Elena Beltrán, del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha realizado una nueva incursión en el tema de la tolerancia, tomando como eje esta vez la idea de respeto y las restricciones que desde posiciones liberales y críticas con el liberalismo se entienden adecuadas a la hora de participar en el discurso político de las instituciones.
La idea de partida del trabajo publicado por Elena Beltrán, del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la UAM, en Historia y Política es la tolerancia. Esta idea fundamental del pensamiento de la modernidad está en la base del liberalismo y de las construcciones teóricas y de sus reflejos institucionales, que articulan la convivencia de los sistemas constitucionalistas. El principio de tolerancia “trabaja en” y esta “vinculado a” la distinción público/ privado y tiene un doble efecto, protege contra la intervención del estado en cuestiones de fe y sitúa la religión en un terreno políticamente neutral, el terreno de la conciencia, que se supone ha de inhibir a las iglesias de la intervención en el campo político.
Desde hace unos años asistimos con una cierta perplejidad al auge de las religiones y a las reivindicaciones cada vez más combativas de sus adeptos. La ola de las propuestas multiculturalistas arrastró también a los grupos religiosos. Las críticas a la propuesta teórica liberal van unidas a la descalificación del sistema institucional de las democracias liberales por no ser capaz de asumir, desde el punto de vista de los representantes de los grupos identitarios de todo tipo, sus reivindicaciones legislativas o, si las legislaciones contradicen sus preceptos internos, las exenciones necesarias para preservar su integridad como grupos. Una de las paradojas de estos planteamientos consiste en utilizar como parte fundamental de sus argumentos descalificadores y reivindicativos el aparato conceptual del liberalismo, con la finalidad de ganar terreno, precisamente contra ese liberalismo
Los defensores de una idea de desprivatización de la religión, es decir de la reivindicación de la necesidad de argumentar con todo tipo de razones y también de creencias a la hora de defender políticas que pueden llevar aparejada la coacción para creyentes y no creyentes, sostienen que cualquier restricción a esta posibilidad no es más que una falta de respeto hacia los creyentes, y un trato asimétrico a los mismos.
Sin embargo, los detractores de estas posiciones sostienen que las justificaciones de las medidas coactivas han de ser aceptables, si no siempre convincentes, para ciudadanos con cualquier tipo de creencias cuando se tomen decisiones sobre leyes que van a obligar a todos. Por eso es también deseable que se incluyan el mayor número de razones y argumentos posibles en el debate público, mientras que cuando éste se convierte en debate político y pasa al plano de las instituciones, las restricciones a los argumentos que se pueden utilizar suponen un intento de evitar confrontaciones irresolubles, una defensa de la idea de reciprocidad y la finalidad de proteger a todas las personas.
Quedan muchas cuestiones abiertas, sobre los límites de la tolerancia, pero este trabajo es sólo una nueva aproximación a un tema y a un debate complejo que, sin ninguna duda, exige ulteriores aproximaciones.
Las instituciones de la Unión Europea pactaron este viernes una norma pionera que permitirá o prohíbirá el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para las personas. Además, busca impulsar a la industria europea frente a gigantes como China y Estados Unidos.
Hacer más operativa la justicia y dotarla de nuevas herramientas para una adaptación climática más efectiva es uno de los objetivos principales del trabajo de Susana Borràs. Esta profesora de derecho ambiental estudia aspectos de esta emergencia, como la justicia climática, los derechos humanos ambientales y el de las personas que defienden el medio ambiente.
