Los investigadores del Centro de Estudios Andaluces Miguel Agudo Zamora y María Dolores Montero Caro abordan cómo y en qué medida se satisface el derecho a la vivienda en la legislación autonómica, partiendo del referente de las políticas estatales, para analizar especialmente el nuevo Plan Concertado Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012.
El Plan Concertado Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012 señala que “la vivienda es una de las preocupaciones sociales más importantes de los ciudadanos y ciudadanas andaluces”. En la última década la población andaluza ha pasado de 7,2 millones a más de 8 millones de habitantes, lo que ha supuesto un crecimiento del 10,2% de la población. Este hecho, sumado a que el acceso a la vivienda se ha venido produciendo con una mayor dificultad debida, fundamentalmente, al fuerte aumento del precio del suelo, ha provocado que algunos sectores de población como los jóvenes, los mayores de 65 años o las familias con características especiales (numerosas, monoparentales…), así como otros grupos en situación o riesgo de exclusión social se hayan visto desplazados del mercado libre.
La problemática de la vivienda, común a la sociedad contemporánea, insta a los poderes públicos a intervenir mediante la puesta en marcha de actuaciones destinadas a tutelar y garantizar este derecho fundamental en el marco del Estado social de Derecho, obligándose principalmente a proteger a grupos sociales que requieren especial atención. El presente estudio, publicado por el Centro de Estudios Andaluces, ofrece una revisión de la normativa estatal y autonómica que ha marcado el posicionamiento de los gobernantes ante las políticas de vivienda oficial.
El investigador Miguel Agudo Zamora aporta una retrospectiva en torno a la legislación que ha regulado la vivienda protegida a nivel nacional, desde la ya derogada Ley de 19 de abril de 1939 -por la que se establece un régimen de protección a la vivienda de renta reducida y se crea un Instituto Nacional de la Vivienda (INV)-, hasta nuestros días, deteniéndose en el análisis del Plan Estatal 2005-2008. Agudo Zamora aborda en su estudio la evolución del concepto de vivienda protegida a través de la numerosa legislación elaborada al efecto y concluye que “el Gobierno ha ido haciendo uso de sus competencias en materia de vivienda mediante el desarrollo de una política social intervencionista articulada en planes estatales para periodos concretos”, que han ido definiendo (y perfeccionando) los sistemas de fomento y de protección, así como su ámbito de aplicación temporal y territorial.
La contextualización del marco normativo estatal abre paso a la regulación andaluza en materia de vivienda de protección oficial. Desde la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que avanzó en los mecanismos de intervención pública en el mercado del suelo garantizando su disponibilidad para las políticas públicas de viviendas (Planes de Ordenación Urbanística) hasta llegar al actual Plan Concertado Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012, cuyas claves desarrolla la investigadora María Dolores Montero Caro.
Actuación estatal y autonómica
Ambos investigadores coinciden en subrayar, desde la perspectiva de los planes de vivienda protegida, que actualmente operan a nivel estatal y autonómico, respectivamente, el marcado carácter social del régimen jurídico que los sustenta, pues obedecen más bien a la protección de determinados colectivos que a la mera promoción de viviendas, reforzando así la acción pública y su función social. El caso concreto del nuevo Plan Concertado Andaluz de Vivienda y Suelo conduce, según Montero Caro, a una mejora en las condiciones de acceso a la vivienda protegida, especialmente para los jóvenes, “sin duda los más perjudicados por la situación del mercado inmobiliario”. En Andalucía se cifra en más de 820.000 las personas con edad comprendida entre los 18 y los 35 años y con empleo que desean emanciparse, pero cuyos ingresos económicos les dificulta o les imposibilita el acceso a la vivienda. El Plan andaluz establece una ayuda de 1.200 euros destinada a los jóvenes para hacer frente a los gastos inherentes a la adquisición de vivienda.
El derogado Plan 2003-2007 señalaba como destinatarios prioritarios de las medidas de protección en materia de vivienda a determinados colectivos que, al sufrir ciertas carencias económicas, personales, laborales o sociales presentaban importantes dificultades para acceder a una vivienda (familias con recursos limitados, menores de 35 y mayores de 65 años, familias numerosas y monoparentales, mujeres víctimas de la violencia de género, discapacitados y familias con riesgo de exclusión social. Aunque el abanico de protección era bastante amplio, el nuevo Plan para 2008-2012 protege a un número mayor de ciudadanos, identificando nuevos grupos merecedores de protección social en materia de vivienda como las víctimas del terrorismo, familias procedentes de rupturas familiares, familias en situación de dependencia y emigrantes retornados, superando incluso la cobertura que ofrece el Plan Estatal.
Otras líneas de actuación, consideradas prioritarias y que inciden en la línea de su orientación social, son la promoción de viviendas protegidas para venta o alquiler en el conjunto del mercado libre; las acciones previstas en materia de suelo edificable destinado preferentemente a promociones públicas de viviendas; el fomento del régimen de arrendamiento y el impulso de la rehabilitación del parque residencial existente. El objetivo de estas políticas es dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 47 de la Constitución Española y en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que instan a los poderes públicos a favorecer el ejercicio a una vivienda digna, de calidad y adecuada a la situación familiar, económica y social.
Vivienda y Defensor del Pueblo Andaluz
La problemática asociada a la vivienda y su tratamiento por el Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) en el marco de sus competencias es abordada en la última parte del estudio por la investigadora del Centro de Estudios Andaluces, Susana Mérida Díaz. En este capítulo se destaca la incidencia de determinadas problemáticas en los informes que anualmente remite al Parlamento andaluz y cuyas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta por los poderes públicos para el desarrollo de políticas sectoriales.
Merecen especial atención a criterio de la investigadora aquellas cuestiones relativas al procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública; a la concesión de subvenciones a título personal como medida de fomento de acceso a la vivienda; a las dilaciones en la entrega de viviendas de protección oficial; a la existencia de viviendas ocupadas ilegalmente o desocupadas sin causa legal justificada; al acondicionamiento de viviendas para personas discapacitadas y a las relacionadas con el fenómeno de la infravivienda y el chabolismo.
Con carácter general, de la lectura de los informes anuales y especiales del DPA que han enfrentado la problemática de la vivienda, la investigadora concluye que pese a los esfuerzos del sector público “existe mayor demanda que oferta, o mejor dicho, mayor demanda que oferta asequible a los recursos económicos individuales”. No obstante, vista la evolución de la política de vivienda en Andalucía, se reconoce una atención creciente y, en consecuencia, una actitud activa por parte de los poderes públicos para garantizar la tutela y cobertura de este derecho. En concreto, Mérida Díaz considera medidas “esenciales” las que actualmente se desarrollan a nivel autonómico en materia de promoción pública de viviendas; fomento de promociones privadas y del régimen de alquiler o aquellas encaminadas específicamente a dar cobertura a los colectivos más expuestos a la carencia o pérdida de vivienda.
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