El reto del agua en Cataluña

Los políticos consideraron que esta modificación tarifaria no debe perjudicar a los sectores sociales más desfavorecidos, y que el gobierno de la Generalitat debe asumir sus costes a través de un contrato programa que ayude a reducir los déficits de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat y la Agencia Catalana del Agua.

El debate servía para reforzar la idea de que el precio del agua debe ajustarse a los costes que significa la progresiva aplicación de la directiva europea sobre agua, aunque todos coincidieron en que los aumentos de precios deben ser graduales para a no perjudicar a las familias más modestas. Todo ello coincide con un incremento de la tarifa del 2,3% en el área de Barcelona, aunque los técnicos habían propuesto un incremento más grande para afrontar el déficit tarifario. La deuda de Aigüest Ter Llobregat (ATLL) y la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha pasado de 956 millones (año 2003) a 1.945 millones (2009) y se ha disparado debido a las inversiones en obras hidráulicas, la emergencia por la sequía y la insuficiente financiación.

Hay que recordar que buena parte de esta financiación se basa en las tasas que pagan los consumidores a través del recibo del agua y, en una pequeña parte, por la aportación directa del Gobierno a través de los presupuestos. Sin embargo, este sistema no impide que siga creciendo la deuda acumulada.

Visión de los movimientos sociales

La jornada, moderada por el periodista Joaquim Elcacho, se inició con la intervención de tres representantes de entidades sociales que trabajan en la problemática del agua en Cataluña. Quim Pérez (Red por una Nueva Cultura del Agua) destacó la necesidad de que las cuencas hidrográficas españolas presenten sus planes hidrológicos, en cumplimiento de la directiva comunitaria de agua, destinada a recuperar la calidad de las masas de agua, y destacó que "ninguna cuenca ha presentado sus planes", aunque subrayó el trabajo realizado en Cataluña. Pérez también denunció que aún se sigue construyendo en zonas inundables, y citó el ejemplo de un parking en Martorell.

Manolo Tomás, de la Plataforma en Defensa del Ebro, criticó, por su parte, la nueva planificación en la cuenca del Ebro, "ya que sigue habiendo una tendencia creciente al aumento de regadíos". "En el Ebro, cada año hay menos agua y más regadíos", dijo. A continuación abordó los graves impactos que podrían ocasionar todas estas obras de captación de agua del Ebro sobre el Delta (reducciones de sedimentos, regresión costera, introducción de la cuña salina o pérdida de calidad del agua). Tomás denunció que la Administración central no está aplicando la normativa europea, pidió la democratización de la Confederación del Ebro ("hoy en manos de lobbys"), y reclamó que cuencas internas no se olviden de contar con las aguas subterráneas.

Francesc Camps, de la Plataforma del Ter, afirmó que más de 55% de los recursos del Ter llegan a Barcelona, lo que supone un trasvase que está teniendo grandes impactos ambientales sobre este río. El trasvase continuo de caudales del Ter al área de Barcelona está comportando una disminución del nivel freático de este río. Camps se mostró partidario de una progresiva reducción de este trasvase para garantizar los riegos históricos en el Baix Ter.

Propuestas de los grupos políticos

La segunda parte del debate, centrada en la posición de los representantes de los diferentes grupos políticos, se inició con la intervención de Koldo Blanco (Ciudadanos por Cataluña), que abogó por aplicar una gestión del agua "racional" que ponga el acento en la eficiencia, el ahorro y el uso responsable de este recurso. A continuación, Salvador Milà (ICV-EUiA) destacó que la Generalitat ya está aplicando la directiva marco de agua con la elaboración del plan de gestión del distrito fluvial de Cataluña, y confió en que esta nueva planificación se apruebe este año 2010. Milà destacó las ventajas que aportan las plantas de desalinización de agua de mar y ratificó la promesa del Departamento de Medio Ambiente de reducir el volumen de la actual transferencia de caudales del Ter en Barcelona.

Milà reclamó también que la Confederación Hidrográfica del Ebro fije un caudal ecológico para el tramo final de este río y se mostró partidario de que se llegue a un pacto entre los partidos para que la tarifa del agua sirva para recuperar de manera progresiva los costes que genera este servicio y que ha ocasionado una gran deuda a las administraciones (ATLL y ACA). Aún así se mostró partidario de que la Generalitat establezca y cumpla un contrato-programa para cubrir una parte importante de estos costes. Asimismo, se mostró a favor de que Cataluña se dote de una nueva ley del Agua, ajustada a la normativa europea, y que declare que el agua es un derecho humano y del ciudadano, lo que debería traducirse en una modificación tarifaria que tuviera en cuenta estos criterios.

Santi Rodríguez (PP) dijo que los problemas del agua en Cataluña no deben ser afrontados con soluciones únicas, sino que éstas son "múltiples", ya que de lo que se trata es de que "si falla una fuente no se ponga en riesgo todo el sistema". El dirigente popular subrayó algunos inconvenientes que, según él, todavía se dan con la desalinización (excesivo consumo energético o vertidos salinos al mar) y se mostró partidario de las interconexiones de redes para afrontar las posibles necesidades de transferencia de agua. Rodríguez se mostró a favor de que la tarifa vaya recuperando el coste de la gestión, "pero no aceptaremos que el ciudadano tenga que pagar las improvisaciones del gobierno", en lo que se refería a los "errores de gestión" que precedieron a la gestión del período de sequía.

Quim Sangrà (ERC) afirmó que es posible ahorrar agua, sin que ello vaya en detrimento de la calidad del servicio, y se pronunció a favor de la reutilización de caudales y del retorno del agua del Ter en Girona. Coincidió en la necesidad de llegar a un pacto para poder saldar los déficits de la Agencia Catalana del Agua.

Jordi Terrades (PSC) consideró que la planificación hidrológica debe atender todas las sensibilidades y que este es el objetivo de la nueva planificación de la Generalitat. Terrades explicó que no ve correcto que se afirme que "en Cataluña hay agua para todos", ya que la realidad administrativa supone un claro condicionante (la Confederación gestiona el agua del Ebro). También apostó por la interconexión de redes en alta y dio un rotundo "no" a la propuesta del trasvase del Ródano.

Finalmente, Ramon Espadaler (CiU) resaltó que la nueva política comunitaria comportará como grandes objetivos mantener la calidad del agua de los ríos, dar garantías de abastecimiento e internalizar los costes, lo que contrasta con la constatación de que la Generalitat no administra una parte de su territorio en materia de aguas. Espadaler subrayó que las cuencas internas tienen un déficit hidrológico, y que así lo asumieron otros partidos (PSC y PP) en el año 2000. CiU apoya la desalinización y la progresiva internalización de los costes, pero "sin que afecte a las rentas más bajas, y sin que tenga impactos en la competitividad económica".