La pandemia de la covid-19 ha amplificado las desigualdades que existían en el mundo y ha erosionado los derechos de grupos que ya figuraban entre los más marginados, como minorías étnicas, refugiados y mujeres, alerta Amnistía Internacional (AI) en su informe anual, publicado este miércoles.
La organización humanitaria, que ha analizado la situación en 149 países durante 2020, alerta de que numerosos gobiernos están instrumentalizando la crisis sanitaria para avanzar en sus propias agendas y han abandonado a los sectores más vulnerables de la población, declaró a Efe su secretaria general, Agnès Callamard. “Las medidas para responder al coronavirus han incrementado las desigualdades”, recalcó la responsable de AI.
“A la gente se le ha pedido que se quede en casa, pero ¿cómo te vas a quedar en casa si no tienes una? ¿Cómo te vas a quedar en casa si vives en un suburbio marginal? ¿Cómo te vas a quedar en casa si tienes que alimentar a tu familia y vives al día? No es posible, así que asumes el riesgo y sales fuera”, reflexionó Callamard.
El informe de Amnistía hace hincapié en el golpe económico que ha supuesto la pandemia para los trabajadores informales en todo el mundo y asegura que las ayudas económicas han sido exiguas y poco eficaces en numerosos países.
La ya precaria situación de millones de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo ha empeorado con la crisis sanitaria, que ha interrumpido suministros vitales, levantado nuevos controles fronterizos y dejado a muchos de ellos atrapados en centros de acogida.
Amnistía resalta la situación en Uganda, el país con el mayor número de personas refugiadas en África -1,4 millones-, que cerró inmediatamente sus fronteras al inicio de la pandemia y no hizo excepciones con los solicitantes de asilo que trataban de entrar al país, por lo que más de 10.000 personas quedaron bloqueadas en su frontera con la República Democrática del Congo.
“Los gobiernos han tendido a centrarse en sus propios ciudadanos y han desatendido a esas poblaciones que ya eran extremadamente vulnerables al no tener la nacionalidad de los países en los que viven”, indicó Callamard, quien subrayó que los campos de refugiados han sido “deplorablemente abandonados” a su suerte.
Amnistía Internacional constata un acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar durante la pandemia. Las mujeres, junto con las personas LGBTI, afrontan mayores obstáculos para recibir protección en caso de necesidad debido a las restricciones de movilidad para prevenir contagios, lo que les deja en una situación de especial vulnerabilidad.
Muchas víctimas quedaron aisladas en casa con sus maltratadores, sin canales para denunciar de manera anónima los abusos que estaban sufriendo ni mecanismos para recibir ayuda.
La secretaria general de Amnistía Internacional esgrime además que las mujeres están “sobrerepresentadas” en la economía informal, en el sector servicios y en las profesiones sanitarias, lo que ha agravado su exposición a los riesgos de la pandemia.
Muchas de esas mujeres con puestos laborales informales “lo han perdido todo” al no poder continuar con su trabajo, afirmó Callimard.
El informe de la organización humanitaria describe cómo numerosos líderes políticos han aprovechado la crisis para normalizar medidas autoritarias, demostrando un “desprecio absoluto por los derechos humanos”.
“Los gobiernos han usado la covid como un arma para suprimir la disidencia, la crítica y la libertad de expresión”, alerta Callamard.
En Europa, AI destaca las acciones del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que reformó el código penal para introducir penas de hasta cinco años de prisión por divulgar “información falsa” sobre la covid-19.
También describe cómo varios estados de Oriente Medio, como Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, han usado la crisis como pretexto para “seguir reprimiendo la libertad de expresión” con medidas como procesar a personas por difundir “noticias falsas” en relación a las respuestas de esos gobiernos frente a la pandemia.
Otros dirigentes han recurrido al uso excesivo de la fuerza, como en Filipinas, donde el presidente, Rodrigo Duterte, ordenó a la policía “disparar a matar” contra quienes protestaran o causaran “problemas” durante el confinamiento, detalla el informe de AI.
Amnistía critica asimismo la brutalidad de las fuerzas de seguridad en Nigeria frente a las manifestaciones y la represión del activismo en la sociedad civil por parte del primer ministro indio, Narendra Modi.
Añade que el Gobierno chino del presidente Xi Jinping no ha cesado en su persecución contra el pueblo uigur y otras minorías musulmanas, mientras que Hong Kong aprobó una “abusiva” ley de seguridad nacional para “legitimar la represión por motivos políticos”.
