En un artículo publicado en PLoS Biology, el investigador Herbert Nedleeman acusa a la norteamericana Agencia de Protección Medioambiental (EPA en sus siglas en inglés) de despedir a la experta en toxicología Deborah Rice por presiones de la industria química. El caso se remonta al pasado verano, cuando Rice, que trabajaba como experta en un panel que sobre el impacto en la salud de un químico resistente al fuego, ‘deca’, fue despedida fulminantemente después de que el Consejo Americano de Química (perteneciente a la industria química) se quejase de que no proporcionaba una visión científica objetiva porque se había manifestado contra la amenaza a la salud que representaba ‘deca’. Tras la queja, la EPA procedió al despido de Rice sin contrastar las acusaciones e incluso después de haberla premiado años antes con un prestigioso galardón científico por una investigación sobre la toxicidad del plomo.
Needleman argumenta que esta tendencia no es nueva ni única, pero el escándalo del despido del Rice ha servido al menos para que en marzo el Comité estadounidense de la Casa de Energía y Comercio lanzase una investigación sobre potenciales conflictos de interés en los paneles científicos que asesoran a la EPA sobre los efectos de las sustancias químicas tóxicas en la salud humana. El comité identificó ocho científicos que trabajaban como consultores o eran miembros de los paneles mientras recibían financiación de la industria química para investigar los químicos bajo examen. Dos de los científicos eran en realidad empleados de compañías que hacían o trabajaban con manufacturas de los químicos investigados.
