Más de 50 científicos europeos y estadounidenses se han reunido esta semana en Madrid para debatir sobre la integridad y la ética en investigación. Aunque se encuentra en las etapas iniciales, España ha participado a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en este encuentro que se presenta como la antesala de la II Conferencia Mundial sobre Integridad en la Investigación de Singapur prevista para 2010.
Una de las cuestiones que los investigadores españoles han resaltado es que la nueva Ley de la Ciencia que prepara el Ministerio de Ciencia e Innovación contemple un código de buenas prácticas y sanciones para los científicos que fabriquen, falsifiquen o plagien datos.
“Los comités de ética que se están creando en el CSIC van a proponer un código de buenas prácticas, pero también habrá sanciones de corte administrativo”, ha explicado Juan José de Damborenea, vicepresidente adjunto de Áreas Científico-Técnicas del CSIC.
La nueva ley deberá examinar sanciones en diferentes niveles para que la credibilidad del sistema de ciencia y tecnología se mantenga. Además de la comunidad científica y los centros de investigación, los organismos financiadores “van a estar a la larga implicados para tomar sanciones”, ha destacado Damborenea.
Según Pere Puigdomenech, investigador y miembro del comité de Bioética del CSIC, es necesario “definir un código de buenas prácticas en España basado en la experiencia de otros países, buscando lo mejor de cada uno, crear una comisión de conflictos que analice los casos de fraude, y analizar la gravedad de la información con mecanismos disciplinarios”.
Para la Fundación Europea de la Ciencia (ESF, por sus siglas en inglés), organizadora del encuentro que se clausuraba hoy en el Real Jardín Botánico de Madrid, es necesario “dar un énfasis en la autorregulación de la Comunidad Científica y de las instituciones”.
Los científicos, provenientes de diferentes instituciones europeas han coincidido en que es en la universidad donde se debe empezar a evitar la manipulación. ´”Hay que limpiar el sistema porque la confianza en lo que dicen los científicos es todavía extremadamente alta”, ha subrayado John Marks, director de Ciencia y Estrategia de la ESF.
Los resultados del encuentro van a permitir crear guías de conducta científica conjuntas que eviten el fraude. En Europa, 18 países, entre los que no se encuentra España, ya cuentan con códigos de buenas prácticas.
De Damborenea ha señalado que en España se debe “instar a los investigadores a que eviten que las personas que estén en formación traspasen la línea. No hay que tolerar la manipulación de un dato por pequeña que sea”. El “caso más típico” de fraude es la falsificación del currículo, la invención de un título universitario o de una publicación. “Ahora, una de las normas es que cuando un investigador dé un currículo, todas las hojas vengan firmadas por él”, ha apuntado Puigdomenech.
El sistema de peer review (revisión de pares) de las revistas científicas es “una herramienta importante para la integridad científica”, según Marks. No obstante, aunque es esencial y subraye algunos casos de fraude, “no puede detectarlos todos” y “no es suficiente para solucionar el problema “.
Sanciones a investigadores en Estados Unidos
En Estados Unidos, si un investigador comete un fraude se le suspenderá de fondos para la investigación en un periodo de hasta cinco años. “En investigación, cinco años sin fondos es un periodo de tiempo largo, es una sanción severa”, ha señalado Christine C. Boesz, inspectora general de la Fundación Nacional de la Ciencia americana.
En el país norteamericano existe la Fundación Nacional de la Ciencia para regular, estudiar y sancionar los casos de malas prácticas científicas desde 1989. Boesz ha añadido que una vez que “un investigador ha cometido el fraude o ha robado dinero de una institución, su nombre aparece en una lista de acceso público que le aparta de la escena científica entre uno y cinco años, dependiendo de la falta”.
Si la sanción es menor, una de las medidas que se aplican en Estados Unidos es que los científicos tomen cursos de ética. En el caso de que estos investigadores pidan fondos, deberán pasar por un proceso de certificación y tendrán supervisores en su universidad durante dos años.
En España también hay comités de ética
En julio de 2000, el Parque de la Investigación Biomédica de Barcelona ya editó el Código de Buenas Prácticas Científicas, un conjunto de recomendaciones y compromisos sobre la práctica de la actividad científica que favorece la calidad de la investigación y previene problemas de integridad en el comportamiento de los científicos. Esta publicación, cuya tercera edición se realizó en febrero de 2008, fue el primer precedente en España.
En España, se están estableciendo comités y normas que supervisen las malas prácticas de la comunidad científica. Uno de ellos es el Comité de Bioética del CSIC que se creó en 2007 y que se encarga de analizar, emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre asuntos con implicaciones éticas relevantes en biomedicina y Ciencias de la Salud.
En la Universidad de Granada (UGR) se ha creado recientemente la Plataforma contra el Plagio compuesta por profesores de Medicina, Derecho, Biología, Matemáticas, Económicas o Humanidades. La iniciativa tiene como objetivo atajar las malas prácticas de alumnos e investigadores al realizar trabajos de clase y artículos científicos.
La Plataforma, cuyos miembros ya han mantenido varias reuniones, quiere instaurar en la UGR medidas sancionadoras para aquellos profesores o alumnos que copien en su tarea investigadora. Entre estas sanciones están la exclusión temporal de la obtención de tramos de investigación u otro tipo de promociones profesionales, o la obtención de fondos públicos.
Entre los galardonados de esta edición se encuentran investigadores que han abierto nuevas vías en el tratamiento de enfermedades, aplicado la visión artificial a campos como la cirugía robótica o los coches autónomos, y contribuido a abordar la crisis ambiental con estudios de referencia sobre el cambio climático y la extinción actual de especies.
Pedro Sánchez ha anunciado hoy la puesta en marcha de un nuevo ecosistema de asesoramiento científico que se encargará de conectar al gobierno con las universidades y centros de investigación para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Habrá además una convocatoria de dos millones de euros para la financiación de proyectos.
