El pasado miércoles, la Comisión Europea autorizó una compensación para los productores españoles de electricidad para cubrir los gastos que conlleva la producción de ciertos volúmenes de electricidad a partir de carbón autóctono. Tras esta autorización, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto del Carbón que garantiza el uso de carbón autóctono en la producción de electricidad y posibilita el cumplimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012.
La nueva legislación, que tiene un carácter transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014, garantiza el uso del carbón autóctono en los momentos de caída de la demanda de electricidad. Si en un momento dado no resultara necesario a la luz, la nueva ley podría ser dejada sin efecto antes de la fecha establecida.
Bruselas autorizó la resolución de restricciones por garantía de suministro que consiste en realizar sobre el programa diario del mercado eléctrico los cambios necesarios para cumplir los criterios de seguridad de suministro, con el menor impacto económico y medioambiental posible, y respetando las limitaciones que sea preciso establecer por seguridad del sistema.
Sin embargo, los ecologistas se muestran reacios a esta autorización “Esta decisión mina la credibilidad de los compromisos ambientales y energéticos de la Unión Europea. La contaminación se verá incrementada, los consumidores pagarán más, las inversiones en renovables se retrasarán y los otros proveedores de energía de España se verán en desventaja. La reputación de Europa como líder en energías limpias queda en entredicho”, ha señalado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España en respuesta a esta aprobación.
“Si la Unión Europea quiere recuperar su credibilidad, es imprescindible un compromiso firme para poner fin a este sistema dentro de cuatro años”, ha añadido Del Olmo.
Funcionamiento del procedimiento
Este mecanismo prevé la retirada de la producción de algunas centrales en determinadas circunstancias y su sustitución por otras centrales que utilizan carbón autóctono como combustible. Las unidades sustituidas serán siempre instalaciones térmicas emisoras de CO2 y para su relevo se seguirán criterios medioambientales, es decir, que se retirarán primero las que más CO2 emitan.
El límite legal máximo de utilización de carbón autóctono es del 15% de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad demandada por el mercado nacional al año. Según el Gobierno, el mecanismo propuesto cumple “íntegramente” con este requisito y las cantidades garantizadas en ningún caso superarán el 9% de la demanda total eléctrica, cifra que irá decreciendo.
El nuevo Real Decreto 134/20101 sustituye al que se aprobó el 12 de febrero de 2010 y cuya primera versión quedó suspendida a la espera de la autorización de Bruselas. Tras las modificaciones del Ministerio de Industria, la Comisión Europea lo ha aprobado.
Producción española de carbón
Los yacimientos de carbón representan la única reserva de origen fósil de España ampliamente disponible y tienen un gran valor estratégico para el país en términos de reducción de la dependencia energética del exterior. Sin embargo, la caída de la demanda eléctrica de los dos últimos años y la condición de isla energética de España dificultan e impiden la utilización del carbón autóctono, circunstancia que ponía en peligro real de cierre inmediato de las centrales de carbón y, por extensión, de las minas españolas.
Para garantizar el suministro de electricidad a los consumidores es necesario mantener abierta la opción de los combustibles de origen autóctono, y las centrales que utilizan carbón, al tratarse de una producción gestionable.
Entre los galardonados de esta edición se encuentran investigadores que han abierto nuevas vías en el tratamiento de enfermedades, aplicado la visión artificial a campos como la cirugía robótica o los coches autónomos, y contribuido a abordar la crisis ambiental con estudios de referencia sobre el cambio climático y la extinción actual de especies.
Pedro Sánchez ha anunciado hoy la puesta en marcha de un nuevo ecosistema de asesoramiento científico que se encargará de conectar al gobierno con las universidades y centros de investigación para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Habrá además una convocatoria de dos millones de euros para la financiación de proyectos.
