“A las Listas Rojas españolas les pongo sobresaliente, a nuestras leyes un cinco o suspenso”

¿Qué importancia tiene para España formar parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza?

Pertenecer a la UICN, que es una organización muy grande con 130 países miembros –estatales y también organizaciones no gubernamentales– supone formar parte del centro más importante en materia de conservación y doctrina conservacionista.

Precisamente este año se celebra el 50 aniversario de su Lista Roja, ¿cuál es el papel de España en su historia?

Hace medio siglo, la primera de estas listas que se hizo fue sobre aves, pero por aquella época España no se ocupaba de estos asuntos. La Lista Roja es un ejercicio técnico en el que se evalúa el estado de las especies para saber cuál es el riesgo de extinción que tienen y se hace un inventario, en distintos niveles, según el nivel de amenaza. En España, el primer Libro Rojo me tocó organizarlo a mí en 1987. Desde entonces hasta ahora han salido de la lista muchas especies porque se dispone de mayor información. La lista ha servido para reunir y organizar numerosos conocimientos científicos que antes estaban repartidos entre expertos, universidades, y aficionados, entre otros, pero que no eran operativos.

¿De qué forma cambia esta tendencia?

Al reunir la información y hacer estas evaluaciones, que además se repiten cada 5 años, hemos podido conocer razonablemente bien cuál es la situación de la flora y la fauna en España, así como los factores más importantes de amenaza para cada caso. La Lista Roja ha aportado a España una visión bastante moderna de cómo está la naturaleza y las especies de animales y de plantas en nuestro país, pero no los hábitats. Esa es su importancia.

¿No se había hecho de forma sistemática hasta ese momento?

No, porque la gente que estudiaba conocía a los animales, pero el mundo del conocimiento científico y la conservación –es decir la ciencia y la tecnología– no estaban conectados. Lo lógico es que esas listas rojas se usen para poner en práctica la conservación, para elaborar, por ejemplo, los informes de impacto ambiental. Es sobre todo fundamental en legislación de protección, pero es este último paso lo que ha fallado.

¿Esa deficiencia es exclusiva de España?

Hay países que lo han hecho igual de mal que nosotros al crear una relación directa entre la máxima protección y una especie que está en peligro de extinción. No siempre es necesario que sea así. A veces, con medidas sencillas se resuelven problemas de gran amenaza. No hay una relación unívoca. Aunque hay una gran tradición científica tenemos menos experiencia en cuestión de conservación. Creo que se podría haber hecho bien, pero por ciertos motivos no ha sido así. Soy bastante crítico en este punto. A las Listas Rojas españolas les pongo un sobresaliente –por la información que contienen–, sin embargo a nuestras leyes con sus catálogos les pongo un cinco o un suspenso en algún caso.

¿Cómo es el sistema de evaluación de especies para incluirlas en la lista?

Es un proceso vivo a través del cual se han evaluado en el mundo unas 60.000 especies. El objetivo es llegar a las 180.000 en el año 2020. Los expertos van haciendo reevaluaciones. En la última se quitaron unas 40 especies en España. La razón es que ahora se conocen mejor y se sabe que no estaban amenazadas. La idea de poner una especie en un catálogo como este es que acabe saliendo de él. Es un motivo de alegría el que salga de la amenaza. Ahí es donde todavía la sociedad no entiende los mecanismos. Las especies no son como monumentos que se catalogan y se protegen para que siempre estén ahí: en este caso se protegen para aplicarles planes de recuperación. En España calculo que sigue habiendo un porcentaje muy alto de especies que están ahora mismo con una protección especial alta que no lo necesitan como, por ejemplo, muchas aves insectívoras. Podríamos estar hablando de entorno al 30 % de la lista de especial protección.

¿Qué diferencia hay entre la Lista Roja y los catálogos de especies amenazadas?

