El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que pretende obtener “un adecuado conocimiento y evaluación” de los riesgos asociados a las inundaciones. El objetivo del texto legal es lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones.
El Real Decreto de evaluación y gestión de riesgos de inundación pretende reducir las consecuencias negativas que tiene estos fenómenos atmosféricos sobre la salud y la seguridad de las personas y los bienes, así como sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras del territorio afectado.
El texto establece una serie de obligaciones fundamentales como son la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y de riesgo, y los planes de gestión del riesgo de inundación. También apunta disposiciones complementarias de coordinación sectorial, participación pública y cooperación entre las distintas administraciones.
En este sentido, las disposiciones aprobadas serán de aplicación a las inundaciones por desbordamientos de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas o intermitentes, al igual que las inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición.
Disminución de los daños en las zonas limítrofes a los cauces
La nueva norma permite la introducción de nuevas herramientas de gestión y agilizará la implantación de los mecanismos de protección de los cauces y de las zonas inundables, lo que evitará o disminuirá los daños ambientales y sobre los bienes y personas que se protegen.
Asimismo, el conjunto de disposiciones introducidas en el texto permiten responder, de modo más eficaz, ante las fuertes presiones de ocupación que sufren las zonas limítrofes con los cauces, de manera que permitirá una disminución de los daños derivados de las inundaciones por avenidas.