Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid han analizado la eficacia del sistema español para compensar a las víctimas de violencia sexual. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto europeo FAIRCOM.
Un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha llevado a cabo un estudio en el que se analiza si el sistema español es eficaz en la reparación económica de las víctimas de violencia sexual a través de los dos mecanismos destinados a tal fin.
Por un lado, el pago de las indemnizaciones establecidas en sentencias condenatorias y, por otro, las ayudas directas otorgadas por el Estado a las víctimas, y se apuntan soluciones para mejorar la situación. Los resultados de este análisis evidencian “la ineficacia del sistema procesal y, especialmente, la falta de interés por parte del Estado en la reparación a estas víctimas mediante las ayudas públicas”, señalan las autoras del trabajo publicado en la revista Teoría y Derecho .
Helena Soleto, catedrática de Derecho Procesal de la UC3M y una de las autoras, dice que “el sistema estatal de compensación a las víctimas es un absoluto desastre y que las víctimas de delito sexual reciben indemnizaciones muy pocas veces”. Estas ayudas, añade, suelen servir para pagar tratamientos terapéuticos para superar los traumas a las víctimas y se ha comprobado que normalmente no suelen superar los 800 euros por víctima, muchas veces menor de edad.
La víctima de violencia sexual normalmente es una mujer (en el 80 % de los casos). El resto suelen ser hombres, en este caso en su mayoría niños. Los delitos más graves en este contexto son el abuso, la agresión sexual (violación) y la trata de seres humanos con fines de prostitución.
“El Estado, en teoría, proporciona unas indemnizaciones a víctimas de delitos sexuales que están reguladas en una ley de 1995. En la práctica, hemos visto que más o menos la mitad de esas solicitudes provienen de niños y que el Estado rechaza darles una indemnización que, además, sólo puede ser usada para hacer terapia”, explica Soleto.
Este estudio realizado en España forma parte de FAIRCOM, un proyecto europeo que aglutina a seis socios de cinco países (España, Grecia, Italia, Letonia y Países Bajos), liderado por la UC3M.
El propósito principal de este proyecto es diseñar y promover un modelo eficiente y efectivo para una compensación justa y adecuada para las víctimas de delitos sexuales.
El consorcio se propone modificar el modelo deficitario actual de reparación a las víctimas de violencia sexual en cada país mediante el diagnóstico de obstáculos legales y organizativos que impiden a las víctimas reclamar y acceder a su derecho a la reparación efectiva. Además, trata de identificar y desarrollar buenas prácticas para superar estas barreras y permitir a las víctimas ejercer sus derechos de forma eficaz.
“No basta con que exista una norma que en teoría proteja, sino que lo haga en la práctica. En definitiva, queremos que exista un sistema de indemnizaciones justo para las víctimas de delito sexual”, concluye Soleto.
Referencia bibliográfica:
Soleto Muñoz et al. “La ineficacia del sistema de justicia español para reparar económicamente a las víctimas: un espacio para la justicia restaurativa”. Teoría y Derecho (2020).
Solo para medios:
Si eres periodista y quieres el contacto con los investigadores, regístrate en SINC como periodista.
Las instituciones de la Unión Europea pactaron este viernes una norma pionera que permitirá o prohíbirá el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para las personas. Además, busca impulsar a la industria europea frente a gigantes como China y Estados Unidos.
Hacer más operativa la justicia y dotarla de nuevas herramientas para una adaptación climática más efectiva es uno de los objetivos principales del trabajo de Susana Borràs. Esta profesora de derecho ambiental estudia aspectos de esta emergencia, como la justicia climática, los derechos humanos ambientales y el de las personas que defienden el medio ambiente.
