El porcentaje de jóvenes que se independizan en España se ha duplicado desde 1996, pero lo hacen de forma precaria, y son mayoría quienes dependen de su familia al menos hasta los 30 años. Ésta es la principal conclusión del último informe del CIS, La emancipación precaria. Transiciones juveniles a la vida adulta en España a comienzos del siglo XXI.
El número de jóvenes de entre 16 y 29 años que viven exclusivamente de sus ingresos casi se ha duplicado desde 1997, hasta alcanzar en 2006 un 26,3%. Además, el porcentaje de quienes se independizan de la casa familiar ha crecido un 11% en diez años, hasta llegar al 31% en 2006, y los jóvenes que el Instituto Nacional de Estadística califica como personas emancipadas (las que tienen un empleo remunerado, son el miembro con mayores ingresos de un hogar o su cónyuge) han pasado de ser un 16% en 1997, a un 29% en 2007.
Pero este aumento de la autonomía juvenil, que sigue sin alcanzar el nivel de generaciones anteriores, está vinculado al final de la crisis económica de principios de los ‘90 y a las reformas laborales de 1997 que redujeron la tasa de de desempleo y la temporalidad entre los jóvenes según el estudio, elaborado a partir sondeos realizados el CIS a miles de jóvenes en los últimos diez años mediante entrevistas personales y de datos de diferentes ediciones de la Encuesta de Población Activa.
“Imputamos el ascenso a esta situación coyuntural y a que las familias han adoptado nuevas estrategias para facilitar antes la emancipación de los jóvenes”, explica a SINC Roger Soler i Martí, uno de los autores del estudio.
Soler subraya que han crecido las situaciones intermedias de semi-dependencia. Más de la mitad de los jóvenes entre 21 y 29 años dependen económicamente de la familia o residen en el hogar familiar aún viviendo de sus propios ingresos.
A los 29 años, la edad estudiada con mayores tasas de emancipación, más del 40% de los jóvenes tiene una independencia total, más de la cuarta parte vive en casa de su familia, y un porcentaje similar depende económicamente, total o parcialmente, de su familia. Cerca de un 5% son dependientes residenciales y económicos.
La dependencia económica y la residencial tienen diferentes ritmos: “La emancipación residencial no se corresponde siempre con la económica, algunos jóvenes se marchan antes de casa pero siguen dependiendo económicamente de sus padres”, apunta Soler. Si desde los 26 ó 27 años desciende el número de dependientes residenciales, el porcentaje de dependientes económicos se mantiene o incluso crece e incluye a más de la cuarta parte de los jóvenes de esta edad.
Frente a otros países donde los jóvenes disponen de becas que proporcionan autonomía durante sus estudios (como los países escandinavos) o pueden acceder a créditos al estudio, en España, tanto Estado como mercado dejan a la familia la función de proveer de un cierto bienestar a los jóvenes, igual que ocurre en otros países del sur de Europa, afirma Soler. “En un momento vital caracterizado por ganar autonomía respecto a la familia, el abandono de los jóvenes por parte del Estado hace que se retrase su emancipación ya que siguen necesitando a la familia”.
La precariedad del mercado de trabajo no permite a los jóvenes obtener los ingresos suficientes, indica el investigador. Ellos sufren más el desempleo, la temporalidad de los contratos, la sobrecualificación y los bajos salarios y a diferencia de otros países, es infrecuente compatibilizar trabajo y estudios. Además, una “protección social deteriorada” delega responsabilidades en las familias (sólo un tercio de los jóvenes en paro cobra subsidio por desempleo).
La protección parental, que hace posible lo que el informe llama “transiciones precarias de emancipación en forma de situaciones de semi-dependencia”, ayuda a la emancipación pero desincentiva la toma de medidas en función de “responsabilidades políticas” que atajen las dificultades emancipatorias.
Más complicado aún es conseguir una vivienda, señala el informe. Frente a la flexibilidad del mercado laboral, el de la vivienda se caracteriza por su rigidez, una escasa oferta de alquileres cuyo coste se ha disparado, unos precios de compra que se han triplicado en una década, y un parque insuficiente de alojamientos de protección oficial, que deja a un amplio porcentaje de la población sin posibilidad de acceder a vivienda libre ni subvencionada.
Estos obstáculos tienen otros efectos entre los jóvenes y retrasan su entrada en la vida política y ciudadana, destaca Soler. El investigador conluye que la tendencia de los jóvenes a la “comodidad” de quedarse en casa y ahorrar no es una causa de la situación, sino “el fruto de la situación actual”.
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Referencia bibliográfica:
B. Jiménez Roger, A. martín Hernández, J. Navarrete Ruiz, P. Pinta Sierra, R. Soler i Martí, A. Tapia Raya, La emancipación precaria. Transiciones juveniles a la vida adulta en España a comienzos del siglo XXI, Centro de Investigaciones Sociológicas, septiembre de 2008.
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