El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para poner en marcha en los próximos tres años instalaciones eólicas con una potencia de 6.000 MW y de instalaciones termosolares por otros 2.440 MW más. El Consejo también ha recibido hoy el último informe sobre sobre la situación de las energías renovables en España.
La nueva norma reafirma la apuesta gubernamental por las energías renovables y asegura el liderazgo de España en el campo de las energías limpias, en el que ocupa uno de los primeros puestos mundiales por potencia instalada en tecnología eólica, y se situará a partir de hoy, como consecuencia del acuerdo aprobado por el Gobierno, en el país líder mundial indiscutible en energía termosolar.
El Acuerdo, por el que se distribuye el orden de entrada en operación de todos los proyectos que han obtenido su correspondiente inscripción en el Registro de preasignación del régimen especial del Ministerio de Industria, elevará hasta los 3.300 MW de media de instalación anual de energías renovables en la presente legislatura, cifra significativamente más elevada en comparación con las medias de 1.511 MW de la legislatura 2000-2003, o los 2.295 MW de la legislatura 2004-2007
Al término del próximo año, España dispondrá de 20.155 MW eólicos y de 861 MW termosolares en funcionamiento, un 15% más del objetivo marcado en el Plan de Energías Renovables 2005-2010.
El nuevo acuerdo también establece un calendario para la puesta en marcha de más de 1.700 MW anuales eólicos hasta 2012 y de 500 MW anuales de instalaciones termosolares hasta 2013.
Calendario para asegurar el desarrollo sostenible del sector
El Gobierno entiende que la mejor manera de garantizar el desarrollo de las energías renovables, tan necesarias en un país con una fuerte dependencia exterior en materia energética como el nuestro, es garantizar que su progreso se haga de forma continua y ordenada, a través de una normativa que asegure su evolución de forma razonable y asumible.
Por eso, el Acuerdo establece la entrada ordenada en los próximos años de la potencia de las tecnologías eólica y solar termoeléctrica inscrita en el Registro de preasignación de régimen especial, creado por el Real Decreto Ley 6/2009.
En dicho Real Decreto Ley se contemplaba la posibilidad de establecer un calendario de puesta en marcha escalonada de la potencia inscrita para aquellas tecnologías que superasen el objetivo establecido por el Plan de Energías Renovables para 2010, a fin de preservar la estabilidad técnica y económica del sistema eléctrico. Éste ha sido el caso de la eólica y termoeléctrica, que tendrán un potencia prerregistrada por encima de los 6.000 y 2.300 MW, cuando para alcanzar los objetivos de potencia instalada a 2010 bastaba con 3.700 y 489 MW, respectivamente.
Por ello, se estable una hoja de ruta para la puesta en marcha de más de 1.700 MW anuales eólicos hasta 2012, lo que supone mantener el ritmo de instalación de los últimos años. De igual manera, se fija en 500 MW anuales las instalaciones termoeléctricas que se pondrán en marcha hasta 2013; es decir, se instalará cada año la misma cantidad que el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 preveía para el total acumulado en 2010.
Consecuencias positivas para el sector
El acuerdo aprobado hoy permite a los promotores de las instalaciones tener un horizonte previsible durante los tres próximos años, lo que les permitirá hacer sus programaciones empresariales con tiempo suficiente.
Además, introduce la certidumbre necesaria para los promotores y la industria asociada a estos importantes sectores de las energías renovables, a la vez que racionaliza el incremento anual del coste eléctrico que para los consumidores supone la puesta en marcha de estas instalaciones.
La entrada en funcionamiento de estas instalaciones supondrá el mantenimiento y desarrollo del tejido industrial renovable y de su empleo asociado, con importantes inversiones en energías renovables durante los próximos años.
España cumple así con el compromiso asumido ante la Unión Europea en materia de producción de energía de origen renovable para 2020, que se materializará en el próximo Plan de Energías Renovables 2011-2020, en curso de elaboración.
Informe sobre las renovables en España
El Consejo de Ministros también ha recibido un informe del Ministro de Industria, Turismo y Comercio sobre la situación de las energías renovables en España.
Las renovables aportan ventajas incuestionables para mejorar la dependencia energética de España y ahorro de importaciones, ya que son autóctonas y sustituyen energías fósiles que adquirimos a terceros países. Asimismo, son beneficiosas para el medio ambiente, no se agotan y permiten el desarrollo tecnológico industrial.
El caso más significativo de desarrollo industrial y tecnológico es la energía eólica: invierte unos 175 millones al año en I+D, exporta por valor de 2.500 millones anuales y presenta un saldo positivo en la balanza comercial y ha contribuido a la generación de empleo cualificado.
España es el tercer país del mundo por potencia instalada en energía eólica, tras Estados Unidos y Alemania; el cuarto, en energía fotovoltaica, y nuestras empresas son líderes mundiales en el sector.
Las renovables también presentan retos de cara al futuro, entre los que destaca la dificultad para integrarlas en el sistema eléctrico, ya que su carácter intermitente (no siempre pueden aportar energía) dificulta su gestión. Esta circunstancia ha hecho que España sea también un país líder en la integración y gestión de este tipo de energías y Red Eléctrica de España, empresa encargada de gestionar el sistema eléctrico, cuenta con un centro específico para el control de las energías renovables.
Entre los galardonados de esta edición se encuentran investigadores que han abierto nuevas vías en el tratamiento de enfermedades, aplicado la visión artificial a campos como la cirugía robótica o los coches autónomos, y contribuido a abordar la crisis ambiental con estudios de referencia sobre el cambio climático y la extinción actual de especies.
Pedro Sánchez ha anunciado hoy la puesta en marcha de un nuevo ecosistema de asesoramiento científico que se encargará de conectar al gobierno con las universidades y centros de investigación para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Habrá además una convocatoria de dos millones de euros para la financiación de proyectos.
