Tras la primera jornada de debate en el Parlamento británico sobre el proyecto de ley que abogaba por su aprobación, Reino Unido se ha convertido hoy en el primer país que legaliza la creación de embriones híbridos para la investigación terapéutica. Aunque ahora será legal inyectar el núcleo de una célula humana en un cigoto animal, los embriones resultantes no podrán ser implantados en una mujer.
Ante el rechazo de la Cámara de los Comunes británica de las enmiendas del Partido Conservador (336 noes y 176 síes), Reino Unido se convierte en el primer país en el que será legal crear estos embriones híbridos entre humano y animal. Mañana los parlamentarios decidirán sobre otras cuestiones de esta ley, como la ampliación del periodo para interrumpir un embarazo.
La ley, que favorecerá la creación de embriones híbridos para la investigación y relajará los requisitos para la fecundación in vitro, entre otras cuestiones, ha creado una gran incertidumbre debido al voto libre de los diputados en algunas de las cuestiones discutidas.
Gracias a la decisión, Reino Unido se sitúa en la cumbre de la investigación con embriones, aunque ésta tiene todavía fuertes restricciones. Aunque ahora será legal inyectar el núcleo de una célula humana en un cigoto animal, los embriones resultantes no podrán ser implantados en una mujer y serán destruidos después de 14 días.
Los científicos, que apoyaban la ley frente a la oposición de los grupos religiosos, tienen como objetivo desarrollar tejidos y estudiar enfermedades específicas como el Alzheimer, Parkinson o la diabetes.
Otras cuestiones de la ley
El texto presentado por el partido del Primer Ministro Gordon Brown trata además varias cuestiones relacionadas con la reproducción. Así, la ley aspira a retirar la "exigencia de un padre" para que una mujer se pueda someter a un tratamiento de fertilidad, asunto que ha levantado numerosas quejas entre los conservadores.
En el debate de mañana se tratará también el tema del aborto, ya que los conservadores han pedido la modificación del texto para rebajar de 24 a 22 ó 20 semanas el periodo legal para interrumpir un embarazo.