El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de digitalización y consulta en red de los fondos documentales de los archivos nacionales, que contempla una serie de medidas y actuaciones para difundir los fondos documentales y facilitar el acceso a los ciudadanos. Este Plan respaldará las actuaciones del Ministerio de Cultura, que desde 2004 ya ha invertido 6.261.897 euros en este ámbito, para asegurar la preservación de la riqueza patrimonial de los archivos y darla a conocer.
En líneas generales el Plan persigue satisfacer las demandas del acceso de los ciudadanos a los archivos estatales superando las barreras tradicionales (horarios, desplazamientos y dispersión de la información), potenciar un espacio europeo e internacional, contribuir activamente a la oferta de contenidos cualificados para el desarrollo de futuras industrias culturales y de contenidos en la Red, y preservar y custodiar los documentos originales.
Los cuatro ejes de intervención en torno a los que se estructurarán las medidas a adoptar son: normalización, preservación, difusión y mejora, y construcción de infraestructuras adecuadas. Se va a elaborar un Anteproyecto de ley para establecer las pautas y principios de normalización archivísticas, adecuados al entorno tecnológico de las organizaciones.
También se elaborará un Programa General de Digitalización para el aumento de las bases de datos digitales. En el año 2008 esta programada la digitalización de unos cuarenta millones de imágenes. Dado que los once archivos estatales del Ministerio de Cultura albergan 260 kilómetros de documentación, la digitalización completa supondría cuatro billones de imágenes.
También se desarrollará un Programa Intensivo de Descripción de las imágenes digitalizadas obtenidas en el programa anterior -en 2008 está previsto incrementar un millón de registros informatizándose inventarios, catálogos e índices-, así como otro de Ayudas a Proyectos Archivísticos, que viene dando cobertura a instituciones privadas sin ánimo de lucro, como los obispados, fundaciones y archivos privados.
La difusión del Portal de Archivos Españoles (PARES) e implantación de esta tecnología en los Archivos Iberoamericanos y otros españoles fuera del sistema estatal será otra de las medidas a adoptar. De este modo, se maximiza la contribución a la difusión web de los fondos archivísticos, permitiendo el acceso libre y gratuito de los mismos a todos los ciudadanos.
También se potenciará la presencia de España en el Programa ADAI (Ayudas al Desarrollo Archivístico Iberoamericano), creado por iniciativa de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y el desarrollo de Planes Especiales como los sitio Web siguientes: Conmemoración de la Independencia Iberoamericana, el Archivo Virtual de la Mediterraneidad, Centro Documental de la Memoria Histórica y Portal Europeo de Documentos y Archivos de la Unión Europea (Archivo Virtual Europeo), que permitan la difusión especializada de documentación.
En el apartado de infraestructuras el objetivo es disponer de una red de archivos modernizada y se centra en inversiones en los archivos históricos dependientes del Ministerio de Cultura. Algunas ya están finalizadas o en desarrollo, como en los archivos de Santander, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas y Ourense; otras en proyecto, como las de Zaragoza, Guadalajara, Girona, Huelva, León (ampliación) y Centro Documental de la Memoria Histórica; o en previsión, como las de Castellón, Burgos, Córdoba, A Coruña y Sevilla.
Para coordinar todas las actuaciones se va a crear el Centro de Difusión y Reproducción, dependiente de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Entre los galardonados de esta edición se encuentran investigadores que han abierto nuevas vías en el tratamiento de enfermedades, aplicado la visión artificial a campos como la cirugía robótica o los coches autónomos, y contribuido a abordar la crisis ambiental con estudios de referencia sobre el cambio climático y la extinción actual de especies.
Pedro Sánchez ha anunciado hoy la puesta en marcha de un nuevo ecosistema de asesoramiento científico que se encargará de conectar al gobierno con las universidades y centros de investigación para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Habrá además una convocatoria de dos millones de euros para la financiación de proyectos.
