“Los ciudadanos demandan que internet influya en el poder”

¿Cuál es la conclusión fundamental del análisis en el área de ciberpolítica?

Principalmente, que los planes nacionales para el desarrollo de la sociedad de la información han conseguido que estemos en estos momentos a un nivel muy alto del uso de las tecnologías digitales por parte de la administración y los ciudadanos. Poco a poco se va convergiendo con la media europea.

Y en el caso del e-gobierno, ¿también hay una tendencia positiva?

La administración pública, cada vez más, y con tasas de representación muy altas, incorpora las tecnologías a todos sus procesos administrativos, con sus cosas buenas y malas, pero de forma exhaustiva. Parece que progresa adecuadamente. El problema es que en España tenemos una perspectiva del uso político de internet muy marcada por la política clásica. Es decir, un informante, un receptor. Ni los partidos políticos, ni el gobierno, ni la jefatura del Estado han entendido que la ciudadanía trabaja con las herramientas digitales de forma bidireccional y en red. Si hablamos de política en un sentido más horizontal, estamos todavía muy lejos de lo deseable.

¿Qué consecuencias negativas conlleva esta falta de horizontalidad?

Supone tener una idea de la política digital basada en servicio y seguridad. Esa es la perspectiva de la economía política liberal. En otras palabras, yo te proveo de servicios y protejo un poco el sistema para que no haya elementos negativos, como fraudes, pero no genero una herramienta de vinculación de los ciudadanos a la política, ni apoyo la gobernanza. Esto da una imagen de lo que es la política digital para las instituciones públicas españolas, un servicio, pero no una herramienta de empoderamiento. Está muy lejos de lo deseable, del espíritu original de lo que era la sociedad de la información y del desarrollo político de internet.

¿En qué otros países sí se hace un e-gobierno más bidireccional?

Estados Unidos y sus campañas electorales son un ejemplo paradigmático. Hay varios países en Europa donde se ha pensado la política digital de otra forma. Lo que ocurre es que, en realidad, las políticas de desarrollo de la sociedad de la información en el viejo continente vienen, en gran medida, diseñadas desde la Unión Europea. Y en la UE no se piensa en un ámbito de gobernanza digital; se piensa en servicios y seguridad. Por tanto, no es un problema exclusivo del gobierno de España.

En el contexto actual de terrorismo internacional, la seguridad va a imperar más todavía, ¿no es cierto?

Evidentemente. Los estados liberales piensan en que los ciudadanos tengan los suficientes servicios para cubrir sus necesidades y en ofrecerles la seguridad necesaria para que sientan respaldados por el Estado. En un contexto de crisis económica y de falta de seguridad internacional, por un problema del terrorismo extremista islámico, esto se agudiza aún más. Al mismo tiempo, se produce el proceso contrario: los ciudadanos, dado su alejamiento de las instituciones públicas, han entendido que internet es una estructura de oportunidad política.

¿De qué forma?

La ciudadanía está demandando que ese espacio se convierta en un espacio de influencia sobre el poder. De hecho, uno de los datos que aportamos en el estudio es que en torno a un 68% de la población española considera que internet es una herramienta para influir en el poder. Y además es transversal: hombres, mujeres, mayores, jóvenes, personas más formadas, personas menos formadas… Todos perciben la red como una estructura de oportunidad política, pero el diseño institucional no ofrece soluciones a esa demanda, con lo cual, hay una contradicción entre lo que la gente está demandando y lo que el sistema está ofreciendo.

En las elecciones generales que celebramos este domingo sigue sin utilizarse el voto electrónico. ¿Falta madurez en la herramienta o seguridad?

Es más bien falta de seguridad pero yo no tengo una gran preocupación por el voto electrónico. Es verdad que puede generar ciertas ventajas, por ejemplo, a una persona que tenga movilidad reducida le facilita mucho ejercer su derecho, o a quien viva en el extranjero, o a los ancianos. Pero la innovación democrática de este tipo de herramientas es muy escasa. Es importante porque flexibiliza y mejora el acceso, pero no es una innovación democrática. Me interesan mucho más los servicios que son innovaciones democráticas.

¿Y qué hay de las innovaciones democráticas que parten del sector privado?

