A la hora de decidir asociarse con una u otra empresa para ofrecer un nuevo servicio, los gobiernos valoran muchas cuestiones para asegurar la prestación de un buen servicio y a la vez recuperar la inversión. Un equipo de investigadores europeos, dos de ellos de la Universidad de Valencia, trabaja en recomendaciones que facilitarán la elección.
En el sector del transporte suele intervenir un agente público y otro privado. Ambos suelen aportar financiación inicial, mientras que la explotación queda en manos privadas. Para regular los términos de la colaboración, como el reparto de ingresos, se constituye un partenariado público-privado y se firma un contrato. Dicho contrato estipula la cantidad que la concesionaria del servicio, ya sea de una infraestructura portuaria, un aeropuerto o una autopista, ha de transferir al agente público por su inversión en obra, o dragados.
Existen muchas formas de participación público-privada, cada país tiene sus reglas al respecto dependiendo del sector, y se regulan mediante contratos que pueden ser muy variados según quién invierte, quién explota y los porcentajes de participación. De cara a evaluar la eficiencia de estos partenariados y los procesos de licitación para conseguir el mejor socio privado, los investigadores europeos se han centrado hasta la fecha en la situación de su país. Ahora, sobre la base de los proyectos que cada uno desarrolla, se ha formado una red de cooperación para una puesta en común con el objetivo de conseguir un mayor impacto de los resultados.
La Universitat de València participa en esta red enmarcada en una Acción COST de la Comisión Europea que persigue desarrollar un enfoque normativo y sistemático del partenariado público-privado en el sector del transporte europeo. Las redes de cooperación llamadas “Acciones COST” reciben sus fondos del Programa Marco. En este caso, la Acción titulada “Public Private Partnerships in Transport: Trends and Theory” cuenta con un presupuesto de 84 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años.
Entre los más de 35 investigadores que están implicados, se encuentran Carmen Juan y Fernando Olmos, miembros del Instituto de Economía Internacional (IEI) y profesores en la Facultad de Economía de la UV, como expertos españoles en el Comité Internacional de Gestión del proyecto. Asimismo recientemente se ha incorporado a dicho Comité la Fundación Valenciaport en la figura de Eva Pérez, directora de I+D+i en el Área de Economía del Transporte.
Los países participantes son 18 países COST: Austria, Bélgica, Croacia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, y Gran Bretaña; y 3 países asociados: Australia, Hong Kong (China) y Estados Unidos.
La aportación valenciana
Existen grandes diferencias entre los países. Como recuerda Fernando Olmos, en Reino Unido, por ejemplo, se prioriza la privatización, tanto en la construcción como en la explotación. Con este sistema el bien (la infraestructura) queda en manos privadas. En otros países como el nuestro, en cambio, los puertos y las autopistas están en manos privadas mientras dure la concesión pero después revierten al Estado.
Según el investigador: “Lo que se pretende con este proyecto es poner en común la investigación ya realizada y las experiencias analizadas para hacer recomendaciones a las Administraciones sobre qué es más conveniente a la hora de abordar un contrato de estas características, no tanto desde el punto de vista de los beneficios estatales, sino de la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos”.
La UV aporta su experiencia en la evaluación económica de contratos para que haya un reparto equitativo de los beneficios del servicio, que dependerá de la inversión realizada inicialmente por cada socio en obra civil más los costes operativos. “Estudiamos el equilibrio financiero de la concesión en función de los riesgos que corre cada socio para garantizar: por un lado, que el sector público recupere la inversión; por otro, que el privado obtenga ganancias; y, que se oferte un servicio óptimo para los usuarios”, explica Olmos.
“Esto no es tan sencillo de calcular porque se estima el número de potenciales usuarios pero no se sabe la cifra con certeza y, por tanto, tampoco se conocen de antemano los ingresos. Por eso, se establecen cláusulas de compensación que garantizan a la concesionaria una cantidad mínima de ingresos. Esto se llama transferencia de riesgos y también lo estamos analizando desde la UV”.
Entre otras actuaciones de este proyecto, está prevista la realización de dos talleres anuales y una conferencia internacional final, estancias cortas de investigadores de la Acción en otras universidades para crear equipos internacionales de trabajo, una escuela de doctorado, un portal web así como publicaciones monográficas sobre el tema.
Un equipo de investigadores del Instituto INGENIO (CSIC-UPV) y la Universidad de Oslo han analizado un total de 103 regiones europeas y ha concluido que aunque en general la desigualdad parece disminuir al aumentar las habilidades digitales de la población, si se analiza por grupos concretos, esta disminución solo se da entre las clases media y alta.
El crecimiento económico suele considerarse una forma segura de aumentar el bienestar de las personas en los países menos desarrollados. Sin embargo, un estudio dirigido por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad McGill de Canadá sugiere que existen buenas razones para cuestionar esta suposición.
