La normativa que se validará hoy trae consigo nuevas medidas para mejorar la carrera investigadora, retener y atraer talento y agilizar la transferencia del conocimiento científico.
El pleno del Congreso aprobará este jueves la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, que incluye nuevas medidas que pretenden optimizar la carrera investigadora, retener y atraer talento y agilizar la transferencia del conocimiento científico para que redunde en beneficio de la sociedad.
Durante los cuatro meses de tramitación en el Congreso, el proyecto ha incorporado algunos cambios en el texto que remitió el Gobierno; como los referidos a las labores de investigación en el ámbito hospitalario, que ponen el acento en la importante labor que se realiza en estos centros en los que, además de numerosos ensayos clínicos, se investigan muchos aspectos de la fisiología y la enfermedad.
La ley pretende que el conocimiento científico oriente las medidas que se deben implementar para afrontar algunos de los grandes desafíos, como el cambio climático, la transición ecológica y energética, la digitalización o el reto demográfico.
Las modificaciones que planteó el Gobierno ponen el acento en las carencias relativas a la carrera y el desarrollo profesional del personal investigador, en la necesidad de mejorar la transferencia de conocimiento y los resultados de la actividad investigadora, en reducir la carga burocrática de la investigación y en reforzar la colaboración entre el sector público y el privado.
Para lograr esos objetivos, la ley incluye una nueva modalidad de contrato indefinido para personal de investigación, técnico y de gestión, y el compromiso de una financiación pública creciente de la I+D+i hasta converger con Europa, para lo que se fija como objetivo una inversión pública del 1,25 % del PIB en el año 2030 (ahora está en el 0,58 %).
A pesar del amplio consenso político, varias sociedades científicas (la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer o la Fundación ECO para la Excelencia) han reclamado una revisión integral del texto o su retirada.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras ha criticado que la mayoría de las enmiendas que se habían presentado para mejorar las condiciones laborales del personal investigador se hayan rechazado, y ha convocado una concentración hoy frente al Congreso coincidiendo con la votación del proyecto en el pleno.
Las instituciones de la Unión Europea pactaron este viernes una norma pionera que permitirá o prohíbirá el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para las personas. Además, busca impulsar a la industria europea frente a gigantes como China y Estados Unidos.
Hacer más operativa la justicia y dotarla de nuevas herramientas para una adaptación climática más efectiva es uno de los objetivos principales del trabajo de Susana Borràs. Esta profesora de derecho ambiental estudia aspectos de esta emergencia, como la justicia climática, los derechos humanos ambientales y el de las personas que defienden el medio ambiente.
