Según una investigación de Civio sobre 43 países europeos, 24 de ellos impiden que las parejas de lesbianas accedan a las técnicas de reproducción asistida. Además, en 16 países, las mujeres solteras tienen prohibido acceder a la inseminación artificial y en 12, a la fecundación in vitro.
La discriminación contra las personas LGTBI persiste. Según una encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicada en 2020, un 37 % de las personas entrevistadas denuncia haber padecido discriminación en cuestiones de la vida diaria, como la vivienda, los estudios o el acceso a la salud. La situación es todavía peor para las personas trans (55 %) e intersex (59 %). Por desgracia, las banderas de la igualdad de trato y no discriminación por orientación sexual e identidad de género lucen hoy en Europa con demasiados agujeros por zurcir.
Podemos encontrar un ejemplo práctico de esta discriminación en relación con los derechos sexuales y reproductivos. Según una investigación elaborada por Civio, 24 países europeos impiden que las parejas de mujeres puedan acceder a las técnicas de reproducción asistida. Italia, Chipre, Eslovenia y Croacia prohíben que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan utilizar la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Las personas trans e intersex lo tienen incluso más difícil: muchas veces se ven obligadas a elegir entre el reconocimiento legal de su género o tener descendencia.
Para el colectivo LGTBI, tener hijos mediante reproducción asistida no resulta un camino fácil en Europa. Tampoco lo es para las mujeres solteras: en 16 de los 43 países europeos analizados por Civio tienen prohibido acceder a la inseminación artificial y en 12, a la fecundación in vitro. A raíz del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, merece la pena recordar que todavía hay miles de personas que no pueden utilizar técnicas seguras y eficaces por el simple hecho de ser quienes son o de contar con un determinado estatus personal.
La situación va cambiando poco a poco, aunque la desigualdad todavía perdure en muchas regiones europeas. Hace solo unos meses, Francia cambió la legislación para que todas las mujeres, con independencia de su orientación sexual o de su estado civil, pudieran acceder a la reproducción asistida.
En España, donde sí lo tenían permitido por ley, en algunas regiones las personas LGTBI y las mujeres solteras no podían utilizar los tratamientos costeados por la sanidad pública. Esto cambió a principios de noviembre, cuando se les dio acceso a la reproducción asistida través del sistema nacional de salud, aunque esa decisión llegó tres años más tarde de lo anunciado. Y todavía hoy, existen importantes diferencias por autonomías en función de la edad, el número de intentos financiados y otras barreras, como el copago del semen.
Los problemas de discriminación tienen consecuencias duras. A veces, las personas LGTBI se ven obligadas a mentir acerca de su identidad o de su orientación para esquivar las discriminaciones de la vida diaria.
En salud reproductiva, por ejemplo, muchas mujeres en Hungría ocultan su relación con otra mujer para poder acceder a la inseminación artificial o a la fecundación in vitro, técnicas que sí se permiten en el caso de las mujeres solteras. En otras ocasiones, se recurre a mantener relaciones con amigos o personas de confianza, pese a la falta de atracción, o a prácticas peligrosas, como la autoinseminación artificial, que entraña riesgos para las mujeres y los bebés.
Quienes pueden permitírselo, pagándolo de su bolsillo, viajan a otros países europeos para sortear las barreras de sus lugares de origen. España, República Checa, Dinamarca o Bélgica son algunos de los destinos preferidos del llamado turismo reproductivo. Solo en 2019, en España se realizaron más de 18.000 tratamientos de reproducción asistida a pacientes del extranjero, según datos del Registro de la Sociedad Española de Fertilidad. Estos ciclos, que se ofrecieron en la sanidad privada, se destinaron en buena parte a personas procedentes de Francia (39,7 %) y de Italia (21,7 %).
También hay personas que recurren al extranjero por otros motivos. En Reino Unido, por ejemplo, es habitual buscar donantes de esperma de otros países debido a las largas listas de espera. En otras ocasiones, la razón para cruzar la frontera es acceder a una atención sanitaria mejor o más económica. Pero la falta de una cobertura universal en salud reproductiva sigue siendo una importante brecha que divide Europa. Y ello pese a que instrumentos como la Carta Europea de Derechos Fundamentales o el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe la discriminación que todavía hoy expulsa a miles de personas de acceder a la reproducción asistida.
Ángela Bernardo es redactora en sanidad y políticas públicas en la Fundación Ciudadana Civio.
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