Con el objetivo de limitar el número de prostitutas que había durante el franquismo, las autoridades las detenían y recluían en centros especiales utilizando argumentos científicos que carecían de rigor. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid refleja cómo tres expertos en psicología y psiquiatría afines al régimen publicaron informes en los que las definían como “inferiores mentales” para justificar su internamiento.
La grave depresión económica vivida en España tras la Guerra Civil empujó a muchas mujeres a recurrir a la prostitución como único medio de subsistencia. “Eran mujeres completamente normales. Pobres, sencillamente”, explica Javier Bandrés, profesor de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En un estudio publicado en Universitas Psychologica, Bandrés y otros dos investigadores de la UCM han analizado de qué forma utilizó la dictadura trabajos sobre psicología de la prostitución para frenar el crecimiento descontrolado de esta actividad.
La República había abolido su práctica reglamentada en 1935, pero las autoridades franquistas anularon el decreto en 1941, por lo que el comercio sexual volvió a ser legal. Esta luz verde y la desesperada situación económica del país provocaron que la prostitución fuera mucho más allá de los prostíbulos, donde las mujeres eran controladas por la policía.
Calles, cines o pensiones también se utilizaban para esas prácticas. Su expansión fue unida a un aumento de las enfermedades de transmisión sexual lo que provocó que las autoridades detuvieran y recluyeran a muchas mujeres, de forma arbitraria, con el fin de limitar la actividad.
Para ello, la dictadura utilizó las cárceles convencionales (para prostitutas acusadas de algún delito), los reformatorios del Patronato de Protección a la Mujer (para adolescentes) y las Cárceles Especiales para Mujeres Caídas (para prostitutas adultas ‘problemáticas’).
Un decreto firmado por Francisco Franco en 1941, referido al Patronato de Protección a la Mujer, permitía que cualquier menor sospechosa de ejercer la prostitución pudiera ser internada en los reformatorios a propuesta de jueces, policías o incluso simples particulares.
En cuanto a las cárceles para ‘mujeres caídas’, otro decreto permitía a la policía recluir hasta dos años, sin proceso judicial, a las prostitutas que se consideraran molestas o problemáticas.
“Ambos textos compartían un hilo argumental esencial: las autoridades no se enfrentaban a un problema social o económico, sino de conducta moral desviada. El problema no era la prostitución sino la prostituta”, afirma Eva Zübieta, coautora del estudio.
Base científica sin rigor
Tres especialistas en psicología y psiquiatría justificaron y confirmaron este punto de vista con informes médicos: Antonio Vallejo Nágera y sus colaboradores, Eduardo Martínez Martínez y Francisco J. Echalecu y Canino. “La base científica servía como coartada para detener a estas mujeres, para justificar la necesidad de recluir y reeducar a algunas de ellas”, asegura Bandrés.
El rigor científico de todos estos trabajos era nulo, según el autor. “No hay análisis estadísticos ortodoxos ni ningún otro rastro de metodología respetable”, denuncia. “En la posición de absoluto control que tenían, no necesitaban justificar sólidamente nada”, añade.
Los tres expertos eran afines al régimen. En plena guerra, Vallejo Nágera –entonces jefe de los servicios psiquiátricos del ejército rebelde– publicó el libro Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza (1937), en el que se refería a las prostitutas en estos términos: “Más del 50% de las rameras son deficientes mentales, unas eréticas (irritables), otras apáticas, algunas sensitivas, casi todas amorales”.
Terminada la contienda, en 1942 Vallejo era catedrático de la Universidad de Madrid y miembro de los consejos nacionales de sanidad y educación. En el artículo Higiene mental en las grandes urbes (1942) afirmaba: “Impulsan a la prostitución causas endógenas (oligofrenia, psicopatía) o que radican en la constitución biopsíquica del sujeto; y causas ambientales o exógenas”.
La opinión del catedrático era fundamental para sentar la doctrina oficial sobre el fenómeno. “Las prisiones especiales para mujeres caídas eran la respuesta científica correcta al problema de la prostitución desde los puntos de vista psicológico y pedagógico”, señala Rafael Llavona, coautor del trabajo de la UCM.
“Inferiores mentales”
Uno de los colaboradores de Vallejo era Eduardo Martínez Martínez, director de la Clínica Psiquiátrica Penitenciaria de Mujeres de Madrid. Ocupando ese cargo escribió tres artículos sobre la prostitución, repitiendo las mismas ideas que su mentor. "Está claro que no es el ambiente sino la constitución biopsíquica de estas mujeres la que las empuja a la prostitución", afirmaba en uno de ellos.
En Biopsicología de la Prostitución (1945) Martínez se había propuesto estudiar la curva de vida de cien mujeres de la clínica. Una de sus conclusiones fue que “la anomalía mental, casi siempre de fondo psicopático, es el factor predisponente más importante de la prostitución”.
Por su parte, Francisco J. Echalecu y Canino, director de los servicios médicos del Patronato de Protección a la Mujer y neuropsiquiatra de la Dirección General de Seguridad, era otro de los especialistas que dio supuestos argumentos científicos al régimen para recluir a estas mujeres.
En una investigación realizada con cien prostitutas internadas en los reformatorios del patronato aseguró: “El nivel mental de estas muchachas, el 60% es inferior al normal, con 54% de débiles mentales; la personalidad psíquica es anormal; el 40% son psicopáticas; las vagabundas dan el 34%; en cambio las psicosis solo encontramos un 2%”.
En los textos de los tres especialistas se comprueba que a las prostitutas se las trataba como “inferiores mentales”, pero no como enfermas, matiza Bandrés. “Se las recluía arbitrariamente para mantener la prostitución dentro de ciertos límites, no porque se las considerara afectadas de ninguna enfermedad mental”, subraya.
Archivos desaparecidos
Según los autores, esta situación se prolongó durante todo el franquismo, hasta que se aprobó la Constitución de 1978. Recabar toda la información no ha sido una tarea sencilla ante la falta de documentos.
“Las actividades de estos individuos y otros parecidos en el Patronato de Protección a la Mujer son difíciles de investigar porque los archivos en su mayor parte han desaparecido”, se lamenta Bandrés. “Después de peregrinar por varios depósitos ministeriales nos dijeron que la mayor parte de la documentación desapareció ‘en una inundación’”, añade.
En opinión de los autores, el trabajo de Vallejo, Martínez y Echalecu puede entenderse como un ejemplo de la biopsicología puesta al servicio de un proyecto de biopolítca, en el marco de un estado totalitario.
Referencia bibliográfica:
Javier Bandrés, Eva Zübieta y Rafael Llavona. “Mujeres extraviadas: psicología y prostitución en la España de postguerra”, Universitas Psychologica 13 (5). DOI: 10.11144/Javeriana.upsy13-5.mepp.
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