Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación, ha participado hoy en la presentación del Informe “La I+D+i de las multinacionales en España como agentes del cambio de modelo económico” que estima que las multinacionales extranjeras ubicadas en nuestro país son responsables de más de un 26% de la inversión en I+D+i ejecutada por el sector empresarial, y del 30% de la inversión financiada.
Según el informe elaborado por la Fundación Innovación España, en colaboración con el IESE, las grandes multinacionales “necesitan un sistema nacional de I+D+i articulado y competitivo y un entorno que genere las condiciones adecuadas para mantener su apuesta en materia de I+D+i”.
En este sentido, Garmendia ha querido destacar que “este es uno de los objetivos del MICINN desde su creación” y ha señalado que el crecimiento de la inversión privada en I+D en España, con una tasa media del 12,8% anual entre 2004 y 2008, “es uno de los ratios más altos dentro del ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
La ministra ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno en los últimos cinco años que ha propiciado que los 59.000 millones de euros de inversión acumulada en I+D+i durante este período superen el gasto total acumulado en la década precedente, (52.000 millones entre 1994 y 2003).
“Gracias al esfuerzo inversor del Gobierno, el MICINN garantizará un sistema de I+D+i competitivo para estimular las inversiones en España”, ha señalado Garmendia.
Nueva Ley de la ciencia
Por otro lado, la ministra ha insistido en las prioridades del MICINN de “potenciar y consolidar” el liderazgo científico, así como el impulso de la transferencia de tecnología y conocimiento al sector productivo y la innovación empresarial.
“Para avanzar en estos objetivos, nuestro sistema de I+D+i necesita reformas estructurales y nuevos instrumentos como son la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Estrategia Estatal de Innovación”, afirma Garmendia.
Respecto a la nueva Ley de la Ciencia, cuyo borrador se hará público en las próximas semanas, la ministra ha señalado que permitirá disponer de un sistema autónomo de financiación y evaluación de la investigación que garantice la agilidad, la flexibilidad y la estabilidad y de las inversiones públicas en la materia.
Por otro lado, el texto reconocerá mediante un marco legal específico las singularidades de la carrera investigadora y amplía y complementa algunos de los planteamientos que en materia de transferencia tecnológica ya recoge en su articulado el anteproyecto de Ley de la Economía Sostenible. Una Ley que, según la ministra, “ha mejorado nuestro ya de por sí favorable marco fiscal para la I+D+i situándolo, junto con el francés, a la cabeza de la OCDE”.