Toda acción política la realizamos en un espacio público regulado por el Estado. En la calle, cuando protestas contra de la crisis, estás en un espacio que está públicamente regulado, con las garantías que te ofrece el poder público. Pero cuando utilizas Facebook para hacer ese tipo de cosas estás en un espacio público privado. Público porque todo el mundo puede entrar pero privado porque está gobernado por una empresa que obedece a los objetivos empresariales. Y esta es la paradoja del “dictador benévolo”, que nos permite hacer lo que queremos porque es “benévolo” pero en el fondo es un “dictador”: cuando quiera cambiar las reglas del juego puede hacerlo porque estamos en sus dominios. Es un problema grave porque estás cediendo tus derechos políticos a cambio de poder participar porque el Estado no te está dando ese servicio. La dejación de funciones del poder público lleva a los ciudadanos a participar en espacios que son público-privados.

Es un oligopolio de los gigantes tecnológicos, pero puedes entrar o no.

Y si entras, tienes que aceptar sus reglas del juego. Una característica que marca las reglas del juego democrático es que yo tengo derecho a discutirlas. Mis padres participaron en el diseño de la Constitución con su voto pero yo no puedo participar en el diseño de Facebook. Eso es una pérdida de capital político, de derechos del ciudadano. Y el problema va aún más allá porque, dado que el sistema político no lo ofrece, el mercado está ofreciendo herramientas especializadas en la política. Por ejemplo Appgree, una herramienta digital gratuita pero diseñada de forma privada que ofrece a los ciudadanos la posibilidad de hacer el equivalente a un referéndum. ¿Por qué tiene el sector privado que ofrecerme herramientas para hacer política si tendría que estar cubierto por el sistema público? Porque el sector privado ha visto que hay una demanda de ese servicio y la ha cubierto, mientras que el Estado ha dejado de hacerlo. No recuerdo en la historia de la humanidad, del ágora a Facebook, una pérdida de derechos políticos así.

¿Y cómo se puede combatir este problema?

Ya lo hicimos. El 15M creó R-1, una red social digital creada por el movimiento precisamente para evitar que la información y la organización de la estructura tecnológica fuera patrimonio de la empresa. Y eso lo puede hacer perfectamente el Estado.

¿Se podría hacer a nivel institucional algo así?

Sí, pero no lo quieren hacer. No es una prioridad. Si observas que tus ciudadanos están haciendo algo, no dejes que lo hagan en espacios privados. Apóyalo. Dales el lugar para hacerlo, las herramientas que necesitan. Pero no, están dejando que la gente lo siga haciendo, permitiendo a las empresas privadas ofrecer el servicio.

En este contexto otro problema serían también los ciberataques.

Los ciberataques son un problema, aunque a veces no tienen un sentido político detrás. El vandalismo está mal. Con Anonymous es muy curioso porque cuando ataca la web de una empresa, les llamamos “vándalos”, pero cuando públicamente dicen que van a atacar a Dáesh nos parece bien. El valor detrás de ambos ataques es el mismo, pero lo vemos de una forma negativa en un caso y positiva en otro.

Las administraciones públicas, ¿no ponen parches a los ciberataques, una vez que ocurren, en lugar de anticiparse?

En la sociedad de la información tanto la violencia como el conocimiento no están capitalizados por el Estado. Son horizontales y cuando tú horizontalizas tanto el conocimiento como el uso de la violencia, el Estado no puede más que sufrir. Son los costes asociados a la sociedad en la que vivimos. Costes positivos, ciertamente, porque hay que horizontalizar. Yo uso la metáfora del tren. La sociedad de la información se empezó a poner en marcha a finales del siglo pasado y fue un tren que poco a poco fue cogiendo cada vez más velocidad pero, en ese proceso, mucha gente se estaba quedando fuera del tren, primero con la brecha digital, después con la habilidad digital y por último, con las actitudes. Estamos todo el tiempo poniendo parches a un tren que no somos capaces de dirigir con la velocidad adecuada para que todo el mundo se vaya sumando paulatinamente y no vayamos dejando a gente fuera.

¿Y los estados no conducen este tren?

A mí me da la sensación de que es un tren que los estados no son capaces de dirigir porque hay tantos intereses, tantas instituciones, tantos poderes participando en el desarrollo de la sociedad de la información que los estados no pueden controlarlo. Es algo que va más allá de ellos. La desigualdad digital estaría representada por la gente que se queda fuera de ese tren.