El grupo de expertos de la Comisión Europea ha entregado al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, las conclusiones del informe que analiza la situación de la I+D+I española. La principal recomendación es “incrementar los recursos disponibles, si bien este aumento debe ir asociado a reformas estructurales”, como la planificación estratégica, la promoción del talento y las alternativas al modelo funcionarial en la investigación.
Al margen de ciertas “islas de excelencia” en la ciencia española, esta se encuentra “sujeta a rigideces institucionales que dificultan la circulación efectiva del conocimiento y de las personas”, según afirma el grupo de expertos de la Comisión Europea encargado de examinar el sistema de I+D+I.
El informe de revisión de la ciencia española, denominado European Research Area Committee (ERAC) peer review, constata, además, “la ausencia de un sistema efectivo de evaluación de las políticas de I+D+i, de las instituciones y de los niveles de calidad de la investigación; y la existencia solo parcial de un sistema para la toma de decisiones políticas o estratégicas”.
Entre las mejoras propuestas está la definición de una nueva carrera investigadora mediante un cambio “radical”, afrontar una reforma institucional, llevar a cabo un seguimiento “eficaz” y una evaluación por objetivos que contemple la calidad y el impacto de las actuaciones; conseguir un mayor nivel de coordinación entre los diferentes actores del sistema, incrementar el número de empresas que invierten en I+D+I, poner en marcha la Agencia para la Investigación y aumentar las sinergias de apoyo del sector privado y de la creación de empresas.
El informe reconoce los niveles de excelencia alcanzados en investigación, aunque apunta que la media es baja. En el ámbito empresarial, señala el reducido número de grandes empresas y de pymes con capacidades de I+D+I.
En cuanto a los mecanismos de coordinación de carácter regional, explica que son insuficientes, lo que da lugar a duplicidades y a una gobernanza dividida, sobre todo en el caso de las universidades.
Entre las diez recomendaciones del resumen del informe entregado hoy al ministro –el definitivo se dará a conocer próximamente–, el panel de expertos propone una mayor planificación estratégica que cuente con un amplio consenso político y que los recursos públicos alcancen el 0,7% del PIB en los próximos tres años (actualmente es del 0,61%) para impulsar el gasto empresarial en I+D.
En lo que respecta a los recursos humanos, alerta sobre la necesidad de cambiar la estructura y la gestión de la carrera investigadora de manera que se fomente la movilidad, se promocione el talento y el mérito y se busquen alternativas al modelo funcionarial.
"Se necesita una carrera investigadora alternativa al estándar vigente y ligado al modelo funcionarial", dice el informe. "Esto podría incluir un uso inmediato del contrato de acceso (tal y como establece la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 2011) como parte de una carrera profesional". También indica que existen ejemplos de países europeos "donde los investigadores permanecen técnicamente como miembros de la Administración (funcionarios), pero desarrollan su actividad en entornos más flexibles, que fomentan la movilidad y que reconocen y premian la excelencia".
Los expertos sugieren a los organismos públicos de investigación (OPI) y a las universidades que se sometan a un sistema de evaluación que asegure que los recursos públicos se asignan a los mejores centros, proyectos e investigadores. Recomiendan a las administraciones dotar a estas instituciones de una mayor autonomía y a abordar una reforma de los OPI.
En cuanto a la innovación, el informe considera que se debe potenciar la colaboración público-privada orientada a la innovación y establecer iniciativas en áreas estratégicas y competitivas que lideren las empresas.
Además, destaca la necesidad de incrementar el número de pequeñas y, sobre todo, medianas empresas que inviertan en I+D+I a través de nuevas medidas. Por último, invita a erigir una cultura innovadora y a incentivar las sinergias regionales en apoyo al sector privado y a la creación de empresas.
El peer review recomienda también la creación de una Agencia para la Investigación que implemente parte de las reformas propuestas y sugiere que se realice una evaluación y un seguimiento eficaz de las políticas de I+D+I y de los resultados.
Luke Georghiou (Chair). Vicepresidente de Investigación e Innovación, Universidad de Manchester, reino Unido.
Claire Nauwelaers. Experta indepiendente en política de ciencia, tecnología e innovación. Bélgica.
Åsa Lindholm Dahlstrand. Profesor de la Universidad de Lund, Suiza.
Arie Rip. Profesor de la Universidad de Twente, Holanda.
Ward Ziarko. Director, Oficina de Política Científica de Bélgica.
Peter Spyns. Coordinador de política internacional, Departamento Flamenco de Economía, Ciencia e Innovación. Bélgica.
Ain Heinaru. Profesor de Genética, Universidad de Tartu. Estonia.
Mark Asch. Experto científico. Directorado General de Investigación e Innovación, Ministerio de Educación Superior e Investigación, Francia.
Philippe Freyssinet. Director General adjunto, Agencia Nacional de Investigación, Francia.
Entre los diez finalistas de este año destaca en la primera posición el fármaco inyectable lenacapavir contra el VIH que “con un mecanismo novedoso muestra una notable capacidad para prevenir la infección”.
En su top ten anual, Nature destaca a este grupo de investigadores e investigadoras que han impulsado cambios importantes en sus campos. Sus avances incluyen el desarrollo de relojes atómicos ultraprecisos, la lucha para destapar los casos de fraude científico y la mejora de la equidad en la academia, entre otros.
