Los niños y niñas con con discapacidades intelectuales, del desarrollo, cognitivas y psicosociales todavía se encuentran con dificultades a la hora de acceder a la Administración de Justicia en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio desarrollado en diez países europeos, incluida España.
El proyecto de investigación "Acceso a la justicia de los niños con discapacidad mental" fue diseñado para abordar una importante laguna en la investigación en este área con el objetivo de mejorar las políticas públicas a nivel nacional y europeo. En él han participado investigadores del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).
La expresión “niños con discapacidad mental” se emplea en el proyecto para referirse a niños y niñas con discapacidades intelectuales, del desarrollo, cognitivas y psicosociales. Partiendo de que este colectivo presenta un mayor riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos, los investigadores han analizado los problemas con los que se encuentran estos niños y niñas a la hora de recurrir al sistema de justicia.
“Hemos visto que hay una falta de datos preocupante en este contexto y que se encuentran con barreras especiales a la hora de poder acceder a la justicia en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos, debido entre otras razones a que existe una falta de formación de los profesionales para poder suplir estas barreras existentes”, indica uno de los autores y coordinador del estudio, Ignacio Campoy, del departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la UC3M.
“Los mismos patrones se repiten prácticamente en los diez países que hemos formado parte de este proyecto europeo”, señala otras de las autoras, Silvina Ribotta, profesora de Filosofía del Derecho de la UC3M. El proyecto de investigación, de carácter multidisciplinar (participaron académicos del ámbito de los derechos humanos y el trabajo social, junto a activistas e investigadores de ONG), se ha desarrollado durante dos años en Bulgaria, Eslovenia, España, Irlanda, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa, Reino Unido y Rumanía.
Algunas de las principales barreras identificadas fueron las propias actitudes de los miembros del poder judicial, los abogados y otros profesionales, como policías, trabajadores sociales y los directores de las instituciones de asistencia social. “Se observó que en muchos países las actitudes discriminatorias eran la norma general, lo que reflejaba prejuicios sobre los niños con discapacidad y su posibilidad de participar en los procedimientos legales”, indica otra firmante del estudio, Patricia Cuenca, del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.
Recomendaciones, indicadores y materiales didácticos
A raíz del proyecto europeo se han elaborado una serie de informes, guías y materiales en los que se recogen los principales resultados del estudio que se han puesto a disposición del público y que pueden consultarse (la mayoría de ellos en los idiomas de los diferentes países que participaron en el proyecto) a través de la página web del Mental Disability Advocacy Centre.
En este sentido, se presentan un conjunto de recomendaciones para que la situación de estos niños mejore de forma significativa en todas las esferas de la justicia civil, penal y administrativa, como, por ejemplo, introducir sistemas para recopilar y publicar datos desglosados por edad y tipo de discapacidad en el sistema judicial; crear herramientas para que niños y las niñas involucrados en procesos judiciales tengan garantizada una efectiva participación en ellos; o elaborar indicadores de resultado para evaluar el derecho de acceso a la justicia de los niños con discapacidad mental en los sistemas nacionales de justicia.
Asimismo se puede acceder a materiales didácticos y formativos dirigidos a los profesionales implicados en la Administración de Justicia que trabajan con niños con discapacidad mental, como es el caso de jueces, agentes de policía, trabajadores sociales, psicólogos, etc.
“Existe la necesidad de que los tribunales sean más abiertos, flexibles y con capacidad de respuesta para los niños y las niñas con discapacidad, así como para otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestras sociedades”, concluye el profesor Ignacio Campoy.
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