Desde hace unos años se ha tomado creciente conciencia de que las emisiones contaminantes ocasionadas por actividades humanas, al difundirse por el territorio, no afectan de manera similar a las diferentes categorías sociales. A menudo se ha observado que la exposición a las mismas o sus efectos negativos (las denominadas externalidades espaciales) discriminan y penalizan especialmente a los grupos más desfavorecidos, lo que genera una “injusticia” de origen ambiental. La sólida reivindicación social ha ocasionado que en algunos países se hayan promulgando normas que obligan a medir el grado de equidad / inequidad ambiental que ciertos planes o actuaciones implican, lo cual está demandando estudios y métodos para dilucidar con rigor tal cuestión.