Las listas rojas siempre se han hecho con bastante rigor científico. Los catálogos, que son los que recoge la legislación española, incluyen un 20 % de especies de la primera. La forma en la que se incluyen especies en el catálogo es un poco más extraña. Algunas se incluyen porque son un símbolo, tienen un interés social, y no porque estén realmente amenazadas. Lo triste es que haya especies catalogadas como ‘muy amenazadas’ por aclamación popular y otras que sí lo necesitan no lo estén. Sería como si pones a un paciente en la UVI, no porque se esté muriendo, sino por aclamación popular, aunque no le haga falta, y el que sí lo necesita se quede fuera.

¿Podría darme algún ejemplo?

En Canarias, como es un territorio bastante pequeño y los problemas de conservación son mucho más acuciados que en el territorio peninsular hay muchísimas especies catalogadas como en peligro de extinción que no lo están. De hecho, se están destinando fondos y recursos a ellas en vez de a otras a las que les hace falta. Algunos ejemplos son la piña de mar o la pimelia canaria –una especie de escarabajo–, que están protegidas en exceso. Hay que revisar parte de las listas rojas con los criterios científicos, y después toda nuestra legislación.

¿Cómo valoraría los programas de recuperación de especies que están ahora mismo en funcionamiento?

Tenemos cierta praxis, sin embargo, muchos de estos programas se han encontrado con especies catalogadas como ‘amenazadas’ que al empezar con el plan de recuperación aparecen por muchos lugares. Otros muchos casos están funcionando muy bien. Después están las ‘especies bandera’ como el oso pardo o el lince, que se han llevado unas cantidades ingentes de dinero. Pero también son casos más complejos.

¿Está justificado que se les presten tantos medios?

En este caso no solo hay que analizarlo desde el punto de vista de la producción. Han tenido una inversión excesiva por hacer de portavoces de la conservación. Son especies insignia, la gente habla de ellos y eso también tiene un valor indirecto. Aunque a los profesionales nos preocupa más la situación de la especie. Los fondos se reciben también porque hay una aceptación social. Aunque haya especies que hayan salido muy caras, también han hecho un servicio. El problema es que estos temas aún no se asumen como la salud humana.

¿En qué sentido?

La salud está estructurada, la del medioambiente todavía es la ‘Cenicienta’ en las administraciones. Cuando hay recortes se deja de lado. En este foro surgió un mensaje muy bonito: Mens sana, in corpore sano, in hábitat sano. Es un nuevo paradigma. Nosotros nos quedamos con que la mente sana en el cuerpo sano y hasta ahí llega la sociedad. Nos falta dar ese salto de internalizar que el hábitat es parte del todo. Estamos hablando de salud de los sistemas de los cuales depende el propio bienestar del hombre. Falla el pulso político, el destinar fondos, el asumir que el ‘hábitat sano’ es parte del todo, no una cuestión anecdótica de la gente que ama a los animales. Hace falta una actualización legislativa muy importante.

Además de las leyes, otro factor a tener en cuenta es el de la dirección porque el 25 % de las áreas protegidas del mundo no está bien gestionado. ¿Cuál es la situación en nuestro país?

En España tenemos una enorme cantidad de áreas protegidas. Antes había lo que se llamaban ‘parques de papel’: se creaban en la legislación pero luego no se hacía nada con ellos. Todavía existen. Pero todo esto va cogiendo cierta racionalidad, sobre todo a raíz de la Directiva de Hábitats y la Red Natura 2000. Un ejemplo, de todas las plantas protegidas que hay amenazadas en España es que el 20 % están en áreas protegidas y el 97 % en la Red Natura 2000. Esto refleja que se ha hecho con cabeza. Respecto a los planes de gestión, cerca de un tercio de las áreas protegidas cuenta con ellos. Las áreas marinas no los tenían pero ahora sí. Pero se hicieron rápido para cumplir con los plazos que marcaba Europa y no están funcionando. Ahora España tiene un gran reto.

¿Sería el desafío más urgente para la conservación?

Existe otro reto previo: preparar a los profesionales que sepan hacer este trabajo. Hay muchos biólogos pero estas son cuestiones técnicas, hay que estudiar conservación, leyes, etc. Ahí es donde España tiene todavía un reto importante. En el último Congreso Mundial de Conservación celebrado en Corea esta fue una de las conclusiones a escala mundial: falta capacitación.