“Los jueces encontrarán menos fronteras en la UE para luchar contra el crimen organizado”

¿En qué trabaja la UE para ampliar la protección de los consumidores?

En regular acciones colectivas europeas. Es un gran avance para la protección de los derechos de los consumidores para hacer frente a multinacionales o litigar contra una persona o empresa abusadora en otro país, por ejemplo. En España recientemente hemos sido testigos del poder de una acción colectiva, se trata del litigio contra determinados bancos por la cláusula suelo que incluían en algunas hipotecas.Hasta ahora las acciones colectivas se han restringido al territorio nacional, lo que se pretende con la nueva legislación europea que se está gestando es ofrecer la posibilidad de integrar a otros ciudadanos europeos afectados por un abuso.

¿Cómo funcionará esa acción a nivel europeo?

En el marco de la red noruega de investigación NOS he analizado cómo se regulan las acciones colectivas por la UE y la posición de España en este nuevo marco legal comunitario. En breve enviaremos a los organismos públicos una obra colectiva con los resultados de todos los países estudiados para que lo tengan en consideración. La acción se iniciaría cuando las asociaciones de consumidores y usuarios tengan noticias de que un número relevante de ciudadanos europeos se ha visto afectado por un fraude, por ejemplo, una publicidad ilícita de una gran compañía telefónica. Una asociación española lideraría la demanda y lo comunicaría a sus homólogas en el resto de Europa para agregar a todas aquellas otras personas que también han sufrido el abuso. El objetivo es litigar conjuntamente para que se retire la campaña publicitaria, para que se resuelvan los contratos firmados y, finalmente, para que se indemnice a los afectados.

Otra de sus líneas de trabajo son los actos de investigación transnacionales, ¿en qué consisten?

Los actos de investigación en el proceso penal son, pongamos por caso, una entrada y registro de un piso o un pinchazo de las comunicaciones telefónicas que realiza el juez o la policía. En unos seis meses se aprobará una directiva –llamada Orden de Investigación Europea– por la cual un juez en Alemania va a poder pedir a un juez español que realice un pinchazo telefónico para su caso. Es decir, será un instrumento europeo por el cual hay un reconocimiento mutuo de las decisiones y la orden tendrá la misma eficacia como si proviniera de otro juez español. Se trata de una herramienta esencial para la lucha contra la criminalidad organizada transnacional como tráfico de mujeres, de órganos, droga o delitos por Internet donde la policía encuentra muchas fronteras para actuar, al contrario que el criminal. Será de difícil aplicación pero es una directiva muy necesaria.

Abordando ahora otro de sus ámbitos de investigación, la violencia de género, ¿qué aportará la Orden Europea de Protección de víctimas?

Se entiende con un caso real: una estudiante española se acaba de ir a Suecia de Erasmus pero se siente indefensa porque allí no sirve la orden de protección contra su maltratador. Con la trasposición de la Orden Europea de Protección a las legislaciones nacionales, esto ya no ocurrirá porque el documento tendrá validez en toda la UE y los jueces de aquel país tendrán que poner los medios para protegerla. En este momento lidero un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad sobre este instrumento. La Orden Europea de Protección, por otra parte, obligará a desarrollar una legislación en materia de violencia de género a todos aquellos Estados que aún no la tengan.

¿En qué situación se encuentra España con respecto a la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004?

España ha sido abanderada en el tema de la protección de la mujer que ha sufrido violencia por parte de su pareja. Muchos países han pedido que contemos cómo lo hemos conseguido; incluso el Reino Unido ha incorporado ciertos aspectos a su legislación. Nuestra ley se aprobó por unanimidad en el Parlamento –algo poco habitual–, declaraba por primera vez que la violencia de género era un asunto de la esfera pública, y puso una increíble cantidad de medios a disposición de los aplicadores de la ley. Lamentablemente, ha encontrado muchas reticencias en el camino, incluso por parte de algunos jueces que, de alguna forma, argumentan que la ley favorece demasiado a la mujer y que el género no debiera estar en el código penal, sin observar que lo que se ha introducido es el principio de igualdad. Además, en el momento actual se ha recortado en programas de prevención y los juzgados disponen de menos medios materiales y personales para atender estos problemas. A esto se suma la Ley de Tasas Judiciales que atenta contra el principio de igualdad.

¿Qué aspectos estudia de la violencia de género?

Como miembro del grupo MEDARB de la Universidad de Valencia, participo en el proyecto liderado por Silvia Barona sobre arbitraje y mediación Piezas esenciales en el modelo de Justicia en el siglo XXI donde analizo la mediación en el proceso penal en concreto en la violencia de género. La tutela judicial contra la violencia de género es mi línea de investigación más extensa.

¿Estudian los efectos de la actuación de los medios de comunicación ante noticias de violencia de género?

En el grupo investigador hay dos personas dedicadas a estudiar el papel de los medios de comunicación a la hora de sensibilizar y prevenir actos de violencia de género porque, si no se dan bien las noticias, pueden llevar a que se multipliquen los casos porque esas personas buscan protagonismo, respaldo social. Actualmente existen dos posturas opuestas, quienes están a favor y quienes están en contra de la regulación de los medios. Desde nuestro punto de vista creemos que se debería crear un protocolo de actuación para evitar crear alarma social, tratar el tema con rigor y no victimizar a la víctima. Como en el caso de los suicidios, hay que evitar crear un efecto llamada.