La revista The Lancet analiza esta semana en su editorial la posible revisión de la Declaración de Tokyo de 1975 sobre Ética Médica y Tortura con el objetivo de asegurar que son identificados aquellos médicos cómplices en la tortura de presos. La complicidad médica con la tortura y el maltrato de presos es una práctica común en los cerca de 100 países que la practican en la actualidad.
El editorial, escrito por Steven Miles del Centro de Bioética de la Universidad de Minnesota (EE UU), y por Alfred Freedman del Colegio Médico de Nueva York, sostiene que la complicidad médica con la tortura y el maltrato de presos es una práctica común. “Los médicos dejan las mínimas huellas físicas posibles, certifican que los presos son aptos para ser torturados, controlan las constantes vitales durante el maltrato y otorgan su aprobación para intensificar la tortura”.
De un 30 a un 50% de los presos que sobreviven a la tortura explican cómo los médicos han sido testigos del maltrato. La muerte de los presos que no sobreviven es certificada, voluntariamente o bajo coacción, como muerte debida a causas naturales. Según los autores “hay muchos más médicos que son cómplices de la tortura de presos que los que trabajan en programas para tratar a los supervivientes a la tortura”.
La Declaración de Tokyo de la Asociación Médica Mundial (WMA) ha sido un hito histórico en la ética médica. Se aprobó en 1975 y ha sido objeto de varias revisiones. La declaración condena la participación médica en la tortura y el tratamiento cruel, inhumano o degradante que disminuya la capacidad de la víctima a resistirse a dicho tratamiento. Aunque en 2006 la WMA actualizó la declaración, la revista subraya la necesidad de una nueva versión.
Los autores proponen cuatro formas en las que debería revisarse el código. En primer lugar, incorporando definiciones autorizadas de tortura y de tratamiento cruel, inhumano o degradante para armonizar este código de ética médica con las leyes internacionales, y así denunciar la responsabilidad de los médicos según las leyes internacionales.
En segundo lugar, revisar la Declaración de Tokyo para incorporar algunas de las buenas ideas por las que han abogado diversas sociedades clínicas. Por ejemplo, se deberían publicar todos los certificados de defunción de los detenidos que mueren, tal y como obliga actualmente la Convención de Ginebra para los prisioneros de guerra.
En tercer lugar, controlar a aquellos médicos profesional y criminalmente responsables de colaborar en el maltrato de prisioneros. Y por último, hacer legible para cualquier persona con formación básica la nueva revisión de la Declaración de Tokyo. Según los autores, para entender la versión actual se requieren unos conocimientos de grado universitario y como promedio cada frase contiene más de 30 palabras.
“La comunidad médica es clave para luchar contra la tortura. Una comunidad médica que consiente el maltrato entre sus miembros mina su credibilidad a la hora de protestar contra las comunidades médicas o los médicos de otros países que colaboran con la tortura. Los médicos deben cumplir su obligación de favorecer el bienestar de los presos y desarrollar competencias para identificar el abuso e integración en la sociedad civil”, subrayan.
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