¿Quién debería recibir primero la vacuna contra el coronavirus?

Uno de los mayores logros en salud pública será alcanzar una vacuna eficaz contra la covid-19. Sin embargo, se teme por su suministro, previsiblemente escaso. De hecho, las instituciones sanitarias, los líderes mundiales y las empresas farmacéuticas ya se enfrentan al reto de asignarlas de forma adecuada entre los países. Pero, ¿es posible hacer un reparto justo y equitativo en la práctica?

Expertos en salud pública de todo el mundo han propuesto un nuevo plan de tres fases para la distribución de la vacuna, llamado ‘Modelo de Prioridad Justa’, que tiene como objetivo reducir las muertes prematuras y otras consecuencias irreversibles de la enfermedad. Las conclusiones se publican esta semana en Science.

Por el momento no hay un marco de distribución único y global para las dosis, aunque existen dos propuestas principales. Por un lado, que los trabajadores de la salud y las poblaciones de alto riesgo, como los mayores de 65 años, deberían ser inmunizados primero; y por otro, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que los países reciban dosis proporcionales a sus poblaciones.

Ambas estrategias son gravemente defectuosas, según el estudio liderado por Ezekiel J. Emanuel, vicerrector de Iniciativas Globales y presidente de Ética Médica y Política de Salud de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania (EE UU). 

“La idea de distribuir las vacunas por población parece ser una estrategia equitativa, pero supone erróneamente que la igualdad requiere tratar de manera idéntica a países situados en diferentes lugares”, explica a Sinc Emanuel. “Este es el primer análisis ético sistemático de cómo distribuir los escasos recursos médicos entre los países. La ética siempre ha sido vista como una parte menor pero cada vez más importante”.

En su nuevo modelo, los autores señalan tres valores fundamentales que deben considerarse al distribuir una vacuna para la covid-19: beneficiar a las personas y limitar los daños, dar prioridad a los desfavorecidos, y procurar la misma preocupación moral a todos los individuos. Se trata de abordar estos valores centrándose en la mitigación de tres tipos de daños causados por el nuevo coronavirus: la muerte y el daño permanente a los órganos, las consecuencias indirectas para la salud –como la tensión y el estrés del sistema sanitario–, así como la crisis económica.

“No obstante, ahora mismo la prevención de muertes –especialmente las prematuras– es particularmente urgente”, insisten los autores. En fases futuras, proponen dos mediciones que capten la mejora económica general y cómo salir de la pobreza. “Nuestro modelo cambiará qué países reciben la vacuna y en qué orden. Primero debería ir a los lugares donde la vacuna puede reducir más muertes prematuras y luego aliviar la mayor devastación económica”, apunta Emanuel

Y tras ello, dar prioridad inicial a los países con tasas de transmisión más altas. “Todos los países deberían recibir suficientes vacunas para detener la transmisión, lo cual requiere que entre el 60 y el 70 % de la población sea inmune”, puntualiza.

Una distribución justa y equitativa

El plan de la OMS, por el contrario, comienza con el 3 % de la población de cada país recibiendo vacunas, y continúa con la asignación proporcional a la población hasta que cada país haya vacunado al 20 % de sus ciudadanos.

Si bien ese plan puede ser políticamente defendible, “trata de forma idéntica a países de distinta situación, en lugar de responder equitativamente a sus diferentes necesidades. Los países igualmente poblados se enfrentan a niveles dramáticamente diferentes de muerte y devastación económica por la pandemia”, indica el nuevo estudio.

Los autores también se oponen a un plan que daría prioridad a los países en función del número de trabajadores sanitarios de primera línea, la proporción de población mayor de 65 años y el número de personas con comorbilidades. 

“Inmunizar preferentemente a los trabajadores de la salud –que ya tienen acceso a equipos de protección personal y otros métodos avanzados de prevención de enfermedades infecciosas– probablemente no reduciría sustancialmente el daño en los países de mayores ingresos”, añaden.

Del mismo modo, centrarse en vacunar a los países con poblaciones de mayor edad no reduciría necesariamente la propagación del virus o minimizaría la muerte. Además, los países de ingresos bajos y medios tienen menos residentes de edad avanzada y trabajadores de la salud per cápita que los estados más enriquecidos. 

“Así se acabaría administrando muchas vacunas a los países ricos, lo que no es el objetivo de una distribución justa y equitativa”, afirma Emanuel. “Los responsables están buscando un marco para asegurar la vacunación global, de modo que podamos detener la propagación de este virus. Dependerá de los mandatarios políticos, la OMS y los fabricantes implementar nuestro modelo”, concluye.