La ciudadanía dedicaría el 22,5 % de los presupuestos al sistema sanitario, tal y como recoge el primer estudio que analiza las demandas sociales de los servicios públicos durante la pandemia por COVID-19 en España.
Los españoles aumentarían hasta el 22,5% el presupuesto público en sanidad, 7 puntos más que el vigente presupuesto consolidado del sector público, según el primer estudio preliminar que analiza las demandas sociales de los servicios públicos de salud, en plena pandemia de la COVID-19.
“Los resultados muestran la reacción de la población en el pico de la pandemia”, dice a SINC Pilar Sorribas, una de las tres autoras del artículo e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona de la Universidad de Barcelona (UB).
Su trabajo analiza los efectos de la crisis sanitaria sobre las preferencias sociales y la disposición de los ciudadanos a pagar para mejorar la sanidad pública. La segunda parte del informe evalúa las consecuencias de la pandemia sobre la salud mental.
Los investigadores también han observado cómo la preferencia por invertir en salud se ha multiplicado por dos (pasa del 25% al 58%). Sobre todo, entre aquellas personas que tienen familiares de edad avanzada –población de riesgo– y viven en regiones donde la curva de contagios es más empinada.
Los resultados, obtenidos en abril de este año, se han comparado con los del Barómetro Sanitario de 2018, que evalúa el sistema público de salud. La muestra está estratificada por género, edad, ocupación, nivel de estudios, ingresos y distintas regiones, entre otros.
El análisis se basa en una encuesta en línea a 1.097 españoles de todas las comunidades autónomas. Las respuestas se recogieron durante la tercera semana de confinamiento en tan solo 24 horas, entre las ruedas de prensa del Gobierno del 2 de abril y la del día siguiente. Entonces, el número de positivos por coronavirus superaba los 100.000 casos y en el mundo ya se había rebasado el umbral del millón de personas enfermas.
Otra de las cuestiones planteadas fue si los encuestados estarían dispuestos a pagar un nuevo impuesto para preparar el sistema sanitario de cara a nuevas crisis, como la que estamos viviendo ahora, y a qué lo destinarían.
Entre las tres opciones, los españoles prefirieron invertir primero en camas de unidad de cuidados intensivos (UCI), hasta 58 euros mensuales. “En el momento que hicimos la encuesta parecía que el acceso a la UCI era clave”, puntualiza Sorribas.
En segundo lugar, los ciudadanos decidieron invertir en la investigación de vacunas (35 euros al mes), seguido de la financiación de ensayos clínicos para encontrar tratamientos médicos (29 euros al mes).
“En la academia hay un debate sobre si se tendría que aprobar un impuesto sobre la riqueza, quizás transitorio, para financiar la mejora del sistema sanitario en situaciones como estas”, comenta Sorribas, que considera que es una discusión muy interesante que puede tener muchas implicaciones en términos de equidad.
Según los resultados, la cantidad que la gente estaría dispuesta a pagar aumentaba a medida que el individuo tenía una renta más alta.
El estudio también ha analizado la salud mental y el bienestar emocional de los ciudadanos, en plena pandemia. Las preguntas se diseñaron en base a las cuestiones de la Encuesta Nacional de Salud, en la que los ciudadanos valoran su propia salud, para poder comparar las respuestas con las de 2018.
Los resultados muestran un deterioro general de toda la población en cuatro cuestiones: si las preocupaciones les hacen perder el sueño, si se notan constantemente agobiados y en tensión, si son capaces de hacer frente adecuadamente a los problemas, y si se sienten poco felices o deprimidos, en las dos semanas anteriores a la encuesta.
El bienestar de todos los participantes es peor en plena pandemia, pero el impacto negativo es mayor entre las mujeres y las personas con menos estudios e ingresos menos estables. En cambio, funcionarios y pensionistas –con ingresos más estables– notaron menos los perjuicios sobre su salud.
Las mujeres dicen tener más problemas para dormir que los hombres con una diferencia de 5,3 puntos percentuales. Ellas también se sienten más agobiadas y en tensión (+7,8%), incapaces de hacer frente a los problemas (+5,5%) y se notan más infelices y deprimidas (+7,7%) que los hombres.
Respecto a las personas con un contrato permanente, los pensionistas y los funcionarios son los que empeoran menos su salud mental (entre 20,4 y 29,5 % menos para los pensionistas y entre 8,6 y 13,6 % menos para los funcionarios).
Los daños a la salud mental ya se habían analizado en otras crisis, como el SARS, el MERS y el ébola. Una revisión reciente sobre el impacto psicológico de la cuarentena, publicada en la revista The Lancet, recoge estrés postraumático, confusión e indignación. Y a medida que la cuarentena se alarga en el tiempo, miedo al contagio, frustración, desinterés y estigma, entre otros.
Los investigadores del Instituto de Economía de Barcelona de la UB ya están diseñando un segundo cuestionario para comprobar si las consecuencias de la pandemia en la salud mental continúan o no. Lo que todavía no han decidido es cuándo lo harán, por ahora solo saben que esperarán a que la pandemia se haya mitigado.
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En octubre de 2023 se recomendó por primera vez a nivel estatal en España la vacunación antigripal en población pediátrica. Un año después, una investigación liderada por investigadoras del Instituto de Salud Carlos III resalta su eficacia.
