El desarrollo de una carrera científica estable para los investigadores, nuevas fórmulas de financiación de la investigación, la difusión del conocimiento a la sociedad y una mayor cooperación entre los sistemas públicos y privados son algunos de los puntos que recoge el borrador del anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que hoy ha presentado la ministra Cristina Garmendia al Consejo de Ministros.
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha presentado hoy un informe al Consejo de Ministros sobre la situación en que se encuentra el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en fase final de redacción.
El último borrador recoge las aportaciones que durante los últimos meses han realizado los agentes sociales, las comunidades autónomas, representantes de los agentes del sistema científico y universitario, y expertos. A partir de las sugerencias incorporadas, la intención del Gobierno es que el anteproyecto de Ley alcance el mayor consenso posible.
El borrador se estructura en torno a diversos puntos clave, como el desarrollo de una carrera científica “socialmente reconocida”, estable, predecible, basada en los méritos de los investigadores. El objetivo es incrementar los recursos humanos dedicados a la investigación en España, no sólo en número, sino también en calidad, es decir, "mejorar las condiciones laborales de los investigadores".
En el ámbito de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) adscritos a la Administración General del Estado, el borrador de Ley define una carrera estructurada sobre un nuevo diseño de escalas científicas, con un régimen de selección, retributivo y de promoción homogéneo para todas estas instituciones y que fomente la movilidad entre ellas. También se prevé la movilidad entre los diversos agentes del sector público (sobre todo entre OPIs y universidades) y la empresa privada.
Además, la Ley creará el denominado 'contrato de investigadores distinguidos', al que se podrán acoger los agentes que deseen contratar investigadores de reconocido prestigio para dirigir proyectos científicos de gran relevancia.
La Ley definirá dos nuevos instrumentos de planificación: la Estrategia Estatal de Ciencia y Tecnología, y la Estrategia Estatal de Innovación, a lo que se suma la creación de un Consejo de Política Científica y Tecnológica como órgano de coordinación, que estará compuesto por los departamentos ministeriales con competencias en la materia y las comunidades autónomas.
El borrador de la Ley también establece una Comisión Consultiva de Política Científica y Tecnológica "como órgano de participación de los agentes sociales y la ciudadanía en los asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación".
La nueva Ley apostará también por la difusión universal del conocimiento, a través de la promoción de la publicación “en abierto” (open access) de las investigaciones financiadas con fondos públicos. Además, fomentará la cooperación científica al desarrollo y el fomento de la cultura científica y tecnológica "como actividades propias de los investigadores". La nueva norma también fomentará el mecenazgo y patrocionio en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
El avance hacia un modelo organizativo para la evaluación y la financiación de la ciencia también está contemplado en el documento. "Será un modelo similar al existente en los países más avanzados -una agencia-, que dotará de mayor autonomía, más flexibilidad y más agilidad a estas actividades y al mismo tiempo garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos", informan desde el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).
Entre los galardonados de esta edición se encuentran investigadores que han abierto nuevas vías en el tratamiento de enfermedades, aplicado la visión artificial a campos como la cirugía robótica o los coches autónomos, y contribuido a abordar la crisis ambiental con estudios de referencia sobre el cambio climático y la extinción actual de especies.
Pedro Sánchez ha anunciado hoy la puesta en marcha de un nuevo ecosistema de asesoramiento científico que se encargará de conectar al gobierno con las universidades y centros de investigación para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Habrá además una convocatoria de dos millones de euros para la financiación de proyectos.
