie media afectada por grandes incendios forestales que, en general, ocasionan mayores daños al medio natural y a los sistemas socioeconómicos asociados.
Para mejorar la gestión de los incendios forestales y reducir sus impactos, en 2019 desde el ministerio se aprobó el documento de “Orientaciones Estratégicas para la Gestión de Incendios Forestales en España”.
Por lo que respecta a la defoliación (pérdida de hoja), los resultados muestran un decaimiento mayor del arbolado en 2019 que el registrado de media en el último quinquenio. Esto podría deberse a que los periodos de sequía son cada vez más extremos, recurrentes y prolongados, lo que dificulta la recuperación de las masas forestales.
En cuanto a los datos que refleja el Inventario Nacional de Erosión del Suelo de 2019, alrededor del 25 % de la superficie de suelo erosionable de España sufre procesos erosivos medios y altos (pérdidas de suelo superiores a 10 toneladas por hectárea al año).
A este respecto, el Consejo de Ministros anunció el pasado enero la elaboración de una Estrategia de Lucha contra la Desertificación dentro de la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental, al que le seguirá un nuevo Programa Nacional de Lucha Contra la Desertificación.
Desde 2011, en España se generan, de media, menos residuos por habitante que en la UE. En 2018, España aportó el 8,9 % de todos los residuos municipales comunitarios, ocupando la quinta posición entre los Estados miembros. Ese mismo año, el depósito a vertedero fue de cerca del 51 % de los residuos generados, cifra superior a la media europea, aunque mantiene la tendencia de descenso de los últimos años desde el 58 % registrado en 2014.
Para mejorar esta situación, este año se ha aprobado el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Además, España cuenta con la Estrategia de Economía Circular “España Circular 2030” y con un anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos contaminados en tramitación.
En el ámbito de los residuos que acaban en el mar, en 2019 se han realizado 104 campañas de muestreo en 26 playas de las cinco demarcaciones marinas en el marco del Programa de Seguimiento de Basuras Marinas. En estas se ha encontrado una abundancia media de 327 objetos por campaña, con una variabilidad que va de 647 objetos en la demarcación del Estrecho y Alborán a 118 objetos de la demarcación sudatlántica.
El total de campañas realizadas durante el periodo 2013 a 2019 se eleva a 708, con una abundancia media de 337 objetos por campaña. La tipología de objetos encontrados es muy amplia, pero destaca especialmente la presencia de plásticos (71,8 % del total).
Movilidad y reto demográfico
El parque de turismos creció en 2018 un 9,4 % respecto al año anterior, ascendiendo a 24.074.151 vehículos. El 1,2 % de estas matriculaciones correspondió a vehículos de combustibles alternativos, cifra que continúa aumentando. Ese mismo año, en torno a 15 millones de vehículos contaban con distintivo ambiental, aunque solo el 1,9 % de ellos contaba con distintivo ECO y el 0,2 % con etiqueta CERO.
El Gobierno ha desarrollado múltiples medidas para favorecer la transición hacia una movilidad limpia de forma planificada, como el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra en tramitación parlamentaria, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, así como la aprobación de líneas de ayudas como el Programa MOVES I, el MOVES II o el Programa MOVES Singulares.
Por otra parte, el informe de este año incluye, por primera vez, indicadores para medir el reto demográfico. En España, las ciudades concentran el 54 % de la población en el 5 % del territorio y las zonas intermedias agrupan al 32,8 % de sus habitantes en el 22 % de superficie, mientras que las zonas rurales solo acogen al 13,2 % de la población en el 73 % del territorio. Casi la mitad de nuestro país se encuentra por debajo del umbral que la UE considera en riesgo de despoblación.
En la última década han perdido población el 85,6 % de los municipios de menos de 1.000 habitantes, el 73,7 % de los municipios de 1.000 a 5.000 habitantes y el 51,2 % de los municipios de 5.000 a 20.000 habitantes.
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